Según las denuncias de distintos defensores públicos curadores y organizaciones de personas con discapacidad, desde diciembre pasado se encuentran interrumpidas gran parte de las prestaciones de salud destinadas a beneficiarios de pensiones asistenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo de esto es la suspensión, por falta de pago, de los acompañamientos terapéuticos y las asistencias psiquiátricas y psicológicas que hasta ese momento brindaba el Centro Médico Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se explica? El Programa Incluir Salud –responsable de financiar la cobertura médica para los beneficiarios de pensiones asistenciales que no cuentan con coberturas privadas- simplemente dejó de pagarle al Centro.

“Contando sólo los casos del Centro Mayo, estamos hablando de 190 personas que no podrán atenderse más ahí porque se han cortado los pagos y contarán más con el acompañante terapéutico que tenían hasta el momento”, le explicó a Página12 Soledad Fernández Mele, titular de la Defensoría Pública Curaduría número 17. También por falta de pago no suspendieron los traslados de personas con discapacidad que necesitan vacante en centros de día, residencias asistidas, comunidades terapéuticas, residencias geriátricas.

“La Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Ciudad tienen enormes deudas con residencias geriátricas y de discapacidad que hacen que nuestros defendidos estén corriendo el riesgo de que los echen. Algunos ejemplos graves son el Centro Geriátrico Belgrano y la Fundación Basso. Esta última se especializa en discapacidad”, afirma Fernández Mele. 

“Al Hogar Mediterráneo, para personas con discapacidad, que debe estar entre los mejores del país, el Programa Incluir Salud les debe ocho meses. Por eso el hogar ya no recibe gente nueva. Hay personas con discapacidad que viven ahí hace 20 años y no han terminado en la calle en estos meses exclusivamente por buena voluntad de la gente que trabaja en el hogar”, dice María Adelina Navarro Lahitte, titular de la Defensoría Pública Curaduría número 18, quien afirma que desde hace casi seis meses se encuentran sin las prestaciones unos doscientas personas y que tampoco se están aprobando nuevas pensiones no contributivas.

También desde REDI (la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) han expresado su preocupación por la cantidad de “reclamos realizados por parte de personas con discapacidad por grandes demoras en el trámite de sus expedientes para el otorgamiento de pensiones no contributivas” en los últimos meses. “Estas pensiones son, en muchos casos, el único modo de satisfacer necesidades básicas o bien hacer frente a gastos producto de la discapacidad por los que el Estado no responde: movilidad, asistencia personal, tratamientos médicos, entre otros”, según relataron en un comunicado.

En las últimas semanas distintos defensores de la Ciudad, incluidas Navarro Lahitte y Fernández Mele, mantuvieron reuniones con integrantes de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo titular es Javier Ureta Sáenz Peña, y del ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ana María Bou Pérez, para expresarles sus reclamos. El resultado por el momento han sido “promesas pero ninguna respuesta”, dice Fernández Mele, quien también agrega que “nos dieron la razón en todo: asintieron con la cabeza y nos dijeron que les mandáramos un mail con los nombres de nuestros defendidos que se quedaron sin las prestaciones. Eso hicimos. Pero nunca más nos respondieron”, lamenta Navarro Lahitte. “Nos preocupa en espacial no sólo la falta de respuestas frente al abandono que han sufrido sin explicación nuestros defendidos, sino no saber cuánta gente se encuentra en esta situación: sin abogado, con una discapacidad que tal vez le impida hacer la denuncia y sin las más mínima protección del Estado, ya que hasta comunicarse por teléfono para reclamar con la Agencia Nacional de Discapacidad es casi una tarea imposible”.

Este recorte no es un hecho aislado, la interrupción de los pagos a los prestadores que empezó en diciembre de 2017 ocurre nueve meses después de que el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce Carolina Stanley, diera de baja las pensiones no contributivas de 170 personas. Escándalo mediante, Stanley anunció que la medida iba a ser revisada pero en los hechos muchos siguieron sin recibir las pensiones. En respuesta la Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad presentó un amparo y ganó en todas las instancias. El Gobierno, que había prometido retroceder con la medida, apeló en cada caso en el que se ordenaba restituir las pensiones. Sin embargo la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social falló a favor de restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.