A dos años y cinco meses de la arbitraria detención de Milagro Sala, una delegación de juristas internacionales visitó Jujuy para conocer la situación de la dirigente y de las y los presos políticos. Tras una semana en el país, constataron el incumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interrupción del Estado de Derecho en la provincia gobernada por el oficialista Gerardo Morales y la existencia de un Estado policial que aplica el terror para gobernar. La visita coincidió además con una nueva intervención ilegal a la sede de la Tupac Amaru. En esta entrevista los abogados colombianos Francisco Ramírez Cuellar, especialista en Derechos Humanos, y Meyerly Garzón, defensora de derechos humanos e integrante del movimiento social Congreso de los Pueblos, quienes fueron parte de la comitiva, relacionan la persecución a Milagro con la implementación de un modelo económico y sostienen que la única salida posible es incrementar la presión internacional: “Milagro Sala presa representa un trofeo político para Mauricio Macri y su liberación significaría su derrota”, coinciden.
Estuvieron en los penales de Alto Comedero y Gorriti donde se encuentran detenidas y detenidos Mirtha Rosa Guerrero, Graciela López, Gladys Díaz, Mirtha Aizama, Javier Nieva y Alberto Cardozo y visitaron a Milagro Sala en su prisión en el barrio de El Carmen.
–¿Con qué situación se encontraron?
Meyerly Garzón: Lo que nosotros pudimos evidenciar es primero una vulneración a derechos fundamentales respecto a dos puntos. Primero, en relación al juicio, es decir a la causa por los delitos que se les imputan, pero además por el debido proceso. Se está violando el derecho que tienen a que los juzguen de forma imparcial y a que haya pruebas suficientes en las causas que se los imputan. También se está violando el principio de inocencia que tiene toda persona. Y el segundo punto son las condiciones carcelarias en las cuales se encuentran las presas y los presos políticos. Lo que vimos es que precisamente por la condición de liderazgo social de Milagro, hay un ensañamiento contra ellos en el penitenciario, que incluye torturas físicas y psicológicas. Hay un hecho gravísimo también que es la persecución a sus familiares y el seguimiento, el hostigamiento y la criminalización contra sus círculos más cercanos. Por último, el hecho de no atención a la salud es evidente.
–¿Cómo encontraron la situación social y política en la provincia?
M.G.: –Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una reunión con la comunidad en general y lo que se vio fue un estado de terror, es decir, un estado policial, donde se te acusa y se te estigmatiza única y exclusivamente porque pertenecés a una organización social. Lo que vimos es que la gente realizó muchas denuncias frente a detenciones ilegales y frente a actos de violencia brutales por parte de la Policía, sobre señalamientos, sobre una imposibilidad de organizarse y una generalización de un miedo, un miedo a tener una posición política frente al Gobierno que hoy está en la provincia. Todas las personas han manifestado incluso con lágrimas temor frente a la posibilidad de denunciar lo que está pasando en Jujuy. Están las cosas al revés: cuando denuncian los atropellos, las violaciones, terminan ellos encausados, enjuiciados, y está la comunidad muy atemorizada, hay gente también que se ha desmovilizado de esa lucha popular por miedo.
Francisco Ramírez Cuellar: –Lo que hemos comprobado es la mano oscura de las compañías, no solo de las que venían comprometidas con la dictadura militar como el grupo Ledesma, sino también de las empresas mineras que actúan en la parte alta de Jujuy, donde hay una mina de litio muy estratégica para las multinacionales que son las que están detrás de la detención de la compañera Milagro y de los grupos que la acompañan. La estrategia del Gobierno es la destrucción de cualquier tejido social que pueda oponerse a la implementación de un modelo de saqueo de recursos naturales. Esto también lo comprueba el pacto que acaba de hacer el presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, porque todo lo que uno firma con el FMI lo debe pagar con recursos naturales, entonces por eso la detención de la compañera y el resto de los compañeros.
–Desde que se detuvo por primera vez a Milagro, quien había sido electa como diputada del Parlasur, el 16 de enero de 2016, el caso saltó al plano internacional, se crearon comités por su liberación en distintos países y organismos internacionales como la CIDH se expidieron al respecto. ¿Cómo se conoce su figura fuera de Argentina?
