Milagro Sala cumplió ayer con el segundo día de huelga de hambre seca para protestar por su sorpresivo e injustificado traslado a un penal federal de Salta y su salud desmejora. Hasta el momento, solo su familia pudo verla en el nuevo lugar de encierro al que la trasladó el juez Pablo Pullen Llermanos, luego de que la dirigente social pasara casi una semana internada en un hospital de la capital jujeña producto de una intoxicación. Mientras la APDH tramita ante el Servicio Penitenciario Federal los permisos para que organismos de derechos humanos, médicos e incluso sus abogados, puedan ingresar al penal a verla, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados exprese “preocupación” por el estado de salud y el “aislamiento” que sufre la referente de la Tupac Amaru, además de repudiar el incumplimiento del Estado argentino de la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había exigido la detención domiciliaria.

“Este nuevo traslado es arbitrario y vulnera aún más los derechos de Milagro”, apuntó Álvarez Rodríguez como una de las razones que motivaron su proyecto de resolución. La diputada consideró, además, que “ante la clara persecución del gobernador Gerardo Morales y de la Justicia jujeña, desde el gobierno nacional no pueden seguir haciéndose los desentendidos”. “Tanto Macri como Morales optan por un camino de revanchismo para que a nadie más se le ocurra, en ninguna provincia del país, organizar a la comunidad y establecer un modelo que beneficie a los que menos tienen”, concluyó, vinculando estrechamente no solo el último traslado que sufrió Sala, sino los varios episodios que caracterizaron los más de dos años y medio de prisión preventiva que lleva cumplida en el marco de varias investigaciones judiciales habilitadas tras denuncias de la gobernación jujeña, desde que asumió Morales.

El proyecto de resolución presentado por Álvarez Rodríguez conmina a la Cámara baja a “expresar su profunda preocupación por el estado de salud y de aislamiento” de Sala, a días de su traslado al penal federal salteño de General Güemes, en donde no solo está lejos de su familia y sus abogados. Hasta el momento, informaron desde su entorno, solo su esposo y sus hijos pudieron verla. No así sus abogados. También insta a los diputados a “repudiar el incumplimiento por parte de las autoridades pertinentes” de la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, “que determinó que Sala debía cumplir detención domiciliaria en su residencia habitual, en el barrio de Cuyaya de San Salvador de Jujuy”. 

A pesar de que no pudieron verla en el penal, los abogados de Sala lograron reencontrarse con ella en una nueva audiencia judicial que se desarrolló ayer. Sala es juzgada en los tribunales de San Salvador de Jujuy junto a otras 30 personas, entre ex funcionarios y militantes de la Tupac Amaru, por presunta malversación de fondos públicos, extorsión y asociación ilícita. El CELS y Andhes denunciaron el miércoles el traslado al penal de Salta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.