La Anses realizó su primera ofrenda al programa de austeridad asumido por el gobierno para garantizar los desembolsos del FMI. El punto de partida para los recortes en el sistema de la seguridad social fue el régimen de asignaciones familiares. Un decreto eliminó los pagos diferenciales para algunas zonas del país en las asignaciones por hijo, prenatal y en la ayuda escolar anual. Para las familias residentes en provincias patagónicas y algunas localidades de la frontera norte del país, los cambios representarán un ajuste entre el 54 y 75 por ciento del valor nominal de las prestaciones que cobran todos los meses. La normativa afectará a más de 150 mil niñes. La decisión introduce además cambios en el rango de ingresos necesario para recibir las transferencias: se elevó el piso y se redujo el máximo. Las cuestionadas modificaciones que comienzan a regir en septiembre se suman al cambio en la fórmula de cálculo de las jubilaciones, pensiones y asignaciones de diciembre. Ambos cambios ofrecen un anticipo para el proyecto de reforma del sistema de la seguridad social que presentarán las autoridades en mayo de 2019.
El régimen de asignaciones familiares contemplaba la diferenciación de 4 zonas que habilitaban a sus residentes a percibir montos más elevados. Entre las regiones contempladas por el esquema, se encuentran las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, zonas de Mendoza así como algunos departamentos de Formosa, Salta, Catamarca y Jujuy. La medida elimina la diferenciación en el caso de las asignaciones prenatal, por hijo y ayuda escolar anual pero mantiene vigente el esquema para asignaciones vinculadas con hijo con discapacidad. Hogares chubutenses, fueguinos y santacruceños con ingresos familiares hasta 24 mil pesos brutos recibían una asignación de hasta 3407 pesos por hijo y ahora pasarán a cobrar 1578 pesos, una pérdida del 54 por ciento. Quienes se ubiquen en el tercer tramo de ingresos (hasta 41 mil pesos brutos), pasarán a recibir 640 pesos mensuales mientras que en algunas localidades catamarqueñas alcanzaban los 2532 pesos, un tijeretazo del 75 por ciento.
Al argumentar la eliminación de los adicionales por zona diferencial, desde la Anses indicaron “ya no hay diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida de las distintas zonas, esto generaba inequidades entre chicos que, por ejemplo, viven en La Matanza y cobran la mitad que chicos de la Zona Austral”. Una rápida comparación entre los precios informados entre cadenas de supermercados da por tierra con la supuesta homogeneidad de precios repetida ayer por el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso. Por ejemplo, el kilo de carnaza en las sucursales de La Anónima en Comodoro Rivadavia es de 169 pesos, mientras que el local de COTO en Ciudadela ofrece el mismo corte a 95 pesos, un 56 por ciento más barato.
Como el presidente Mauricio Macri viajó a Sudáfrica, el Decreto 702/2018 lleva la firma de la vice Gabriela Michetti. La ejecución del ajuste estará a cargo de la Anses pero la decisión fue tomada en la Jefatura de Gabinete. A pesar de la tímida resistencia presentada por algunos ministerios, el vicejefe Mario Quintana impuso el tijeretazo. Celebrado por el Palacio de Hacienda que debe presentarle al FMI un déficit fiscal de 1,3 por ciento a fin de año, desde la Anses evitaron dimensionar su aporte. La ausencia de información pública impide a los expertos consultados realizar una estimación precisa pero la cifra oscila entre 3000 y 5000 millones anuales. El impacto favorable para las finanzas de la seguridad social será doble: gastará menos pero conservará su nivel de ingresos ya que los aportes realizados por los empleadores al régimen de asignaciones familiares se mantienen inalterados.
La medida elevó además el piso de ingresos para percibir asignaciones familiares de 200 a 2816,14 pesos. Desde Anses sostienen que “muchos empleadores” declaran remuneraciones ínfimas para habilitar a que sus trabajadores cobren asignaciones familiares, como una forma de fraude. “Para los trabajadores, en principio, no debería implicar una pérdida de ingresos, ya que aunque dejen de cobrar asignaciones familiares deberían quedar cubiertos por la AUH. De todos modos, sí podrían quedar temporariamente sin las asignaciones, mientras pasan de un régimen a otro. Ante esta situación, el Decreto prevé que esta medida sea implementada por ANSES progresivamente”, explicó la economista del Cifra-CTA, Mariana González.
El decreto rebajó además el ingreso máximo familiar para recibir una asignación: de 94.786 a 83.917 pesos mensuales. Por encima de esos ingresos los trabajadores están en condiciones de deducir a sus hijos del impuesto a las Ganancias. “Esta modificación se realiza con el fin de evitar que quienes hacen deducciones por hijo en el cómputo del impuesto a las ganancias cobren, a su vez, asignaciones familiares, lo que constituiría un doble beneficio. En lugar de realizar un control administrativo, se baja el ingreso máximo, lo cual implica también afectar a trabajadores a quienes no corresponde el pago de Ganancias”, indicó la investigadora del Cifra-CTA.
