“Los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan a luchar por un cambio radical”, invita la declaración con que concluyó la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), que se realizó en Córdoba y de la que participaron más de 5 mil rectores, académicos, trabajadores, estudiantes y graduados universitarios de Latinoamérica y el Caribe. La declaración, que recoge los consensos alcanzados durante las jornadas de la semana pasada, reafirma el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados. Rectores y dirigentes sindicales argentinos elogiaron su contenido.
El documento preliminar con las conclusiones de la CRES 2018 se elaboró de manera colectiva y busca reflejar los principios, propósitos y desafíos que enfrentan las universidades de la región. En los próximos meses se elaborarán una declaración final y un plan de acción, que luego tratará el Consejo de Rectores de América Latina y el Caribe.
El documento hace un balance crítico de las tendencias consolidadas en la región durante la última década. “Las diferencias económicas, tecnológicas y sociales entre el norte y el sur, y las brechas internas entre los Estados no han desaparecido sino que han aumentado. El sistema internacional promueve el libre intercambio de mercancías, pero aplica excluyentes regulaciones migratorias. La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades y la desigualdad que afecta, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes”, detalla.
Al igual que en la CRES 2008, la Conferencia volvió a expresarse en contra de la firma de tratados internacionales que promuevan una visión mercantilista de la educación. “Solicitamos a nuestros Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo, o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo, así como también a incrementar los recursos destinados a la educación, la ciencia y la tecnología”, destaca el documento. También convoca a los Estados a que “asuman el compromiso irrenunciable de regular y evaluar a las instituciones y carreras, de gestión pública y privada, cualquiera sea la modalidad, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y el egreso de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión y pertinencia local y regional”.
El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Percyzk, celebró que las conclusiones coincidan con la posición de las universidades argentinas. “Son discusiones que está bien que Argentina, que ya tiene la idea de que la educación es un derecho por el que el Estado es responsable, y que lo quiere defender, siga manteniendo en todos los foros”, destacó.
La rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, también consideró que la declaración de la CRES dio un paso más en la profundización de lo pautado en 2008 y subrayó la incorporación de la cuestión de género. Mientras que en la declaración de Cartagena la equidad de género sólo figuraba como una más de las problemáticas a trabajar por las universidades, en el anticipo de la declaración de este año se describe con mayor detalle la problemática: “La desigualdad de género se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación”, indica el documento.
La CRES 2018 incluyó por primera vez de manera oficial la participación de organizaciones sindicales. “La declaración indica un nivel de conciencia muy alto en los universitarios y eso nos da mucha esperanza”, aseguró el titular de la Conadu, Carlos De Feo. El dirigente aseguró que el “avance” en su contenido se debe al proceso de lucha y defensa de la educación de los últimos diez años. “Si esa declaración salió fue por la conciencia de los universitarios. Hoy los gobiernos de la región ya no son populares como en 2008, cuando sí salieron a apoyar el concepto de educación superior como derecho humano. Muy distinto hubiese sido si la comunidad hubiese cedido a las pretensiones del neoliberalismo de declarar a la educación como un servicio”, agregó De Feo. El secretario general de Fedun, Daniel Ricci, consideró que “es muy importante que para América Latina la educación sea considerada un bien social y no una mercancía”.
Informe: I. F.
