Una jueza suspendió el tratamiento de la ley del Código Urbanístico en la Ciudad
Para escuchar a los vecinos
La Justicia porteña hizo lugar a un amparo por la falta de audiencias públicas para el tratamiento de los códigos Urbanístico y de Edificación, y congeló el debate de las leyes que el oficialismo busca aprobar el mes próximo.
El Código Urbanístico que propicia el gobierno porteño prioriza el negocio inmobiliario.El Código Urbanístico que propicia el gobierno porteño prioriza el negocio inmobiliario.El Código Urbanístico que propicia el gobierno porteño prioriza el negocio inmobiliario.El Código Urbanístico que propicia el gobierno porteño prioriza el negocio inmobiliario.El Código Urbanístico que propicia el gobierno porteño prioriza el negocio inmobiliario.
El Código Urbanístico que propicia el gobierno porteño prioriza el negocio inmobiliario. 
Imagen: AFP

La práctica recurrente del oficialismo porteño de saltar los mecanismos constitucionales para aprobar leyes en el ámbito de la ciudad quedaron otra vez en el ojo de la justicia. Una jueza porteña suspendió el tratamiento legislativo del nuevo Código Urbanístico y del Código de Edificación que el oficialismo buscaba aprobar en la Legislatura de la Ciudad en septiembre, tras admitir el amparo de dos ONG, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), que reclamaron por la omisión del Ejecutivo porteño y la asamblea legislativa de convocar y realizar las audiencias públicas obligatorias que fija la Constitución porteña. El titular del ODC, Jonatan Baldiviezo, dijo a PáginaI12 que “para el gobierno, el artículo 63 de la Constitución es letra muerta, no lo cumplieron en cientos de caso y por eso hay muchas leyes o proyectos de ley judicializados”.

La medida precautelar, dictada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Andrea Danas, le da cinco días al Ejecutivo local y a la Legislatura para que informen el estado parlamentario de los proyectos y si efectivamente se ha cumplido con la audiencia pública previa al tratamiento parlamentario.

En su escrito, la jueza sostuvo que “la suspensión del procedimiento legislativo se presenta como una medida necesaria para preservar los mecanismos de participación ciudadana garantizados constitucionalmente, y compatibilizar los intereses en juego, hasta tanto el tribunal pueda evaluar la procedencia de la medida cautelar solicitada, con mayores elementos de juicio”.

El fallo, que congela por el momento el tratamiento legislativo de los proyectos de ley N° 849-J-2018 (Código Urbanístico) y 1058-J-2018 (Código de Edificación), se da en el marco de la causa caratulada “Arce, Juan Alberto contra GCBA y otros sobre amparo” (Expte. N° A13917-2018/0), presentada por las dos ONG.

Los amparistas sostienen que de acuerdo al artículo 63 de la Constitución porteña es obligatoria la convocatoria a audiencia pública antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. Además, señalan que la audiencia que ordena el artículo 63 debe realizarse en el barrio o la comuna donde el proyecto tendría impacto. Y que esa normativa no se cumplió.

Los proyectos del macrismo, elaborados a la medida de las empresas constructoras antes que a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, según sostienen las voces más críticas, fueron remitidos en abril de este año a la legislatura por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Baldiviezo advirtió que ninguno de los mecanismos que intervienen en el llamado a audiencia pública se cumplió. “Tiene que publicar el llamado en el Boletín Oficial, poner avisos en los medios de comunicación y en la página oficial del gobierno. Posibilitar la inscripción personal y vía electrónica, con un plazo de más de veinte días. Las audiencias se deben hacer siempre por la tarde, y tienen que poner al alcance toda la información: proyectos, informes técnicos, antecedentes y fundamentos. Después de la audiencia tiene la obligación de informar cada propuesta de la ciudadanía y responderlas. Y recién entonces, toda esa información se remite a la legislatura para su tratamiento en comisiones”, detalló, y remarcó que “ninguno de esos pasos se cumplieron”.

El referente de la ONG señaló que “aunque se hicieron reuniones por comuna para discutir el Código Urbanístico, no eran audiencias públicas. Y ninguna de las miles de propuestas que hicieron los vecinos tuvo respuesta”. “La Constitución es clara, establece que debe haber dos audiencias, una antes de llegar el proyecto a la Legislatura y otra después de la primera lectura. Y es importante justamente porque en esas audiencias quedan registros de las intervenciones y propuestas de la ciudadanía”. 

En ese sentido, remarcó que el proceso fue tan informal que “de las reuniones que se hicieron en la Legislatura no quedó versión taquigráfica.

El gobierno dice que no puede estar convocando a tantas audiencias, pero no dicen ‘cumplimos con lo que ordena la Constitución’”, subrayó el abogado. 

Por otra parte, si bien hay consenso entre los especialistas en que es necesario reformar el Código Urbano actual, que se fue distorsionando desde que entró en vigencia en 1977, también entre las voces críticas hay acuerdo en que hubo falta de participación de los vecinos de la ciudad en la discusión que lleva adelante el oficialismo. Al que achacan avanzar con una nueva normativa, más interesada en garantizar los proyectos de los desarrolladores inmobiliarios que de regular el espacio público, y sin haber hecho estudios de impacto ambiental, social ni económicos que avalen el proyecto presentado. La meta, sostienen quienes objetan la iniciativa, es sostener el millón de metros cuadrados de construcción por año.

Al respecto, Baldiviezo apuntó que los ejes más críticos del proyecto oficial son, por un lado, que “está aumentando la capacidad constructiva en la ciudad sin tener en cuenta la situación actual de los servicios públicos, que están colapsados. No hay un plan ni un diagnóstico”. Por otro, “es un Código que no trae soluciones a los principales problemas de la ciudad”.

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