Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron ayer “un correcto tratamiento” del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado. Lo hicieron poco después de que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, girara la iniciativa avalada en Diputados a cuatro comisiones en lugar de a dos.

“Manifestamos nuestra preocupación y queremos señalar la importancia de favorecer un tratamiento participativo pero no dilatorio del proyecto de ley”, señala el texto firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Fundación Huésped, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Católicas por el Derecho a Decidir, la Red de Acceso Al Aborto Seguro, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEM).

Los firmantes recuerdan que el 14 de junio pasado se produjo la histórica votación en Diputados que le dio media sanción al proyecto tras “un largo proceso iniciado en el plenario de cuatro de las comisiones sobre las 45 permanentes con las que cuenta la Cámara de Diputados”, y que a lo largo de los meses de debate en el plenario “se presentaron datos, experiencias y argumentos de índole jurídica, política, de salud pública, ética, religiosa y filosófica” en el marco de un “proceso democrático, pedagógico, responsable, respetuoso y transparente, posiblemente el más deliberativo de la historia de la democracia argentina”.

La carta pública enviada ayer a la vicepresidenta critica en particular el giro a las últimas dos comisiones. “Durante el debate en la Cámara de Diputados quedó claro que no hay cuestiones constitucionales en el proyecto de ley que haya que discutir”, dado que el aborto por causales es legal desde 1921. Además, recuerdan que el proyecto “no implica erogaciones presupuestarias que deban resolverse en forma distinta del tratamiento del presupuesto nacional”.

Los firmantes concluyen con la esperanza de que Michetti “pueda finalmente entender que las creencias individuales solo representan un aspecto privado de cada persona que de ningún modo puede afectar una política de salud pública”. Del mismo modo aguardan que “se dé en la Cámara alta un debate democrático sin injerencia del Poder Ejecutivo, como ha sido en Diputados”.