La ONU advirtió al Gobierno por la violencia contra niños y adolescentes
Contra los abusos policiales y su justificación

El Comité de la ONU Sobre los Derechos del Niño (CRS por sus siglas en inglés) exhortó al gobierno nacional a no bajar la edad de imputabilidad y le transmitió su “profunda preocupación” por el “uso desproporcionado de la fuerza contra niños y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad”.  A través de un documento oficial, el organismo no solo cuestionó los abusos policiales sino que también condenó “la justificación de tales medidas” hechas por los funcionarios nacionales.

El máximo organismo de la ONU en defensa de la infancia llamó la atención, también, sobre “los altos índices de impunidad y el bajo número de procesamientos y condena de los autores de la violencia”, es decir a miembros de las fuerzas federales y provinciales que golpearon o dispararon contra niños. Además, puso especial atención en que ese “uso desproporcionado de la fuerza” tuviera como destinatarios a chicos "socialmente marginados", es decir en situación de pobreza.

El pronunciamiento de la ONU fue hecho sobre la base de las denuncias presentadas por organizaciones sociales y de derechos humanos, contrastadas con la explicaciones que una comitiva de funcionarios de Cambiemos brindó el 14 y 15 de mayo en Ginebra, cuando se expuso el caso argentino en la sede que la CRS. El resultado fue un mensaje crítico en el que el organismo reconoce “los esfuerzos” de la política de infancia de Cambiemos pero le cuestiona que “el nivel de inversión en los niños por el Estado no ha sido lo suficientemente alta”. Y no solo eso, cuestiona también a los funcionarios por “la justificación” que hacen la violencia policial desatada en la Doctrina Chocobar.

“El Comité tomó todo lo que denunciamos”, destacó Nora Pulido, referente del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que viajó hasta Suiza. En diálogo con este diario, la especialista señaló que “lo que elusivamente hace la ONU es decirle a las altas autoridades que no pueden avalar públicamente las prácticas inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos”.

Uno de los hechos que se presentaron como “caso testigo” de la combinación de violencia institucional, impunidad y pobreza fue el de Facundo Ferreira, el niño de 12 años muerto de un balazo en la nuca disparado por dos agentes de la Policía de Tucumán que comenzaron a perseguir su moto por considerarla “sospechosa”. Sin embargo, pasaron tres meses de ese hecho y los agentes Nicolás Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz aún no fueron citados a declarar.

Lo que recomendó la ONU fue “que se invierta más en niñez para compensar la crisis social y que se utilice menos la fuerza”, destacó a Página/12 Ana Laura Lobo Stegmayer, directora ejecutiva de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), que patrocina a la familia Ferreira. En síntesis, agregó, “lo que pide es más inversión y menos palos, menos privación de la libertad y mejores condiciones” para los niños que están en conflicto con la ley penal.

Por su parte, Nora Cortiñas, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que también acompañó esas denuncias, puntualizó que “si bien a los niños se les pueden aplicar medidas correctivas, estas nunca deben ser la fuerza, la bala o la tortura”. “El abuso contra los niños y jóvenes es una violación gravísima de los derechos humanos”, dijo a Página/12 e instó al gobierno nacional a “no cometer abusos ni excesos de ninguna categoría” y “respetar en su totalidad con la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Estado debe proteger”.

En su informe, CRS tomó nota de que los escenarios de esos casos no solo son las calles sino también “las escuelas”, tal como lo demostraron los operativos de detención que tuvieron lugar en establecimientos educativos, como el que tuvo lugar en mayo del año pasado en la Escuela Normal Superior Antonio Mentryt (Ensam) de Banfield, cuando agentes de la Policía Local ingresaron a la institución para detener a un alumno que consideraron sospechoso de algo.

En otro tramo del documento, el Comité instó al Estado argentino a “adoptar una ley general sobre la Justicia de menores en consonancia con las convenciones y normas internacionales” pero “que no incluyan disposiciones que incrementen las sentencias o reduzcan la edad de responsabilidad penal”. Este último punto es un revés a la iniciativa impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, que propone bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad.

Además, añade la declaración, “persiste la práctica discrecional de detener a niños, niñas y adolescentes para su `protección', y no necesariamente por haber cometido un delito”. En este sentido, pidió que “urgentemente” se dé una solución al “hacinamiento, la nutrición deficiente, las instalaciones inadecuadas de cama y saneamiento, junto con la falta de oportunidades de educación” en que se encuentran los chicos alojados en institutos o centros de detención. Esos casos “pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de los niños”, advirtieron.

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