El juez Javier López Biscayart dispuso la inhibición general de la totalidad de los bienes de la empresa OCA. La decisión del titular del juzgado Penal Económico Nº9 se dio en el marco de la causa iniciada por AFIP por la presunta retención indebida de aportes patronales, el impuesto a las Ganancias y el IVA. El magistrado tomó la medida ante la imposibilidad de la compañía de correo privado y sus autoridades para cumplir con el embargo por 400 millones de pesos trabado a mediados del mes pasado. Dentro del proceso judicial están procesados e inhibidos el titular de la firma Patricio Farcuh y el gerente general Mario Aste.
La investigación judicial comenzó cuando la AFIP identificó que OCA retuvo lo que cobró por el impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado, no ingresando los montos correspondientes en tiempo y forma. Las irregularidades vinculadas a esos dos tributos se registraron entre mayo de 2016 y febrero de 2017. La denuncia de la autoridad fiscal que entonces encabezaba Alberto Abad advertía además la ausencia de pago de los aportes correspondientes a la seguridad social en noviembre de 2015, mayo a diciembre de 2016 y en febrero 2017. Las acusaciones contra OCA y sus dueños se sumaron así a la disputa por una deuda de 1400 millones de pesos que le reclama la AFIP.
A fines de noviembre, Biscayart había trabado embargos preventivos por seis meses sobre los bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo de la firma y sus responsables hasta cubrir 400 millones de pesos. Como Aste y Farcuh manifestaron que no poseían bienes ni dinero suficientes para cubrir sus partes el magistrado les decretó la inhibición general de bienes. Dos meses atrás, los empresarios prestaron declaración indagatoria y el 17 de mayo, el juez los procesó confirmando los embargos sobre ambos individuos. Sin embargo, al desconocer si los bienes embargados podrían cubrir los 400 millones a nombre OCA, el juez decretó la inhibición general de bienes de la empresa. El delito de retenciones indebidas impositivas y de aportes previsionales y de insolvencia fiscal fraudulenta contemplan penas que van de los 2 a 6 años de prisión.
