En un giro inesperado después del rechazo de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte del Senado, dos semanas atrás, la discusión seguirá en la Justicia. Los 38 senadores y senadoras que votaron en contra fueron denunciados ayer en los tribunales federales por el delito de abandono de persona seguido de muerte (artículo 106 del Código Penal), por el fallecimiento de al menos dos mujeres como consecuencia de abortos clandestinos, después de la sesión del 8 de agosto. La querella será presentada por un conjunto de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Asociación de Abogados Laboralistas, Encuentro Memoria Verdad y Justicia y el Comité de Acción Jurídica.

“Nunca había quedado tan claro que si no se aprueba una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito, se empuja a las mujeres a la muerte por abortos clandestinos con métodos muy precarios como un tallo de perejil. En el debate en el Congreso se demostró, con estadísticas, la cantidad de mujeres que mueren por las consecuencias de abortos inseguros. Al haber optado por el aborto clandestino, los senadores pasan a ser responsables de un delito que está previsto en el Código Penal y es el de abandono de persona, seguido de muerte. La impunidad no es gratis. No es un tema de convicción personal. La sanción de esa ley podía salvar vidas. Los senadores que votaron en contra son responsables de las muertes que están ocurriendo. No queremos que queden impunes”, explicó a PáginaI12 los fundamentos de la denuncia el abogado Juan Carlos Capurro, del CAP, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en Francia. 

–Está entre las potestades del Senado rechazar un proyecto de ley. ¿Esta denuncia no es una intromisión del Poder Judicial en la tarea legislativa? –le preguntó este diario

–El legislador, al tener la tarea de dictar leyes, es el máximo garante de la salud de otras personas. Al haber actuado al revés de lo que indican los estudios, teniendo la posibilidad de sacar al aborto de la clandestinidad, los senadores han actuado con dolo, porque comprendieron lo que estaban haciendo. No dieron una alternativa al aborto clandestino. Si hubieran promovido algún proyecto alternativo, sería distinto. Tendrían que haber hecho un esfuerzo por encontrar una solución al problema.

El artículo 106 del Código Penal dice: “El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”. En caso de que se configure el delito seguido de muerte, la pena se eleva de 5 a 15 años de prisión.

–¿Hay antecedentes de una querella por este delito contra legisladores por no sancionar una ley? –preguntó PáginaI12 a Capurro.

–No hay antecedentes. No es un tema menor. También es un llamado a reflexionar. Si un médico es Testigo de Jehová y tiene un paciente que necesita una transfusión de sangre, o tiene que hacérsela o renunciar a su puesto. Claramente el problema del aborto no es un tema de convicciones personales. Nunca había quedado tan claro, tan evidente, cómo se puede resolver el problema del aborto clandestino.

Después del rechazo de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, en la madrugada del 9 de agosto en el Senado, por 38 votos en contra, 31 a favor, y dos abstenciones, al menos dos mujeres murieron por aborto clandestino en la provincia de Buenos Aires, Elizabeth, en un hospital de Pacheco y Romina Fernández, en uno de Pilar. Las dos mujeres, Elizabeth, madre de un hijo, y Romina, de cuatro, se vieron forzadas a recurrir a métodos muy precarios para interrumpir un embarazo que no querían continuar, lo que les produjo infecciones que las llevó a la muerte.

Elizabeth tenía 34 años. Ingresó a la guardia del hospital Belgrano, en San Martín, donde le practicaron una histerectomía de urgencia. Había usado un tallo de perejil para abortar. La trasladaron a otro hospital, de Pacheco, donde estuvo en terapia intensiva y no pudieron salvarle la vida. Se conoció su muerte el 14 de agosto. A Romina Fernández la enterraron un día antes, el lunes 13, en Pilar. Romina había llegado con un aborto incompleto al hospital Sanguinetti, el mismo 8 de agosto en que se debatía el aborto en el Senado y falleció el sábado 11. Fue la segunda muerte que se conoció en los cinco días siguientes al rechazo al proyecto de ley que había conseguido media sanción en la Cámara Baja. Unos días antes, el 4 de agosto, falleció Liliana Herrera, de 22 años, en Santiago del Estero. Era madre de dos hijas. Las tres mujeres eran muy pobres.