El Gobierno suspendió el desfile militar del 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires. En su lugar, organizó un acto más pequeño en Tucumán, al que asistiría el presidente Mauricio Macri, aunque el mandatario ya pegó el faltazo en el acto del Día de la Bandera y argumentó que era por cuestiones de seguridad. El 25 de mayo se valló toda la zona de Plaza de Mayo para permitirle asistir al Te Deum, mientras el Obelisco era escenario de una protesta masiva. El motivo oficial de la cancelación del desfile militar –el mismo que tanto había complacido a los macristas en el Bicentenario de la Independencia, cuando los restituyó– fue la falta de presupuesto: en el Gobierno, lo enmarcaron en el ajuste acordado con el FMI. Negaron, en cambio, que tuviera que ver con el creciente malestar en las Fuerzas Armadas por el magro aumento del 8 por ciento que había decretado el Gobierno. No obstante, el ministro de Defensa, Oscar “milico” Aguad, salió ayer a la tarde a asumir ese incremento como un error personal y dijo que, por pedido del Presidente, se aumentará hasta un 15 por ciento. El personal civil de las Fuerzas Armadas irá al paro la semana próxima.
Las cancelaciones y los faltazos presidenciales en las fechas patrias se están volviendo una constante a medida que empeora la situación económica y social. El mandatario evitó ir a Rosario para el Día de la Bandera con el pretexto de que grupos no identificados iban a producir un caos general en la ciudad de los pobres corazones. El 25 de mayo, en cambio, el Presidente asistió a la ceremonia religiosa tradicional, claro que luego de vaciar la Plaza de Mayo, vallarla y rodearla de un impresionante operativo de seguridad. Ese día hubo una multitudinaria protesta en el Obelisco. Para el lunes próximo, hay convocada otra.
No está claro si esto último influyó en la decisión o si fue el creciente malestar entre los militares, que hicieron trascender su preocupación por recibir “agresiones físicas o verbales dada la actual situación”. El Gobierno eligió dar a conocer un tercer motivo, que es verosímil dentro del ajuste de gastos generalizado que acordaron con el FMI: sostuvieron que el desfile era muy caro, que costaba unos 10 millones de pesos. Y que lo suspendían como parte del ahorro en el gasto público. Fuentes del sector pusieron en duda la cifra: indicaron que el del bicentenario de la Independencia, mucho más imponente, no había pasado de los ocho millones, y que el del año pasado había salido poco más de cuatro millones. Lo cierto es que de un desfile de 5600 militares se pasó a otro de 700 en Tucumán, donde Macri podrá hablar lejos del “banderazo” convocado en la Ciudad de Buenos Aires.
Chamarrita cuartelera
En el Gobierno no niegan el malestar en las Fuerzas Armadas, pero lo separan de la decisión de suspender el desfile. Admiten que, luego de que el presidente agradeciera por su esfuerzo a las Fuerzas Armadas en su último encuentro con los altos mandos, cayó como un balde de agua fría el decreto –firmado por Aguad y por el coordinador del gabinete económico, Nicolás Dujovne– en el que les otorgaban un 8 por ciento de aumento a los sueldos más bajos y una suma fija a los altos.
Se trata de la resolución 2/2018, que fija un “suplemento por responsabilidad jerárquica” para estos últimos: una suma remunerativa de dos mil pesos a 4500 pesos. Eso es todo lo que había para los altos mandos, incluidos generales, vicealmirantes, brigadieres mayores, coroneles, capitanes de navío, entre otros.
Dado el anunciado plan de Macri de darle a las Fuerzas Armadas un mayor protagonismo en el apoyo logístico de tareas de seguridad interior, los militares comenzaron a comparar su aumento con el que recibieron las fuerzas de seguridad. A través de otra resolución, la 216/18, estos últimos recibirán un 21 por ciento, si se suman los distintos ítems.
