Pese a la presión de Cambiemos para avanzar lo antes posible con el pedido de allanamiento a los domicilios y oficinas de la senadora Cristina Fernández, el Senado se tomará un tiempo para analizar la medida. Mientras ayer se esperó durante todo el día la convocatoria a una sesión especial que nunca llegaría, por la tarde se convocó para estudiar el tema a la comisión de Asuntos Constitucionales. La fecha de reunión es el martes a las 18:30, poco antes del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo que se realizará al día siguiente. Desde el Bloque Justicialista que conduce Miguel Pichetto dieron el visto bueno para avanzar con el tema aunque aclararon que mantienen su rechazo ante un eventual pedido de desafuero y que sólo autorizarían allanamientos a los domicilios particulares de la ex mandataria. Referentes del kirchnerismo así como diputadas nacionales de distintas bancadas advirtieron que tratar este tema a tan poco tiempo de que se discuta el aborto podría significar una maniobra de los sectores antilegalización para entorpecer el debate. 

Desde que Claudio Bonadio envió el jueves por la noche la nota reclamando autorización para allanar distintas propiedades y oficinas de CFK, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros senadores del oficialismo intentaron apurar el trámite para introducirlo antes de la sesión del aborto. Para lograrlo, el oficialismo necesitaba sumar a sus 25 integrantes al menos un sector de la oposición que los acompañe hasta cubrir los 37 votos necesarios del quórum. En cambio, ayer por la tarde se conoció la convocatoria de la comisión que preside el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, integrante del bloque justicialista y cercano al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey. Aún en caso de que el mismo martes se emitiera dictamen, para llegar al recinto necesitará de un plazo mínimo de 7 días o, en su defecto, que dos tercios de los senadores apruebe el tratamiento sobre tablas. Se necesitará un amplio consenso para lograr esa cifra, cercana a los 48 senadores, si hay asistencia perfecta.

Por la tarde desde el bloque que preside Pichetto adelantaron que ellos acompañarán mayoritariamente el pedido de allanamiento pero sólo a los domicilios particulares de la ex mandataria. Aseguraron que aceptar un operativo sobre las oficinas que posee en el Congreso significaría una intromisión dentro del Poder Legislativo y que, en cualquier caso, los delitos que se investigan son anteriores a la asunción de Cristina Fernández como legisladora. Además, ratificaron su postura respecto del pedido de desafuero: no lo apoyarán mientras no exista una condena firme. En este caso Bonadio ni siquiera concretó la indagatoria, prevista para el 13 de agosto. 

Los rumores sobre la sesión especial se echaron a correr ayer por la mañana a raíz de un tuit de la senadora radical Inés Brizuela y Doria, quien había asegurado que ya se había pedido y que sería el martes. A partir de allí se extendió el temor de que los sectores antilegalización buscaban entorpecer la sesión del día siguiente. “Pedimos que la semana próxima haya una sola sesión especial para tratar el aborto. No hay nada que no pueda esperar hasta después del 8 o que sea más importante que éste tema”, aseguró la Página/12 la diputada del Frente Renovador, Cecilia Moreau. “A diferencia de las reglas de juego democráticas que garantizó Emilio Monzó en Diputados, en el Senado se usaron cuestiones reglamentarias en un intento de obturar el tratamiento de la ley”, recordó la diputada Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita. 

Integrantes del Senado preguntaban cuál sería la utilidad de un allanamiento anunciado públicamente con tanta anticipación y con la dirección exacta de los domicilios adónde se realizarían los operativos. La respuesta fue generar un clima político que volviera a poner en el centro de la escena a la ex mandataria y, entre otras cosas, entorpecer el debate sobre la legalización del aborto. “Estamos viendo una jugada muy fuerte para que no haya ley. Que incluye no sólo los aprietes en todos lados, sino una movilización de guita impresionante”, aseguró Moreau, una de las diputadas impulsoras de la legalización. Además, señalan que el objetivo político es provocar divisiones entre los y las senadoras que apoyan la legalización, ya que varios tienen profundas diferencias sobre la figura de Cristina Fernández. Ferreyra señaló que serán los senadores quienes definan la cuestión pero explicó que los diputados adelantaron un pedido de sesión especial, previsto originalmente para el miércoles, para que no coincida con la sesión del Senado, incluso tratándose de una Cámara distinta. “Rechazamos cualquier tipo de maniobra que cambie o distraiga la agenda legislativa que impusimos las mujeres con la lucha y en las calles”, completó la legisladora porteña, Myriam Bregman, del PTS.

“Es una trama que violenta todas las garantías constitucionales”, aseguró por su parte la senadora del FpV-PJ, Marilin Sacnún respecto del pedido de Bonadio. La representante de Santa Fe advirtió que “hay una cantidad importante de antecedentes en la Cámara de Senadores de la Nación que sin sentencia firme no se puede avanzar en el desafuero porque constituiría una violación absoluta al derecho de representación popular que ejercen los legisladores”.