A casi nueve años del asesinato del comunero Javier Chocobar, de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, comenzará en la provincia el juicio oral en el que serán juzgados un terrateniente local y dos ex policías que integraron las fuerzas represivas de la dictadura militar instalada en el país en 1976. Como muestra de la impunidad de la que gozan los imputados, el empresario Darío Luis Amín, y los ex agentes Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, por el homicidio y por la heridas graves que sufrieron, durante el ataque a balazos ocurrido el 12 de octubre de 2009, al menos otros dos miembros de la comunidad, Andrés y Emilio Mamaní, los acusados llegan al juicio en libertad. En un pronunciamiento firmado por “40 pueblos con cultura, identidad y saberes ancestrales” aseguraron que la del líder comunal fue “una muerte evitable” si se hubieran respetados las leyes nacionales y provinciales que reconocen la pertenencia a los pueblos afectados de las 15 mil hectáreas que son pretendidas, sin ninguna base legal, por el empresario acusado, que incluso irrumpió mientras se realizaba una ceremonia en un lugar sagrado diaguitas.
“En los territorios hay otras dos comunidades y todos los que estamos denunciando el atropello cometido desde hace nueve años, consideramos que una muestra clara del desprecio que recibimos por la sociedad occidental, está demostrada porque los tres imputados han pasado todo este proceso en libertad”, le dijo a Páginal12 Nancy Chocobar, hermana de la autoridad del pueblo diaguita que fue asesinado. Por otra parte, señaló que durante “todo el proceso pasamos situaciones de hostigamientos y amenazas, como la de noviembre de 2013 cuando varios individuos armados, secundados por gendarmes, atacaron la casa en la que vive la familia de Javier y hasta llegaron a hacer un asado en el mismo lugar donde mataron a nuestra autoridad; por supuesto que denunciamos esa nueva intromisión (ocurrida el 13 de noviembre de 2013”. Hubo otras intromisiones y amenazas de parte de María Sofía Herrera de Amín, madre del empresario imputado. Uno de los amenazados por la mujer fue Enrique Chocobar, otro de los hemanos del referente asesinado a balazos. Nancy Chocobar aseguró que a pesar de todo lo ocurrido “sobre todo el crimen cometido en una fecha tan simbólica para nuestros pueblos (el genocidio que significó la conquista de América)estamos fortalecidos para enfrentar este juicio”.
En el pronunciamiento de las 40 comunidades, que cuentan con el apoyo de Amnistía Internacional (ver aparte) y organismos de todo el país, se presentan como “pueblos con cultura, identidad y saberes ancestrales, llamados con desprecio ‘indios’ o con pena ‘sectores vulnerables’” cuando en realidad son “testigos clave del saqueo de nuestros recursos naturales y la destrucción de nuestros Territorios (...) ultrajados y despojados en nombre de la ‘civilización’ y el ‘progreso’”. Resaltaron que son “niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes y mayores, que vivimos en carne propia el asesinato de nuestra autoridad comunitaria Javier Chocobar desde aquel día nefasto del 12 de octubre de 2009”. Sostuvieron que “la dilación del proceso judicial, la desidia y el desamparo del Estado ante las hostilidades sufridas durante todos estos años, nos obliga, como sociedad, a reflexionar y cuestionar las desigualdades de acceso a la Justicia que debemos enfrentar los Pueblos Originarios”. Como una crítica concreta al hecho de que los tres imputados lleguen libres al juicio, cuando “existen evidencias contundentes del asesinato” entre ellas “un video de los momentos previos al hecho, en el cual se pueden ver y escuchar con claridad las amenazas y el uso de armas de fuego de los asesinos frente a la comunidad desarmada”.
Señalaron que hay “incontables antecedentes de las intimidaciones de los Amín contra los Chuschagasta, asentados en denuncias realizadas por la comunidad a lo largo de muchos años”. Citaron como prueba que “en febrero de este año la sentencia ‘Chiarello, Dante Vicente y Otros s/recurso de casación’ estableció que ‘la titularidad dominial de las tierras que posee la Comunidad, encuentra precedentes’ y que con estos se “acredita la posesión de la tierra durante generaciones antepasadas”. La Fiscalía sostuvo que en el fallo la Fiscalía señaló que ‘el asesinato de Javier Chocobar (...) aconteció en el contexto de una disputa territorial innecesaria, pues la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión (...). La imposibilidad de haber evitado la muerte de un ser humano, evidencia un déficit en la administración de justicia” máxime “cuando los integrantes de Chuscha, siempre estuvieron a derecho, y en todo momento evitaron recurrir a vías de hecho.” El juicio comenzará a las nueve de hoy en el Tribunal Oral 4 de Tucumán, mientras que los integrantes de las comunidades y de los organismos que los acompañan, se reunirán desde las 7,30 en la Plaza Urquiza, ubicada frente al paseo público “para acompañar y seguir reclamando que se respeten nuestro derehos”, concluyó Nancy Chocobar.
