Somos un país laico, plural, donde viven ciudadanos de diferentes credos religiosos, ateos y agnósticos. Aquí se arraigaron pueblos latinos, judíos, árabes, negros, sajones, eslavos... y se fue conformando una nueva identidad con distintos aportes civilizatorios y el mestizaje con nuestros pueblos originarios. La interacción entre sus matrices culturales fue una de las virtudes de la cultura argentina.

El debate por la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de las transformaciones culturales de nuestra época. El tema puede ser tratado desde lo antropológico, ético, filosófico o religioso y como política de salud pública. Los países de Europa y América del Norte legalizaron el aborto, e Italia, de mayoría católica, reconoció entre sus causas, problemas económicos, laborales y afectivos.

En Argentina, el proyecto de ley se inscribe en su tradición democrática de lucha por la ampliación de nuevos derechos, logrados siempre a costa de muchos sacrificios: desde las movilizaciones contra las nuevas formas de represión y esclavitud, a las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres, el sufragio universal votado en 1947, las leyes de divorcio vincular (1987) y el matrimonio igualitario (2010).

La histórica movilización de las mujeres y adolescentes que ocupó todo el país logró la media sanción votada en diputados que reconoce a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo. Fueron debates por deshacernos de pensamientos mesiánicos e interpretar las leyes de manera dinámica, ya que una ley puede volverse inconstitucional a medida que las sociedades evolucionan como pasó con la ley de Matrimonio Civil.  

Asociar al libertinaje la renovadora oleada verde de mujeres y de chicas es un exabrupto reaccionario. Los mismos sectores que se oponen a la despenalización del aborto son los mismos que rechazan la Ley de Salud Reproductiva. Siendo un tema que toca decisiones personales y creencias religiosas, es inaceptable que una parte del país pretenda imponerle a la otra lo que piensa.

Entre las exposiciones que se escucharon hubo serios aportes y provocaciones. Los interrogantes jurídicos fueron contestados por grandes juristas. La Dra. Aída Kemelmajer –coautora del Código Civil– reafirmó que la norma votada no es anticonstitucional ni está contra la Convención de Derechos del Niño: las normas vigentes consagran el derecho de la mujer a la vida, a la salud, a la integridad, a decidir el número de hijos en igualdad con el hombre, a la privacidad y a tomar libremente decisiones sobre su persona.

Estos derechos están claramente protegidos en los once tratados internacionales de derechos humanos y en la Convención de Derechos del Niño incorporados a la Constitución en 1994. En ninguno de ellos se dice que la protección de la vida es a partir de la concepción, ni se le reconocen derechos al niño por nacer. Para nuestro Código Civil si no nace con vida es como si no hubiese existido y no es reconocido como persona.

¿No hay vida en los espermatozoides y óvulos que los anticonceptivos impiden convertirse en embriones y en las gestaciones in Vitro que no tienen protección jurídica? Si el feto hubiera sido considerado “persona”, no habría sido posible admitir abortos no punibles, como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012.

En los debates, sentí que la mujer como ser humano concreto estaba ausente en las disertaciones y era remplazada por análisis jurídicos y diagnósticos médicos. Se silenciaban las causas y el contexto social de un país que lleva a abortar: el 50 por ciento de los jóvenes son pobres, un millón y medio no estudia ni trabaja, el 38 por ciento de los trabajadores está en negro, sin cobertura médica; faltan más de 3 millones de viviendas: ¿quien puede acceder a ellas?

No puede soslayarse el conflicto afectivo, moral y sicológico que genera un embarazo no deseado y lleva a la mujer a optar por lo que la atormenta. Son historias dolorosas las que desencadenan un aborto: adolescentes que no están preparados para tener un hijo; mujeres solas ante el embarazo, violentadas por sus parejas o familiares, que abortan y mueren dejando a sus hijos huérfanos.

Sin prevención ni asistencia social ¿cuantas niñas son violadas por sus familiares? ¿Y las embarazadas que son expulsadas del colegio como denunció la estudiante Milagros Peñalba? Tener un hijo es un acto sublime cuando se lo engendra con quien amamos. Los hijos deben ser hijos del amor, consentidos y deseados y no hijos impuestos. La maternidad es un acto de amor, cambia la vida de la mujer y no se le puede imponer a nadie. ¿Los hijos no deseados no sufren las consecuencias?

No hay otro camino que saber interpretar los cambios de la época. El aborto legal seguro y gratuito termina con una vieja historia de injusticia y discriminación que expone a la muerte a miles de mujeres que no pueden pagarlo. Su legalización no obliga ni se impone a nadie, posibilita una política de salud pública que evite la mala praxis del aborto clandestino. Como diputado nacional, en el año 2012 acompañé con mi firma un proyecto que anticipó el que hoy estamos tratando.

Hay que respetar la pluralidad cultural. Los principios de igualdad y libertad deben ser derechos inalienables de todas las mujeres de toda condición social. Aceptemos que hay muchos otros que sienten y piensan distinto. Soy católico y laico y defiendo la cultura del encuentro. Creo que Dios no castiga ni condena: comprende, perdona y nos acompaña con su misericordia. Como Senador de una fuerza política plural defenderé el derecho de todas las mujeres, de cualquier creencia y condición, a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo. Deseo que este debate histórico concluya en un nuevo derecho: será justicia y un aporte a la democracia argentina.

* Senador nacional por Proyecto Sur.