“Más allá de los sentimientos privados, debe primar el bien común. En este caso, el bien común pasa por la salud pública. A eso se añade la necesidad de terminar con la hipocresía. Si no votamos esta ley, va a seguir habiendo abortos clandestinos”, dijo a última hora de ayer Felipe Solá, en lo que fue una definición inesperada de uno de los diputados cuyo voto sobre la legalización del aborto era una intriga. El anuncio, que Solá comunicó desde su cuenta de Twitter, sobrevino luego de una jornada agitadísima en Diputados, que concluyó con una única certeza: el dictamen del proyecto de consenso para legalizar el aborto deberá esperar un poco más y el tratamiento en el recinto, el 13 de junio, será sobre tablas, como anunció el presidente del plenario, Daniel Lipovetzky. Sorpresivamente también, durante el plenario, la diputada Carla Carrizo dijo, al reprochar falacias y argumentos dogmáticos a los antiderechos: “Esta ley sale en el Senado. ¿Y no va a salir en Diputados?”.

Ayer, luego de una noche larga y una mañana intensa, que transcurrió mientras otro grupo de legisladores oficialistas ultimaban detalles para la foto de funcionarios y legisladores de Cambiemos favorables a la legalización, otro grupo de diputadas y diputados se dedicaba a la fina tarea de redactar un texto capaz de atraer votos de indecisos. El encuentro de las cuatro comisiones que estudian los proyectos (Legislación General, Legislación Penal, Salud y Mujer), el primero en el que diputadas y diputados intercambiaron opiniones luego de más de mil horas de horas audiencias informativas con especialistas, fue tenso. Por momentos, las intervenciones se volvieron casi personales (más de una diputada favorable a la legalización debió pedir que sus pares opuestos las escuchen), y hasta hubo espacio para que alguna representante de los sectores antiderechos, Karina Molina, argumentara muñequito de feto en mano (“este es un bebé. Un bebito”). En medio de la tarde, además, de manera sorpresiva los dos presidentes de comisión que encabezan a los legisladores oficiales favorables y opuestos a la legalización, Lipovetzky y Carmen Polledo, se esfumaron al unísono; rato largo después regresaron también juntos; luego trascendió que habían acudido a una reunión con el Presidente, que habría pedido calma en el debate dentro del bloque gobernante.

“Llegó el día que muchas de nosotras estábamos esperando”, dijo al comenzar la reunión la diputada Victoria Donda, una de las cuatro primeras firmantes del proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto (Brenda Austin, Mónica Macha y Romina del Plá las otras tres, a quienes también mencionó, al recordar que presenciaron todas las audiencias informativas), que dio un discurso encendido en el que reclamó compromiso a los opositores. “Nuestro planteo es claro y se refleja en el proyecto. Queremos educación sexual para decidir y está en nuestro proyecto; anticonceptivos para no abortar y está en nuestro proyecto; aborto legal para no morir, y está en nuestro proyecto. Queremos el mismo respeto del otro lado. Si defienden ‘las dos vidas’, presenten un proyecto derogando el artículo 86 del Código Penal (N. de R: que establece las causales actualmente vigentes) y vayamos para atrás cien años en nuestra legislación”. Donda explicó, además, que quienes propician la legalización no presentarían una propuesta de dictamen en la reunión, porque de momento había un borrador, que quizá podrían llegar a compartir en la reunión siguiente, citada para mañana a la mañana. A su turno, sin embargo, la diputada antiderechos Ivana Bianchi objetó que “como miembro de la comisión no sé de qué dicen que estamos hablando” (Lipovetzky le recordó que solo había un borrador, que “seguramente tiene como base puntos en común” de proyectos ya presentados). Bianchi, por lo demás, se interesó por saber si “el misoprostol, ¿se va a conseguir puro en Argentina?”, puesto que su formulación actual, dijo, contiene diclofenac, que a muchas personas, como ella misma, puede desencadenarle reacciones alérgicas. Inquirió, también, por “las discriminaciones manifiestas hacia bebés con discapacidad” (luego, la diputada Karina Banfi leyó una nueva redacción del proyecto, que prevé la interrupción del embarazo si se “diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto”) y dijo estar preocupada por si “va a haber límites para abortar o no va a haber límites. No se pone límite en la cantidad de abortos químicos y quirúrgicos”.

Los antiderechos sostuvieron nuevamente que la legalización del aborto es inconstitucional y los firmantes del proyecto volvieron a detallar por qué no lo es. Insistieron, también, en argumentos acerca de la “responsabilidad” de las mujeres ante un embarazo no deseado (en casos de violación, dijo la diputada Cornelia Schmidt-Liermann, el aborto es no punible “porque no hubo libertad”, pero “en los demás casos, cuando no hubo abuso hubo libertad. Y uno en una sociedad cuando trabaja necesita responsabilizarse por esa libertad”). 

Durante el debate, quizá el momento que más claramente haya cristalizado las cargas argumentativas de uno y otro sector haya sido la intervención de Carolina Moisés, quien recordó que una oradora invitada por los antiderechos, tras maldecir en el atril, la maldijo a ella misma y a su hija.