Los almirantes y generales sacaron la calculadora: si un capitán de navío con más de 30 años de antigüedad cobra 73 mil pesos, un comandante mayor de Gendarmería –la fuerza favorita de Patricia Bullrich– está superando los cien mil pesos. Algo inaceptable para las cúpulas militares, que dejaron trascender su descontento en varios medios afines. Su razonamiento es: si se les va a dar tareas a la par de gendarmes y prefectos, ¿por qué reciben aumentos menores?
“Los que están más calientes son los retirados”, indicaba una fuente que conoce de cerca al sector. Los oficiales comenzaron a amenazar con pegar el faltazo a la tradicional cena de camaradería que se celebra por la fecha patria e incluso comenzaron los rumores de que la cena también se suspendería. En el Gobierno se esforzaron por desmentir que la suspensión del desfile tenía que ver con este malestar creciente, que atribuyeron solamente a las cúpulas y no a los suboficiales. También recurrieron a la pesada herencia: “Cuando había diez mil suboficiales cobrando bajo la línea de pobreza. Cobraban salarios con un 65 por ciento en negro. Lo reducimos a un 27 por ciento”, se atajaban en Defensa.
A la bronca de los bolsillos vacíos, se suman además las internas palaciegas: Aguad sospecha que hay sectores del radicalismo vinculados al anterior ministro que estarían operando para conseguir sacarlo del cargo. También señalan a Elisa Carrió como una de las que favorece esa posibilidad.
Retirada estratégica
Mientras en el Gobierno se seguían esforzando por minimizar la situación, Aguad salió a anunciar que iban a cambiar el decreto del 30 de junio (es decir, hace una semana). “Me hago responsable del bono del 8 por ciento que generó malestar con las Fuerzas Armadas. Fue un error y está en vías de corregirse”, sostuvo el ministro de Defensa, en plan de intentar calmar los ánimos. También buscó despegar a Macri de la decisión: “Intervino directamente el presidente en el conflicto. Se va a dar el aumento que se debería haberles dado. Entre hoy y mañana se anunciará el aumento del 15 por ciento”, sostuvo Aguad, quien estuvo reunido con Macri y con Dujovne antes de anunciar la decisión. La cifra anunciada es el techo que el Gobierno buscaba hace meses para las paritarias, que luego pasó al 20 por ciento y podría llegar al 25 por ciento, con estimaciones de una inflación al 30 por ciento. No suena que vaya a haber mucha alegría entre los militares con este anuncio. “La diferencia con Gendarmería podría haber generado el malestar que tenemos hoy”, sostuvo Aguad, que de todas formas descartó una equiparación con las fuerzas de seguridad.
El malestar, no obstante, continúa no solo por los magros salarios, sino por los problemas de equipamiento. Aguad dijo, además, que todavía no hay ninguna empresa contratada para buscar al submarino ARA San Juan. Esta semana el ministro tuvo una reunión muy tensa con los familiares de los tripulantes, que continúan su acampe frente a la Casa Rosada.
A las queja de los uniformados, se sumarán medidas de fuerza del personal civil. El gremio ATE lanzó un paro y una movilización de los civiles a la sede central del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas (IOSFA). “Venimos con un atraso salarial muy importante. Más de la mitad estamos por debajo de la línea de pobreza, con sueldos de 14 mil pesos en promedio”, indicó a PáginaI12 el delegado Mariano Bares Fara. “Pedimos que no se nos aplique un decreto que nos congela los sueldos. Con el nuevo convenio que firmó UPCN, nos quitan el derecho al receso invernal, una conquista que teníamos desde hace más de 30 años. Además, pedimos el pase a planta de 3000 compañeros contratados”, señaló.
Sobre la suspensión del desfile, Bares Fara dijo que “los oficiales ganan 70 u 80 mil pesos. Esos son los que definen no hacer el desfile. No son los suboficiales ni los soldados voluntarios. Malestar hay, de todas formas, en todos lados por las medidas de ajuste”.
