Desde Santa Fe.
La Cámara de Diputados ratificó su compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia en la provincia. En la sesión del jueves, respaldó el proyecto del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe para que el Campo San Pedro -el primer predio militar en el país donde se encontraron inhumaciones clandestinas de la dictadura en 2010- se convierta en un “Centro de la Memoria y Formación de Antropólogos Forenses” y de “búsqueda permanente de desaparecidos”. Y rechazó el pedido del Ejército para reciclar ese centro de exterminio del terrorismo de estado en un “campo de prácticas y maniobras militares”. El Foro sintetizó su propuesta en un alegato: “Nunca más campo militar San Pedro”.
La voluntad política de la Cámara se expresó en una declaración que se votó sobre tablas y por unanimidad, ante la iniciativa de cuatro legisladoras: la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, Alicia Gutiérrez y sus colegas Silvia Augsburger, Inés Bertero y Claudia Moyano. Es una minuta de cuatro puntos: que pide “la conservación del Campo San Pedro como Centro de Memoria”, rechaza que el Ejército lo “vuelva a utilizar como entrenamiento de fuerzas militares”, propone que se lo destine “a la capacitación de antropólogos forenses” y exhorta a “continuar con las investigaciones y las excavaciones hasta hallar todos los cuerpos de las víctimas enterradas clandestinamente por la dictadura militar”.
La decisión de la Cámara es un espaldarazo al proyecto que el Foro le entregó a la comisión de Derechos y Garantías hace dos semanas, junto a una carpeta con documentación y medio centenar de adhesiones de organismos de derechos humanos y expresiones políticas y personalidades, entre ellas las Abuelas de Plaza de Mayo y la ex vicegobernadora Griselda Tessio. En la audiencia, participaron la abogada Lucila Puyol (Hijos), Graciela Paccot (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), el investigador Hugo Kofman (Familiares de Desaparecidos) y Ricardo Arias (Ex presos políticos).
Diputados ya había expresado su apoyo a las investigaciones en Campo San Pedro el 14 de junio, cuando aprobó y giró al Senado un proyecto de ley de la diputada María Cecilia Ayala que designa a la ruta provincial 82 S, que pasa frente al predio militar, como el camino de “La memoria, verdad y justicia”. La iniciativa la presentó el 22 de marzo, dos días antes del Día de la Memoria y la acompañaron con su firma otros diez diputados del Frente Progresista: Eduardo Di Pollina, Alicia Gutiérrez, Inés Bertero, Verónica Benas, Stella Maris Yacuzzi, Julio Garibaldi, Omar Martínez, Oscar Pieroni, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver. Más su colega del interbloque de izquierda, Carlos del Frade
En la sesión del jueves, la diputada Gutiérrez recordó que en “la causa Guerrieri, el primer juicio de lesa humanidad en la provincia”, uno de los imputados, el represor Eduardo “Tucu” Constanzo que operaba como Personal Civil de Inteligencia (PCI), reveló un traslado al campo San Pedro de 27 detenidos desaparecidos desde el centro clandestino de La Calamita.
Al año siguiente, en 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense que “hizo un trabajo muy importante” –dijo la legisladora- fundó la confesión de Constanzo con una prueba científica: descubrió una fosa clandestina con los restos de ocho desaparecidos, dos de ellos aún sin nombre. Los seis identificados habían pasado por La Calamita y la red de centros clandestinos de Rosario, pero la diferencia con la cantidad que mencionó Constanzo es notoria.
Aún falta mucho por investigar –planteó Gutiérrez-. “Los antropólogos deben seguir con la búsqueda de cuerpos en el Campo San Pedro porque hay testigos de localidades vecinas y personas que vivían en la zona rural que declaran que haber visto llevar cuerpos a ese predio del Ejército”.
El juez federal de Santa Fe Francisco Miño ordenó una medida cautelar que protege el campo. Pero el Ejército quiere volver y utilizarlo como “campo de entrenamiento militar”. Es necesario que los antropólogos puedan completar la pesquisa. “El Foro contra la Impunidad de Santa Fe, que nuclea a organismos de derechos humanos, reclama que ese lugar se conserve y los antropólogos forenses y estudiantes de antropología continúen la tarea. Por eso acompañamos esta propuesta”, completó la legisladora.
