El gobierno de Pedro Sánchez aprobó hoy una modificación a la Ley de la Memoria Histórica, que contempla retirar del mausoleo del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco. La resolución se deberá cumplir, una vez aprobada por el Congreso de los Diputados, dentro de un plazo de 60 días, y establece que los nietos del dictador tendrán quince días para decidir el nuevo destino de sus restos. En caso de que no lo hicieran, el Estado se encargará de su traslado a otro cementerio.
La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que la democracia "no es compatible con una tumba de Estado que exalte la figura de Franco", tal como sucede ahora en el Valle de los Caídos, un monumento construido entre 1940 y 1958 a instancias del propio dictador, donde también está enterrado José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, además de otros 33 872 combatientes de la Guerra Civil, de ambos bandos.
Como Primo de Rivera fue fusilado durante la guerra, en 1936, acusado de conspirar contra la Segunda República, se lo considera una víctima y no un genocida, como a Franco, por lo cual el Estado español considera legítimo que sus restos permanezcan en el enorme mausoleo que ordenó construir el dictador muerto el 20 de noviembre de 1975.
A pesar de que la Ley de la Memoria Histórica fue aprobada durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que reconoció como víctimas a los perseguidos por la dictadura franquista entre 1939 y 1975, su sucesor, Mariano Rajoy, redujo el presupuesto contemplado por la propia ley para resarcir a los damnificados, razón por la cual no fue posible retirar del ámbito público los símbolos residuales del franquismo.
