Desde Santa Fe

El proyecto oficial que duplica los juzgados federales en la provincia elimina las Secretarías de Derechos Humanos del fuero. Lo dice el artículo 6 del texto que se presentó en el Senado de la Nación casi al mismo tiempo que el gobierno de Mauricio Macri anunciaba el programa "Argentina sin narcotráfico". "Las secretarías con competencia específica en Derechos Humanos o Leyes Especiales" serán transferidas a los nuevos juzgados a crearse, pero una vez que se concrete el traspaso "tendrán competencia penal amplia, excepto en materia de delitos y faltas electorales", expresa la norma. Y si eso ocurre, el anexo II ordena que la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº4 de Rosario pase al futuro Juzgado Nº 7 y, que en Santa Fe, la Secretaría específica del Jugado Federal Nº 1 se recicle en otro Juzgado nuevo, el Nº 5, que supuestamente se dedicarán a combatir el narcotráfico. En abril, los abogados querellantes en crímenes de lesa humanidad ya habían advertido sobre la "lentitud" y la "fragmentación" de los juicios al terrorismo de Estado, pero también en el "avance reaccionario y negacionista del gobierno de Macri y sus aliados" que "buscan transformar en impunidad y olvido" las políticas de memoria, verdad y justicia. "Esta reforma va en esa dirección", dijo a Rosario/12 el abogado de Hijos Santa Fe, Guillermo Munné, quien junto a su colega Lucila Puyol integra el colectivo nacional "Mario Bosch".

El anuncio oficial y la presentación del proyecto fueron en simultáneo. El gobierno de Macri propuso designar 94 jueces federales en todo el país, nueve de ellos en la provincia de Santa Fe, para "fortalecer el combate al narcotráfico". Mientras el senador del PJ, Rodolfo Urtubey, y su par de Cambiemos, Humberto Schiavoni, impulsaban una ley en el Senado de la Nación para crear la misma cantidad de juzgados, con el mismo objetivo: "Fortalecer la justicia federal en las provincias".

El anexo I del proyecto informa sobre los nueve juzgados federales a crearse en la provincia: tres en Rosario (los números 5,6 y 7), otros tantos en Santa Fe (3,4 y 5) y los demás en Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Más, la designación de un fiscal federal y un defensor en Santa Fe y cuatro fiscales federales en Rosario.  

La Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario pasará al Nº 7 a crearse.

Pero lo llamativo es que "los 94 juzgados federales" y "sus respectivos cargos de juez" se crearán sobre la estructura ya existente, lo que significará "la transferencia de las secretarías penales" a gran escala. El artículo 6º es el más sorprendente: "A partir de la fecha de habilitación de los juzgados creados por esta ley, las secretarías con competencia específica en Derechos Humanos o en Leyes Especiales, transferidas en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º de la presente, tendrán competencia penal amplia excepto en materia de delitos y faltas electorales".

Esto significa ‑y lo aclara el Anexo II‑ que la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario pasará al Juzgado Federal Nº 7 a crearse. Lo mismo sucederá en Santa Fe: la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº 1 será transferida al futuro Juzgado Federal Nº 5. Y en Reconquista: la Secretaría Penal y de Derechos Humanos del único Juzgado pasará a la órbita del segundo. Claro que ya no tendrán una "competencia específica en Derechos Humanos" sino una "competencia penal amplia". "Eso es lo grave", dijo el abogado de Hijos Guillermo Munné. "El pase de una Secretaría de un Juzgado a otro no estaría mal, pero si le quitan la competencia específica y la ponen a cargo de todos los asuntos penales, sobre todo del narcotráfico, es lo opuesto a lo que reclamamos" desde el colectivo de abogados y abogadas en causas de lesa humanidad "Mario Bosch". 

-‑El cambio de competencia elimina las secretarías de Derechos Humanos ‑-planteó este diario.

-‑Quitarle la competencia específica frente al enorme atraso que hay en el juzgamiento de los responsables militares y civiles del terrorismo de estado terminará en impunidad biológica y si las ponen a cargo de tareas distintas, es lo opuesto a lo que planteamos ‑-respondió.

En el último pronunciamiento, el colectivo nacional "Mario Bosch" reclamó que "se declare el estado de emergencia judicial en las causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, celeridad, justicia pronta y efectiva". "Esta reforma es lo opuesto", concluyó Munné.