Una muy baja proporción de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo se han visto beneficiados con el programa de devolución de IVA que el gobierno puso en marcha en abril de 2016. Según un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Abdala, de los cerca de 3 millones de jubilados que cobran el haber mínimo poco más de 600 mil se beneficiaron de esta iniciativa hasta febrero de 2018, representando una cobertura efectiva cercana al 20 por ciento. En el caso de los titulares de una pensión por fallecimiento y de beneficiarios de la AUH, la cobertura es más baja aún, ubicándose en el 6 por ciento y prácticamente sin cambios durante todo el período analizado. A su vez, el monto del beneficio nunca fue actualizado.

De acuerdo con la información oficial, se esperaba que 8,4 millones de personas perciban el beneficio, el cual contó con una primera etapa (agosto a septiembre de 2016) en la que se iban a acreditar sumas fijas por las primeras compras para estimular el pago con tarjeta de débito (150 pesos en agosto, 75 pesos en septiembre y 50 pesos en octubre). Luego de esta etapa la devolución pasaba a estar definida por el límite del 15 por ciento de las compras y hasta 300 pesos mensuales, y se previó su actualización dos veces por año, de acuerdo con la variación de la canasta básica.

En el caso de jubilados y pensionados se destaca que pasaron de un monto promedio de 226 y 209 pesos en julio de 2016 a valores de 160 y 158 pesos en febrero de 2018. De esta manera, el nivel de la devolución se redujo incluso en términos nominales. En el caso de la AUH, la devolución pasó de 35 pesos en julio de 2016 a 73 pesos, con un máximo de 130 pesos en agosto de 2017.

Por otro lado, si se considera estas devoluciones en términos reales, a valores de febrero de 2018, se observa que en el caso de los jubilados que cobran la mínima el monto devuelto cayó casi un 50 por ciento, mientras que para los pensionados la caída fue de 46 por ciento. En estos casos es importante destacar que los valores de los primeros meses fueron sumas fijas definidas por el gobierno, que se vieron reducidas producto de la baja utilización del débito como medio de pago, y de la ausencia de políticas complementarias que faciliten y difundan su uso. Por su parte, entre los beneficiarios de la AUH se observa un incremento real en la devolución de un 52 por ciento, aunque por montos que son significativamente menores a los de los otros grupos poblacionales.

El artículo 2 de la ley 27.253 dice que “hasta tanto el Indec no publique la canasta básica de alimentos, el monto máximo […] será de 300 pesos por mes y por beneficiario”. Hace más de un año que se publica la canasta básica de alimentos, pero aún no se produjo ninguna actualización del monto máximo.

En marzo de 2018 se difundió que se iba a dar un incremento en este límite para llevarlo a 400 pesos, pero a junio no hubo anuncio alguno en ese sentido. “Es probable que el gobierno haya desistido de dar ese aumento para no dificultar el logro de sus metas fiscales”, destaca el informe. De esta manera, se incumple lo establecido en la normativa vigente que sostiene que “deberá ser modificado por el Poder Ejecutivo nacional, en función a la variación de la canasta básica de alimentos, en los meses de julio y enero de cada año, a partir del mes de enero de 2017”.