La trama viva de la cultura comunitaria está en peligro. Las Bibliotecas Populares demandan colectivamente la inconstitucionalidad y solicitan una medida cautelar para frenar los efectos que generan los artículos 2, 8, 9, 10 y 20 del decreto 345/2025, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo de este año, por el cual la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) dejaría de ser un organismo federal desconcentrado, con autonomía relativa del Poder Ejecutivo, para depender de la Secretaría de Cultura. En la demanda, presentada el martes 25 de junio en el Juzgado N°2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, se plantea que la norma vulnera la Constitución Nacional, desconoce el derecho colectivo a participar en la vida cultural y desmantela el modelo federal de gestión que rige desde hace décadas en la Conabip.

La política federal implementada por la Conabip, como se informa en el escrito patrocinado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, alcanza a más de 1.500 bibliotecas populares registradas, distribuidas en más de 1.200 localidades de las 24 jurisdicciones del país. Esta red brinda servicios a más de 4 millones de usuarios y lectores, gracias al compromiso voluntario de más de 30.000 dirigentes y bibliotecarios, y garantiza el acceso a más de 20 millones de libros y acciones culturales con enfoque federal, inclusivo y territorial. Gil Domínguez advierte que el decreto 345/2025 no solo excede las facultades delegadas por el Congreso en la Ley Bases –que expresamente excluye a los organismos culturales--, sino que además incurre en regresividad institucional y viola los artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales.

La Conabip cumplirá 155 años en septiembre. Creada en 1870 por iniciativa del presidente Domingo Faustino Sarmiento, mediante la ley 419, se consolidó en los siglos XX y XXI como estructura estatal que garantiza el acceso federal y democrático a la lectura y la cultura. La Ley 23.351 de 1986 institucionalizó un modelo de gestión asociativa entre el Estado y las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil. Aunque el decreto impugnado no disuelve nominalmente la Conabip --presidida actualmente por Raúl Escandar, un bibliotecario profesional designado en febrero de 2024 que a través de un silencio ominoso paradójicamente convalida la destrucción del organismo a su cargo--, lo hace funcionalmente: le quita su autonomía, le arrebata su rol estratégico y la sustituye por una estructura subordinada y consultiva sin capacidad decisoria.

Domínguez precisa que el decreto 345/2025 puede ser descripto como una “simulación normativa” de participación, que crea un “Consejo Asesor ad honorem”, formalmente consultivo, que en los hechos carece de toda incidencia real. “Esta construcción normativa configura una fachada institucional, una especie de ‘pantalla legal’ que pretende simular la continuidad del modelo participativo cuando en realidad se lo ha extinguido”. El ingenio popular condensó en una frase el itinerario de la demolición de una institución cultural fundamental: “Sarmiento la creó, (Raúl) Escandar la cerró”. Uno de los puntos que mayor preocupación genera es el manejo arbitrario del Fondo Especial de las Bibliotecas Populares. “Se intenta administrar impersonalmente un fondo que ha costado muchísimo conseguir y defender, y que es vital para la supervivencia y desarrollo de miles de bibliotecas en el territorio nacional”, dice María del Carmen Bianchi, presidenta de la Conabip durante los períodos 2003-2011 y 2019-2023.

Cuando fue publicado el decreto, la Red Internacional por las Bibliotecas Populares difundió un comunicado que tuvo el apoyo de más de 5000 personalidades de la cultura, entre las que se destacan Claudia Piñeiro, León Gieco, María Teresa Andruetto, Mauricio Kartun y Cecilia Roth. “Pretenden destruir lo que llevó tiempo construir, que funciona y es eficiente. Todo puede ser cambiado pero no arrasado sin tomarse el trabajo de usar palabras, fundamentos, razones y motivos”, argumenta Paula Kriscautzky, de la Biblioteca del Otro lado del Árbol.

La acción declarativa de inconstitucionalidad colectiva (ADIC) fue presentada por María Nieves Dalponte Ayastuy, presidenta de la Biblioteca Popular Tupac Amaru Infanto Juvenil de La Plata. En un comunicado maradoniano, titulado “Lo comunitario no se mancha”, explica las razones de esta presentación ante la Justicia Federal. “Lo que está en juego afecta la trama viva de la cultura comunitaria, de los libros que pasan de mano en mano, de las meriendas compartidas, de los talleres que encienden preguntas, de encuentros donde se escuchan voces que no suelen ser escuchadas, de los abrazos que acompañan a las crianzas, de los vínculos que se tejen mientras se sueña un mundo más justo”. La comunidad cultural de todo el país está movilizada. “Las bibliotecas populares son rondas de mate donde el libro se piensa, se cuida, se sueña -las define el comunicado-. Son puertas abiertas y refugio, nido y horizonte. En ellas la cultura no se impone, se hace. Se hace con las manos, con los cuerpos, con el tiempo donado por quienes creen que otro mundo es posible si todas y todos tenemos un lugar en él”.

El Juzgado N°2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata tiene que resolver la medida cautelar de suspensión del decreto, que puede demorar de quince a treinta días hábiles, y después traslada la demanda al Estado Nacional para que conteste. Desde la Biblioteca Popular Tupac Amaru rechazan el decreto 345/2025 porque “no aceptamos un presente que quiere achicar el futuro”.