El Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) otorgó un amparo al juez Pablo Llarena –instructor de la causa por el proceso separatista catalán– frente a una denuncia presentada en Bélgica por el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus ex consejeros de gobierno. El CGPJ,  órgano de gobierno del Poder Judicial español, tiene como función principal velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. La demanda en Bélgica de los independentistas tiene su base en el argumento de que el juez no respetaba su presunción de inocencia en el proceso judicial porque no era imparcial. Con dicha denuncia, la justicia belga había citado a declarar el 4 de septiembre a Llarena, cosa que el amparo ahora impediría. “Los procesados demandantes en Bélgica han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado Llarena, intentando sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”, aseguró el CGPJ. La demanda, agregó el CGPJ, cuestiona la esencia misma del Estado de Derecho. Además, es un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que debe trabajar Llarena. El organismo prometió que se adoptarían todas las medidas necesarias para garantizar la independencia de Llarena en el proceso judicial y anunció que pedirá a los Ministerios de Exteriores y de Justicia que asegurasen la integridad e inmunidad de la jurisdicción española frente a los tribunales de Bélgica, informó el diario español Público. El objetivo de los demandantes era conseguir la recusación del juez. Según la ley española, el hecho de tener una causa abierta con una de las partes es motivo de recusación. “A partir de hoy el juez Llarena tiene una causa pendiente con nosotros, durante los próximos meses lo citará la justicia belga”, habían señalado los ex consejeros catalanes –que se enfrentan a procesos de extradición en los países donde están exiliados– en una conferencia de prensa hace diez días. La base de la denuncia presentada son unas declaraciones de Llarena del 22 de febrero de 2018, cuando Puigdemont y los cuatro ex consejeros estaban todavía en suelo belga. En aquella ocasión el juez había hablado en público sobre el proceso independentista en unas jornadas sobre delitos económicos en Oviedo.