M.G.: –Personalmente sabía de Milagro por su ejercicio político. Sabíamos y conocíamos desde lejos que ella había luchado y que se había ganado junto al pueblo argentino, pero como sabrán mi Gobierno es un gobierno de derecha, también violento y rodeado de impunidad, así que cuando sucede toda esta persecución en Colombia parece no pasar nada. Pero desde las organizaciones sociales sí se escuchó una voz de alerta precisamente porque se veía esa relación política con la persecución y la criminalización de una organización social que había alcanzado a construir un escenario diferente de poder, de poder alternativo, y es evidente que se ha querido acallar. Es decir, a pesar de que ustedes han hecho las denuncias y de que figuras importantísimas han alzado la voz por Milagro, es evidente que el Gobierno argentino quiere ocultar la situación y muchos otros gobiernos aliados de Mauricio Macri están dispuestos a guardar los silencios.
F.R.C.: –Las organizaciones sociales en Colombia han venido siguiendo el tema de Milagro, no es una cosa desprendida de nuestra práctica, porque desde hace mucho tiempo existen estos intentos de destruir el tejido social y el poder popular edificado a partir de la organización social. Lo que nosotros vemos es que hay que duplicar y triplicar la presión internacional contra los responsables políticos y económicos de lo que está pasando y contra los jueces que desconocen el debido proceso, el juez natural, el principio de inocencia de una persona, la presunción de inocencia de buena fe, etcétera.
–¿Cómo analizan el escenario regional en relación a los derechos humanos?
M.G.: –En Latinoamérica se pueden ver tres puntos: el primero, es la retoma de los países que tuvieron gobiernos progresistas por gobiernos de derecha a través de golpes de estado blandos o por elecciones democráticas, que ha implicado un retroceso de derechos sociales que estos países habían ganado con aquellos gobiernos; retrocesos que siempre e inevitablemente son violentos. Y en estos países se ve una represión a los derechos fundamentales cuando la gente sale a reclamar y a defender esos derechos ganados. El otro escenario que tenemos en Latinoamérica son los gobiernos como mi país, que nunca han salido de un escenario de represión y violencia, como también Honduras y hasta México. Pues allí lo que ha sucedido es que la represión se ha dado por medios mucho más violentos: masacres multitudinarias y selectivas, desapariciones forzadas, criminalización de la protesta, y una cantidad inimaginable de presos políticos. Y ya luego el otro escenario tiene que ver con los países como Venezuela, que en su intento por aguantar esta intromisión norteamericana, imperialista, tuvo como consecuencia un conflicto interno que efectivamente ha dejado un montón de personas desplazadas, pero que ha sido orquestado, y que Cuba también lo vivió. Entonces el panorama en América Latina respecto a estos escenarios sobre todo gubernamentales es triste y desesperanzador, pero así mismo uno ve organizaciones sociales que resisten, que denuncian y que intentan hacer justicia.
–Frente a la ausencia de un Estado de derecho, ¿ustedes creen que hay una salida judicial a la situación de las y los presos políticos?
M. G.: –En Colombia tenemos varios casos en los que prima ese poder económico y político y otros en los que prima el ejercicio de las leyes y los jueces aplican la norma tal cual es sin imprimirle un tinte político. Nosotros hemos tenido casos donde se ha demostrado que los cargos están por fuera de cualquier debido proceso. Si uno lee la norma, Milagro no debería estar en la cárcel. Es decir, existen posibilidades judiciales pero como estas son luchas políticas y la razón por la que ella está ahí es política es necesario hacer una unión entre la presión social y la política y lo jurídico. Porque si no se hace presión para que esos poderes económicos y políticos dejen de inmiscuirse en las decisiones judiciales siempre vamos a tener el mismo resultado: eres culpable sin pruebas y sin un debido proceso.
–¿Por qué el Gobierno Nacional no atiende a los fallos elaborados por los organismos internacionales de derechos humanos?
M.G.: –Macri intenta hacer ver que se preocupa por los fallos pero inventa una prisión sui generis. Es una simulación, una realidad que no quiere asumir porque Milagro le representa un trofeo político. En ese odio racial, porque lo hemos vivenciado, es un odio personal, no le interesa cumplir con lo que ordenó la Corte porque eso representaría un retroceso político para él. Esto tiene una doble connotación: no es solo incumplir el fallo, sino generar una detención sui generis que es un escenario que genera aún más miedo, donde estás escuchado, rodeado de alambres y con gendarmes que no dejan ingresar a determinadas personas.
