Además de lo que se le acusa, Analía de Jesús es culpable de ser mujer, con el agravante de lesbiana. No son figuras sancionadas en el Código Penal, aunque parecen tener peso al momento de evaluar si existió una legítima defensa. Porque De Jesús dice que amenazaron con partirle el cráneo con un cascote y que por eso se defendió. Que eran diez contra ella, la habían golpeado e intentaron violarla. Que le gritaban torta, lesbiana y la dejaron inconsciente como castigo ejemplicador. Más allá de eso, para la causa judicial que la tiene presa desde octubre no se defendió: está investigada por “homicidio”, mientras ninguno de sus agresores fue sancionado.
“Así como hay selectividad criminalizante hay impunidad selectiva. El recorte legal que apela a la neutralidad e igualdad ante la ley, al mismo tiempo ignora la matriz patriarcal particularmente lesbofóbica en que se produce esta agresión. Así se recorta artificialmente el conflicto en cierto momento de desenlace. Y esa forma de reacción deja al caso desprovisto del contexto que permite comprenderlo como una acción defensiva de las que la propia ley autoriza, bajo el esquema de legítima defensa. Esta es una muestra cabal, y reiterada, de la misoginia punitiva que asegura impunidad cuando hay identidades femeninas victimizadas y un castigo especialmente dirigido cuando esas mismas identidades se defienden de un historial de violencias”, dijo a SOY Ileana Arduino, abogada con orientación en Derecho Penal, feminista e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
“El modo de responder del sistema judicial, negando la dimensión de género, legitima estas suertes de fuente ovejunas inversas, pues se rebelan a favor del sometimiento y la opresión frente a las formas de relación hegemónicamente validadas. Todos los abusos previos sustentados en el heteropatriarcado que ella padeció, se exacerban ni más ni menos que con la intervención de un poder de Estado que debería aportar justicia y reducción de los niveles de violencia. Y cada vez que se niega esa dimensión de violencia, se refuerzan las peores expresiones del régimen de estatus heteropatriarcal”, dijo Arduino.
Para configurarse como delito, el homicidio tiene que pasar varios filtros de análisis. Uno de ellos, es que no haya una justificación que demuestre que, más allá de que materialmente una persona dio muerte a otra, las circunstancias concretas de ese caso justifican el hecho. No como dispositivo de impunidad: sino porque no había otra opción. Defenderse es un derecho, de ahí se desprende la figura de legítima defensa.
“Este derecho aparece más legitimado cuando lo ejerce un varón y cuando lo que se defiende es la propiedad. Y muchas veces no es ni considerado cuando lo ejerce una mujer para salvar su vida, como en el caso de Analía. Es verdad que estos casos reflejan una aplicación desigual de las garantías legales: que Analía sea mujer, lesbiana y pobre debería reforzar los mecánicos de abordaje para defenderla. Sin embargo, esas características que hacen a las personas más vulnerables a las injusticias producto de la discriminación, suelen utilizarse para incriminarlas aún más. Como pasó en la causa de una mujer trans en La Plata, donde el juez expresamente argumentó el agravamiento de la pena por ser la imputada trans, trabajadora sexual y peruana”, explicó Flavia Massenzio, integrante de la Defensoría LGBT, que forma parte junto a más de diez organizaciones de una mesa de trabajo para exigir justicia por De Jesús. “Investigaremos a fondo qué irresponsabilidades e injusticias han generado que todavía esté presa, sin ninguna observación del debido proceso, y sus agresores estén libres sin ninguna investigación sobre lo que hicieron”, dijo Massenzio.
Para Aixa Rossi, quien denunció una situación de violencia en carne propia y se unió a las Defensorías de género, la Justicia tiene diferentes varas para medir a quienes acusa: “Usualmente a la hora de condenarte y ser selectivos, se busca gente que sea pobre, sin recursos para defenderse, vulnerables e ‘ignorantes’, porque se parte de una idea de que las mujeres en general somos ignorantes y carecemos de niveles de educación por lo que implica ser mujer, por tener que enfrentar la vida de otra manera y quizá ser madre. En el caso puntual de Analía, como hay gente con poder metida en el medio, se habla de familiares de policías, resulta más fácil señalarla a ella, porque si no se sabrían muchísimas cosas detrás”.
Haciendo un breve recorrido por casos similares que resonaron en el último tiempo, desde las hermanas Jara hasta Reina Maraz, se puede pensar que De Jesús se inscribe en una línea de causas que no generan ni siquiera la empatía popular de la llamada “justicia por mano propia”. Porque el carácter vindicativo de la “mano propia” se ordena con una lógica donde un victimario merece un castigo. Y una lesbiana que se defiende de diez hombres que la amenazan no cuadra dentro de esas codificaciones. Mientras corre la feria judicial, ella sigue a la espera de que su legítima defensa tenga el mismo peso que la presunción de inocencia de sus agresores.
