El sector cinematográfico independiente volvió ayer a denunciar una embestida en su contra, con una movilización que se trasladó del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) hasta la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc). Allí, en una nueva reunión con las autoridades del Instituto, el consejo asesor exigió un mayor control en el presupuesto, luego del escándalo de corrupción que se desató por gastos millonarios en artículos de librería e imprenta. Dos resoluciones que pusieron en alerta a la comunidad audiovisual quedaron en suspenso –ligadas a subsidios y concursos–, ya que la reunión pasó a cuarto intermedio. Por otro lado, el gerente de Asuntos Internacionales del Incaa, Bernardo Bergeret, fue a trabajar, negando nuevamente su renuncia. Pero luego, una resolución oficial lo suspendió y dejó sin efecto su designación.

El viernes, fuentes oficiales confirmaron a este diario la renuncia de Bergeret y del encargado del área de Administración, Nicolás Yocca, presuntos responsables de una malversación de fondos por casi 7 millones de pesos en gastos de imprenta y librería que fueron fraccionados para evitar una licitación. Sin embargo, durante el fin de semana, Bergeret negó haber renunciado. Ayer al mediodía se dirigió a trabajar a la sede del Incaa de la avenida Belgrano, donde lo esperaban los móviles de los medios de comunicación. Otra vez, negó su renuncia y también que fueran suyas las firmas que aparecen en las facturas difundidas mediante la denuncia anónima que derivó en todo esto. 

Horas más tarde, el Incaa daba a conocer una nueva resolución. “(...) En virtud de la gravedad de los hechos investigados, corresponde dejar sin efecto la designación del agente Bernardo Ernesto Bergeret Balverde en el cargo de gerente de Asuntos Internacionales”, dice. Además, la medida lo suspende “preventivamente” y confirma la apertura de un sumario. La resolución apareció luego de que el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, expresara que el Gobierno quiere dar una “señal muy clara” de que en el organismo “no se roba más”.

Por otro lado, la Asamblea en Defensa del Cine Argentino se reunió por la mañana en Lima al 300. Había banderas del Colectivo de Cineastas, Documentalistas Argentinos (DOCA) y ATE, pero participaban, además, Realizadores Integrales de Cine Documental (RID), la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN), Directores Independientes de Cine (DIC) y Red Argentina de Documentalistas (RAD). “Yocca es Haiek”, “No a los despidos”, “Menos cine, menos miradas”, “Por un fomento sin restricciones” eran algunas de las consignas que aparecían en los carteles que transportaron hasta la Enerc, donde se realizaba la reunión del consejo asesor con las autoridades del Instituto. Los manifestantes aguardaban la palabra de Fernando Krichmar, de DOCA, representante de los realizadores en el Consejo. Debajo de la lluvia, caminaron cantando “si nos tocan los jurados qué kilombo se va a armar”, en referencia a una resolución del Incaa que establece criterios poco claros para la conformación de los comités de evaluación de proyectos, según denuncian. También gritaron que “el cine no se toca”.

“En los últimos seis meses estuvo frenada la producción. No nombran comités de evaluación de créditos. Más allá de la corrupción, todos los días ingresa al Incaa dinero que no se ejecuta. Hay una crisis tremenda, una política de vaciamiento, que está llevando al quiebre de productoras y de un esquema de producción”, indicó Virna Molina (DOCA). Los cineastas reclamaron, según se podía leer en un comunicado, un nuevo plan de fomento que privilegie al ámbito independiente y a artistas nuevos sin antecedentes. Rechazaron la lógica de puntajes y denunciaron la precarización laboral en el Incaa, así como también el maltrato a los trabajadores.

El consejo asesor pidió a las autoridades un cuarto intermedio para analizar dos resoluciones previstas por el Incaa en torno a anticipos de subsidios y convocatorias a concursos. Estuvieron presentes el presidente del Incaa, Ralph Haiek; la gerenta de Fomento, Viviana Dirolli, y la jefa de gabinete, Mariana dell Elce. “Nos dieron siete días para analizar las resoluciones. Son muy limitativas: exigen mayores antecedentes para la presentación y desfavorecen a las provincias”, explicó Krichmar a PáginaI12. Otro de los puntos cruciales de la reunión era el presupuesto. A través de su representante, los cineastas vienen llamando la atención sobre irregularidades. Una de ellas era, precisamente, el aumento del 72 por ciento en útiles de escritorio. De algún modo, se anticiparon al escándalo. “Pedimos que nos entreguen la ejecución del presupuesto de 2017 y lo que va de 2018, rubro por rubro, factura por factura. Es fundamental para que el Consejo empiece a auditar en qué están gastando la plata, porque una de sus funciones es aprobar o no el presupuesto. En febrero nos apuraron para aprobarlo, y fui el único que votó en contra”, relató Krichmar.

En el acta consta que otro de los ejes fue la resolución 768, que produjo descontento en el sector independiente al abrir el juego a “personalidades de la cultura” para integrar los comités de evaluación de proyectos, sin dar demasiadas presiciones. De este modo, podría perder atribuciones el consejo asesor en tanto que serían derivadas a la gerencia del Incaa. Además, puntualmente en el caso de los documentalistas, los comités están integrados por miembros de las asociaciones, hecho que la norma pone en peligro. “Dijeron que la idea era ordenar administrativamente; no poner un filtro ideológico”, contó Krichmar. Con todo esto, las autoridades “quieren quitar poder al consejo asesor, para ningunearlo”. “Pero la movilización advierte que todas las cosas tienen que ser consultadas”, concluyó el documentalista. Luego, también en la Enerc, se desarrolló la asamblea federal, con la presencia de secretarios y subsecretarios de Cultura de todo el país. Referentes del sector independiente de las provincias también alertan sobre “la desa- parición” del fomento.