Sociedad

Opinión

¿Pueden pensar en ellas?

Casi siete de cada diez embarazos en menores de 20 años no son intencionales. Es decir, no fueron buscados. Lo dicen ellas. Cuando acaban de parir y todavía están internadas, se les formula la pregunta en los hospitales públicos, y luego el dato queda registrado en el Sistema Informático Perinatal. Son estadísticas oficiales. El embarazo, cuenta la mayoría, se les impuso, porque la relación fue forzada o simplemente porque la tuvieron sin protección o un método anticonceptivo falló. Eso les pasa a las adolescentes, con más frecuencia de lo que a veces tenemos noción. En algunas provincias, como en La Rioja, la que encabeza el ranking, son casi 8 de cada 10 los embarazos no planificados entre las pibas. Le siguen, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, con apenas un poquito menos. Y después, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca (ver cuadro).

¿Cómo van a votar las diputadas y los diputados de esas provincias en la histórica sesión del 13J donde se debatirá el derecho a decidir de las pibas sobre su futuro?

En la lista de los que ya se pronunciaron en contra, hay al menos 3 de La Rioja, cinco de Santiago del Estero, cuatro de Salta, tres de Jujuy, dos de Formosa, cuatro de Catamarca, uno de Tierra del Fuego. Pertenecen a distintos bloques. La falta de sensatez frente a este debate es transversal.

En Formosa, Chaco y Misiones, el 23 por ciento de los bebés que nacieron en 2015 (último dato oficial disponible), tuvieron madres menores de 20 años; en Salta, el 22 por ciento, en Santiago del Estero, casi el 19 por ciento; en Corrientes el 19,5 por ciento; Catamarca y Jujuy y Tucumán, también 19 por ciento. En la otra punta de las estadísticas, solo el 6 por ciento en la ciudad de Buenos Aires. El promedio del país es 15,5 por ciento (ver cuadro)

En pocos meses más, parirá la niña de Salta, que conocimos hace pocas semanas, abusada y embarazada a los 10 años por su padrastro, que ahora está en la cárcel y ella, presa de una decisión que se le impuso, porque esa gestación forzada, que le está robando la infancia, no se detectó a tiempo, para poder tener la opción de interrumpirla.

Pienso en esas chicas que enfrentan maternidades que no planearon. ¿Los diputados y diputadas que votarán en contra de la despenalización y legalización del aborto pueden pensar en ellas también? ¿No sienten empatía por su drama? Seguramente esas chicas tenían otros proyectos para sus vidas, antes que criar un bebé en plena adolescencia –algunas, unas 3000 cada año, todavía en la niñez o apenas, dejándola–. Enfrentarán dificultades para continuar la escolaridad. Las están empujando a conformar esa franja que se nombra como lxs “ni ni”: jóvenes que no estudian ni trabajan, de los cuales, 7 de cada 10 son pibas, de acuerdo con estadísticas oficiales: son chicas que se encontraron con maternidades tempranas, a las que el Estado no les ofreció alternativas para escribir otro futuro, y sí, trabajan, haciéndose cargo del cuidado de sus crías. En ese contexto, la pobreza es un círculo sin salida.

¿A cuántas adolescentes más vamos a seguir condenando a maternidades que no eligen? Con la sanción de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, podrían decidir si realmente quieren o no continuar con esa gestación, y acceder, si así lo deciden, a un aborto temprano y seguro. Una práctica que puede torcer el rumbo de ese destino reproductivo, que no buscaron.

Pero parece que a un porcentaje significativo de diputados y diputadas, que seguramente pudieron elegir cuando tener hijos, y con quién, prefieren mirar para otro lado: total, sus hijas o nueras o nietas, podrán recurrir a un aborto seguro, clandestino, pero seguro, si llegaran a quererlo, ante un embarazo inconveniente.

Están cediendo a la presión de curas y de obispos católicos, que son parte de una institución que ha protegido históricamente a religiosos pedófilos, que se opuso tenazmente a la educación sexual integral, e incluso, a la anticoncepción de emergencia, la llamada píldora del día después, y a la entrega de anticonceptivos. Prefieren votar poniendo por delante sus creencias personales, por encima de los derechos de las adolescentes a elegir su propio proyecto de vida, con un Estado que las respalde y no las obligue a cambiar pañales a la edad de estudiar y divertirse con amigas y amigos.

Con el acceso a un aborto seguro, las adolescentes además accederán a métodos anticonceptivos para evitar un nuevo embarazo no intencional. En la escuela, deberían recibir educación sexual integral. Como vimos que sucedió en otros países que ya tienen leyes que legalizan el aborto, y políticas integrales para prevenirlos, así también bajarán las tasas de interrupciones voluntarias de embarazo.

Parece que no lo entienden. Que porque un sacerdote, que nunca va a embarazarse –con o sin intención–, que nunca va tener que recurrir a un aborto, los nombra en misa, diputadas y diputados, cobardes, seguirán empujando a estas pibas a maternidades que no eligen.

Las jóvenes que llenan las marchas, con pañuelos verdes atados a sus mochilas, se lo van a terminar cobrando. Y ahí no habrá cura que les ponga el hombro para llorar cuando el costo político por votar contra los derechos de las adolescentes los deje fuera de juego.