“Durante la época de la vigencia de las leyes de impunidad era un infierno vivir, una se cruzaba con torturadores en la calle o los veía declarar en televisión. Era vivir con la certeza de que nunca íbamos a saber la verdad, sino a costa de las víctimas”, recordó la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante el panel “Reflexiones a 15 años de la anulación de las leyes de impunidad”, realizado en la Casa por la Identidad, en el predio de la ex ESMA. De la actividad, moderada por el periodista Mario Wainfeld, participaron las ex diputadas nacionales Nilda Garré, Marcela Rodríguez y Patricia Walsh y el ex jefe de Gabinete de ministros Alberto Fernández, quienes desde sus espacios políticos y sociales fueron parte de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, puntapié fundamental para impulsar los juicios a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. También disertó Leandro Despouy, diplomático argentino que contribuyó a difundir en las Naciones Unidas el derecho a la identidad y la búsqueda de justicia.

En el marco de una convocatoria plural, que reunió a referentes de sectores diversos que trabajan por la defensa y la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, Carlotto trazó el recorrido histórico de la lucha de Abuelas y describió la trastienda de la derogación de las leyes de la impunidad que habían sido sancionadas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, cuya nulidad fue declarada por el Congreso en 2003 y refrendada dos años más tarde por la Corte Suprema –que las declaró inconstitucionales–. En ese sentido, destacó la importancia de los Juicios por la Verdad que, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los genocidas, “sirvieron muchísimo para acumular historias, testimonios y pruebas para cuando estas leyes cayeran”. 

En paralelo, la titular de Abuelas analizó la actualidad de las políticas de derechos humanos, cuya cristalización podría ubicarse en el intento –fallido, tras una enorme movilización popular– de la Corte Suprema por aplicar el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad, en mayo de 2017. “Estamos muy preocupadas por lo que está pasando en estos tiempos”, sostuvo Carlotto, y sentenció: “Se nos desprecia, en campaña se nos dijo que éramos un curro. Nunca escuchamos por parte del Presidente (Mauricio Macri) que nos diga, aunque sea por Twitter como suele hacer, ‘qué suerte que encontraron otro nieto las Abuelas’”. En línea con esta crítica, Garré consideró que el encuadramiento legal de las Fuerzas Armadas en la democracia para que no se ocupen de la seguridad interior “lamentablemente fue eliminado por Macri a través de un decreto simple, trabajosamente hecho para que parezca que no deroga las leyes, cuando en realidad sí lo hace”. “Vemos que este Gobierno quiere retroceder”, señaló quien fue ministra de Seguridad y de Defensa durante la gestión kirchnerista. Y agregó: “Es momento de reflexionar sobre los logros de la lucha por los derechos humanos, pero también cuidarlos, analizando esta situación actual donde para garantizar un plan de ajuste salvaje se generan excesos. Hay que impedir que actores institucionales que están para otra cosa sean usados en la represión del pueblo”.

“El día de la anulación de las leyes fue un punto de inflexión; ese día comenzó a escribirse otra historia”, consideró por otro lado Fernández, quien detalló el trabajo político del gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, que allanó el camino para poner fin a las leyes de impunidad. El ex jefe de Gabinete explicó que fue “actor y testigo del día D, cuando desde el poder se decidió que este no debía ser más un problema de la periferia, sino de toda la Argentina”, y dio cuenta de la complejidad del proceso de juzgamiento a los genocidas, obstaculizado por las presiones ejercidas desde el Ejército y los sectores ligados a él. 

En torno a esto, Despouy señaló que “los golpistas querían arrancarnos las leyes y pedían que paremos con los juzgamientos” y llamó a “ver no solamente la dimensión interna, sino sobre todo la proyección internacional de la lucha de los organismos”.

Durante la jornada, los oradores destacaron la masividad que, con los años, fue adquiriendo el rechazo a los crímenes de lesa humanidad y la defensa de las políticas de juzgamiento a los genocidas, e hicieron alusión al trabajo de hormiga, paso a paso, que los organismos de derechos humanos llevaron adelante para que la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se convirtiera en una realidad. Al respecto, las ex diputadas Walsh y Rodríguez –que fueron, de alguna manera, las espadas parlamentarias de la anulación– coincidieron en “celebrar estas luchas que surgen en los márgenes, que se respaldan con el cuerpo y se ganan en la calle”. “Hay una sociedad absolutamente movilizada –completó Rodríguez– y eso es esperanzador.”