La comunidad cultural argentina está movilizada para frenar la estampida de la “motosierra”. Los integrantes de la Red Internacional por las Bibliotecas Populares se manifiestan en contra de la destrucción de la Conabip, luego del decreto 345/2025 publicado el 22 de mayo en el Boletín Oficial, que pone en peligro la continuidad del organismo creado por Sarmiento en 1870. En una solicitada plantean que el mencionado decreto elimina la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y queda en su lugar una unidad organizativa dependiente de la secretaría de Cultura de la Nación. “De Conabip solo queda el nombre”, plantean Griselda Gambaro, León Gieco, Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada, Alan Pauls, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Leila Guerriero, Alejandro Dolina, Guillermo Saccomano, Gabriela Cabezón Cámara, Diana Bellessi, Guillermo Martínez, Laura Devetach, Liliana Heker, Mauricio Kartun, Liliana Herrero, Víctor Heredia, Cristina Banegas, Cecilia Roth, Rita Cortese, Pompeyo Audivert y Ricardo Bartís, entre más de 5300 firmantes.
En la solicitada se detallan las consecuencias que tendrá el decreto en cuestión al eliminar el carácter federal de la Conabip. Se destruye la composición de la Comisión Nacional (presidente, secretario, vocales con representación sectorial y provincial), se crea un cargo de director nacional, y se suma un Consejo Asesor integrado por cinco personas elegidas arbitrariamente por el secretario de Cultura. “Si bien se sostiene una Junta representativa provincial de bibliotecas populares, la misma queda vaciada de contenido en tanto desaparecen las vocalías que representan la voz de cada provincia. A partir de esta medida se corre el riesgo de dejar en manos de las autoridades de la secretaría de Cultura toda decisión sobre el reconocimiento de nuevas bibliotecas populares o eliminación de bibliotecas populares ya existentes”, explican Maitena Burundarena, Tute, Miguel Rep, Marisol Misenta (lsol), Santiago Kovadloff, Selva Almada, Dolores Reyes, Fabián Casas, Mempo Giardinelli, Juan Sasturain, Sergio Olguín y Alejandro Tantanian, entre otros artistas y escritores que firman el texto.
La pérdida de autonomía para el desarrollo y ejecución de políticas públicas es otro aspecto que enciende las alertas de expresidentas de la Conabip como María del Carmen Bianchi y de exministros y exsecretarios de Cultura como Pablo Avelluto, quienes enviaron una carta al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Oscar Zago) en la que solicitaron “con carácter urgente” que se rechace el decreto 345/2025 antes del 4 de junio para “evitar un daño irreparable a la cultura nacional y federal”. En la solicitada, se advierte que las decisiones sobre planes y programas quedan exclusivamente a cargo del secretario de Cultura. “En la Conabip, hay saberes, experiencias y expertise acumulados a lo largo de los años que constituyen un valor agregado para toda acción implementada en beneficio de las bibliotecas populares y para establecer prioridades de gestión que garanticen su fortalecimiento”.
Otro problema mayúsculo es que el presupuesto queda en manos de la secretaría de Cultura en lugar de ser administrado directamente por la Conabip. “En incumplimiento de la Ley 23.351 -gran logro de la democracia- el presupuesto para las bibliotecas populares queda sujeto a la discrecionalidad de lo que las autoridades de turno de la secretaría de Cultura consideren. No se podría asegurar que su uso se destine exclusivamente a las bibliotecas populares -observan con preocupación-. Esta medida ignora, además, que el fondo para las bibliotecas populares fue garantizado por 50 años por todo el arco político en el Congreso de la Nación en 2022”.
Muchas instituciones del país y del exterior han expresado su apoyo a la Conabip. Desde la División Regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA LAC), reconocen y valoran el trabajo histórico de la Conabip “como organismo que ha acompañado, fortalecido y articulado el desarrollo de las bibliotecas populares en la Argentina, promoviendo el acceso libre y equitativo a la información, la lectura y la participación ciudadana. Su trayectoria ha sido referencia en la región y ha inspirado políticas bibliotecarias con enfoque comunitario y federal”. En nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Karina Batthyány, directora ejecutiva, defiende las bibliotecas populares como espacios de libertad, construcción colectiva, y resistencia. “Contra el ajuste y el vaciamiento cultural, decimos no a su desfinanciamiento”, postulan desde Clacso. También se expresaron a favor de que la Conabip mantenga su estructura federal, su autonomía y su presupuesto la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Fundación El Libro (FEL), entidad que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
La Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA) repudia el avance sobre la Conabip y reclama que se respete la ley. “Al quitarle la autonomía, le estamos quitando más de 150 años de permanencia en la comunidad federal, le estamos quitando el reconocimiento a una gestión que funciona y debe ser independiente del gobierno de turno”. También se expresó la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA). “Atentar contra la Conabip, vaciar su institucionalidad o debilitar sus capacidades operativas es golpear el corazón de una red histórica de espacios de lectura, inclusión y construcción comunitaria. Las Bibliotecas Populares no son un gasto: son una inversión estratégica en el desarrollo humano y social de nuestro país”, destacan y agregan que como organización representativa del sector bibliotecario argentino exigen “la inmediata marcha atrás con estas medidas y la preservación de la Conabip como organismo estatal con presupuesto adecuado, representatividad federal y autonomía de gestión”.
La Comisión de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata cuestiona el decreto 345/2025 y precisa que desmantelar la Conabip “forma parte de un plan más amplio de desfinanciamiento y vaciamiento cultural que amenaza con desarticular derechos conquistados, empobrecer nuestra cultura y borrar nuestra memoria”.
Desde la Red Internacional por las Bibliotecas Populares piden que se revierta la destrucción de la Conabip y conserve su capacidad de gestión, autonomía y representatividad federal. “Este decreto que elimina a la Conabip como organismo no moderniza ni mejora la gestión: desmantela una política pública histórica, exitosa y profundamente democrática que garantiza acceso federal a la cultura y desarrollo local. Exigimos a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que intervenga para frenar el decreto que atenta contra 155 años de historia. La cultura no es un gasto. Es un derecho”, concluyen.
