Sigue la polémica por el protocolo antitomas que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires busca implantar en los colegios. En la Legislatura porteña, estudiantes secundarios de instituciones de gestión pública y privada contaron la situación que atraviesan: malas condiciones edilicias, persecución por parte de las autoridades docentes y violencia y abusos de las fuerzas de seguridad.
Los alumnos hicieron sus exposiciones frente a las legisladoras Myriam Bregman y Victoria Montenegro, presidentas de las comisiones de Violencia institucional y de Derechos Humanos, respectivamente. El objetivo del encuentro era que los estudiantes “cuenten qué persecuciones sufren, qué ataques sufren”. “Vamos a elaborar un informe para todos los legisladores para que sepan qué están atravesando”, prometió Bregman. Por su parte, Montenegro se mostró preocupada por la aplicación del protocolo anti-tomas y aseguró que no van a permitir “que el Gobierno la lleve adelante” porque “vivimos en democracia” y no se puede coartar la libertad de expresión de los estudiantes.
Santiago, representante de la escuela técnica Otto Krause, denunció que el protocolo es parte de “una política para vaciar la educación y la escuela pública”. “Nosotros tomamos estas medidas porque el Gobierno no se hace cargo de la educación”, explicó en relación a las tomas de colegios realizadas a fines del año pasado. Para Santiago, la medida que busca implementar el Ministerio de Educación porteño intenta dividirlos “poniendo a nuestros padres en contra”. El protocolo que impulsó la ministra Soledad Acuña establece que, en caso de que se tome un colegio en la ciudad, las autoridades deben llamar a los padres de los estudiantes que se encuentren dentro del establecimiento para que vayan a retirarlos. También hace económicamente responsables a los padres por cualquier daño que haya a la propiedad del colegio durante la toma. En abril, la jueza Elena Liberatori bloqueó la aplicación del protocolo, pero a fines del mes pasado un fallo de la Cámara de Apelaciones hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad.
“En la toma le hicieron un sumario a nuestra directora por no dar los nombres de quienes tomaron el colegio”, contó Luciana, alumna de la Escuela de Cerámica N°1. Además, sostuvo que la policía hace caso omiso de los reclamos de los padres de aumentar la seguridad en las inmediaciones del colegio. “En Bulnes y Rivadavia hay un grupo de personas que se juntan a tomar. Los padres pidieron que pusieran un policía en esa esquina porque algunos hombres habían acosado a compañeras, les decían cosas, las seguían. La Policía no hizo nada y son los mismos padres los que van a buscar a las chicas”, denunció Luciana.
Los casos de zonas liberadas y de policías que hacen oídos sordos se repiten en los relatos de los estudiantes. Mayra, del Manuel Belgrano de Bellas Artes, señaló que dos compañeras suyas, Nuria Couto y Natalia Grebenshicova, fueron asesinadas por Mariano Bonetto. El doble femicidio sucedió en la plaza Irala, que “se conoce por estar liberada de policía”. “No puede ser que la policía esté en las tomas, pero cuando hay un asesino nunca aparezcan ni sepan lo que pasa”, sentenció Mayra.
“Los patrulleros dan vueltas a la manzana cuando el colegio está tomado”, dijo Sol en representación del Mariano Acosta. También contó que un uniformado entró a la institución cuando se daba una clase pública y que ellos lograron que se fuera. “No nos vamos a dejar de organizar en centros de estudiantes”, afirmó Sol.
Sofía, estudiante de la escuela Lorca en el barrio de Paternal, sostuvo: “Venimos luchando por distintas situaciones con la policía. El patio de nuestro colegio no es el lugar donde pueden venir los comisarios a tomar mate”. Aseguró que los estudiantes están “a merced de las fuerzas de seguridad en nuestro día a día” porque la zona “está liberada”.
En la reunión estuvieron presentes María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi), y Andrea Antico, esposa de Sergio Maldonado. “Al escuchar a los chicos me pongo a pensar que escucho también a Santiago, porque de muy chico él entendió que la única forma para defender los derechos de uno era la lucha”, dijo Antico y les agradeció a los estudiantes su apoyo en el reclamo de justicia por la muerte de Maldonado. “Creemos que Santiago es solidaridad”, afirmó.
Los estudiantes secundarios son participantes activos en la lucha por la legalización del aborto y ese debate se ve reflejado también al interior de los colegios. Previo a la media sanción de la ley, los alumnos del Mariano Moreno votaron a favor de realizar una toma en apoyo a la IVE. Alan, alumno de la institución, señaló que desde el Ministerio “apretaron a nuestra rectora para que pase los nombres de los que estuvieron en la toma. Pasó 9, entre ellos el mío”.
Según Ulises del colegio Comunicaciones, en muchas instituciones de gestión privada, la persecución a quienes apoyan la legalización del aborto viene de parte de las mismas autoridades educativas.
Informe: Ludmila Ferrer
