Por alertar, en una entrevista con PáginaI12, sobre el grave problema de salud pública que causa la criminalización del aborto en La Rioja, la ginecóloga Paula Juárez, especialista en Terapia Intensiva y Obstetricia Crítica del Hospital de la Madre y el Niño, de la capital riojana, fue intimada por el director ejecutivo del centro de salud, Francisco Nicolás Sosa, a ratificar o rectificar la información publicada en este diario en su edición del 12 de julio. Como contrapartida, en el mismo hospital, dos semanas atrás, el miércoles 4, dieron permiso a su personal para participar de la marcha convocada por el centro de la ciudad, por organizaciones antiderechos con el lema “Salvemos las dos vidas”.

La carta que recibió Juárez se enmarca en las acciones de amedrentamiento  e intimidación promovidas por sectores antiderechos para silenciar a quienes se atreven a revelar que también se hacen abortos en provincias como La Rioja, donde su gobernador Sergio Casas, del Frente para la Victoria, y los tres senadores, se oponen a la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo grave es que en este caso el apriete proviene de un funcionario público. 

Ayer, la médica recibió apoyos de distintas entidades de profesionales de la salud y gremiales. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir manifestó su “enérgico repudio” a la intimación y la calificó como una “persecución institucionalizada”.

Desde el Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), en conjunto con su regional riojana, la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (Aproslar), expresaron su apoyo a Juárez y consideraron la carta como un ataque a la libertad de expresión. “La doctora Juárez citó en sus dichos fuentes oficiales que no fueron desmentidas ni rectificadas por el Ministerio de Salud provincial. Habló de sus vivencias como profesional y lo hizo tomando los recaudos que le imponen el juramento hipocrático y las leyes de ejercicio profesional”, señalaron en un comunicado conjunto las dos entidades, que nuclean a unos 30 mil profesionales, de 600 establecimientos de todo el país.

“No lo tomo como un ataque personal”, dijo Juárez a PáginaI12 y agregó: “Queda en evidencia que molesta en lo más profundo analizar una problemática como es el aborto en nuestro país. En 2013 La Rioja encabezaba las tasas de mortalidad materna de todo el país. Si bien desde ese año no hay más muertes por aborto, en un problema que sigue. Las mujeres siguen abortando. Las cifras de internaciones por aborto oficiales así lo demuestran, pero ponerlos sobre la mesa y analizar que significan un enorme fracaso del Programa Integral de Educación Sexual y Reproductiva de la provincia incomoda. No quieren ver que la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo va a permitir una atención segura a la mujer que decide abortar”, señaló Juárez. 

En el artículo publicado por quien suscribe esta nota se informaba sobre la cantidad de internaciones por aborto que tiene la provincia, según estadísticas oficiales, y las consecuencias en la salud de las mujeres que dejaban las interrupciones de embarazo realizadas en la clandestinidad. No se mencionaban datos sobre mortalidad por aborto. “En La Rioja, cada 44 horas, una adolescente llega a un hospital con complicaciones por un aborto clandestino. A lo largo de 2016, fueron atendidas con ese cuadro 198 chicas menores de 19 años, el doble que en 2015, cuando fueron 96. Pero tal vez el dato más dramático que revelan las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la provincia –a las que tuvo acceso PáginaI12–, es que hubo 31 internaciones por aborto de nenas de entre 10 y 14, y la misma cantidad, por parto”, decía la nota. Y más adelante detallaba que en 2016, en total, hubo 840: una internación por aborto por cada 10 nacimientos (ver aparte). “Cuando los funcionarios riojanos dicen que no hay mortalidad por aborto en La Rioja, están ocultando la alta tasa de morbilidad por esta causa, es decir, todas aquellas mujeres, muchas de ellas adolescentes e incluso niñas, que sufren graves secuelas físicas y psíquicas, que pueden llegar a quedar sin útero, con diálisis de por vida o con los pulmones con distintas disfunciones orgánicas, en los casos más graves”, decía Juárez en declaraciones a este diario.

Desde la Red de Profesionales consideraron “escandaloso e injusto que los mecanismos institucionales del Hospital de la Madre y el Niño se activen rápidamente por una médica que da una entrevista a un medio nacional; y que profesionales que han amenazado con torturar mujeres o denegar servicios que son de su obligación se mantengan impunes a pesar de los pronunciamientos del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja”, en alusión al anestesiólogo Facundo Segovia Barcena, quien anunció por Facebook que si se aprueba la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, en su guardia hará legrados sin anestesia. El anestesiólogo sigue trabajando en el mismo hospital. Según pudo saber este diario, todavía no se firmó ninguna actuación administrativa para que sea trasladado, a pesar de que las autoridades sanitarias de la provincia, cuando saltó a redes sociales y medios su posteo, anunciaron que lo desafectarían de sus tareas.

Tal como informó este diario, La Rioja encabeza el ranking de provincias con tasa más alta de embarazo no intencional en la adolescencia: casi ocho de cada 10 chicas menores de 20 años que se convierten en madres cada año, declararon que no buscaron ni desearon ese embarazo, según los registros del Sistema Informativo Perinatal. Es decir, apenas el 20 por ciento dice en el post parto que sí, que planificó tener ese bebé. Esta es otra de las muestras del fracaso de las políticas públicas de prevención de los embarazos no intencionales en la provincia, donde el 16,8 por ciento de los nacimientos corresponde a madres adolescentes o niñas. La otra muestra son las chicas que llegan a las guardias con complicaciones por abortos. En 2015, según las estadísticas oficiales a las que tuvo acceso este diario, fueron atendidas, incluso, dos nenas de 9 años por esa causa. 

A pesar del cuadro de situación que reflejan los datos oficiales, el gobernador Casas prefiere alinearse con sectores antiderechos. Hace dos semanas se fotografió con el pañuelo celeste, expresó su rechazo al proyecto de Ley de IVE y pidió a los senadores que voten en contra. Los tres senadores de la provincia, Inés Olga Brizuela y Doria, el ex ministro de Defensa, Julio Martínez, de Cambiemos, y el peronista Carlos Saúl Menem, ya anunciaron que se oponen a la despenalización y legalización del aborto. Solo uno de los cinco diputados nacionales riojanos apoyó la media sanción.