La Cámara de Casación Penal anuló las absoluciones de dos represores de Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar y le ordenó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín que dicte una nueva sentencia para ellos. Se trata de Eduardo Alfonso y Rafael López Fader. En noviembre pasado, el tribunal de San Martín los había absuelto en relación con diferentes asesinatos por los que habían sido juzgados. Así, López Fader quedó en libertad inmediata y Alfonso, condenado a escasos cuatro años de cárcel por su participación en un operativo ilegal y el secuestro de una militante que permanece desaparecida, a escasos pasos de requerir la excarcelación por haber cumplido más de la mitad de la pena en calidad de prisión preventiva. Entonces, las querellas del caso rechazaron la sentencia y apelaron. Ayer, el tribunal de alzada consideró insuficiente la pena de Alfonso y errónea la absolución de López Fader. 

El 24 de noviembre de 2017, cuando fue leído públicamente, el fallo con el que los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Rodríguez culminaron el juicio en contra de Alfonso y Fader fue ampliamente repudiado. Después de casi dos meses de debate, decidieron otorgarle el beneficio de la duda a López Fader, quien fue capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, a quien juzgaron por el asesinato del diputado Diego Muniz Barreto y del intento de asesinato de su amigo Juan José Fernández. También resolvieron condenar a Alfonso solo por el allanamiento ilegal en el que secuestraron a Beatriz Recchia y a su hija de tres años, así como por el secuestro de ambas, pero absolverlo por las torturas que Beatriz recibió en cautiverio, así como por el asesinato de Antonio García, su compañero. 

“El fallo había sido vergonzoso”, definió la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo Carolina Villella. El organismo, así como los hijos de Muniz Barreto, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fiscalía, apeló la sentencia. La defensa de Alfonso también lo hizo: buscaba una condena menor.

En un fallo dividido, la Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar al recurso de las querellas y la Fiscalía y le ordenó al TOC 1 de San Martín impartir una nueva sentencia para ambos represores. La decisión fue celebrada por las querellas, que no saben de todos modos cuándo se llevará a cabo. Un dato a tener en cuenta es que los jueces que firmaron esa sentencia ya no integran más el TOC Federal 1 de San Martín.

En el caso de Alfonso, con los votos de Slokar y Borinsky, la Sala II de Casación determinó que la condena que había recibido debía ser mayor, ya que se había dejado afuera la muerte de García. A fines de agosto, los camaristas y su colega Angela Ledesma habían oído a Juliana García, hija de Beatriz y Antonio, y quien fue secuestrada junto a su mamá cuando tenía tres años, pedirles con temor que revieran la pena del represor ya que podía fugarse nuevamente. Es que antes de ser detenido durante la instrucción de la causa, Alfonso estuvo prófugo. “Es imperioso que vuelva a ser detenido antes de que vuelva a recibir una sentencia”, evaluó Villella. De ser condenado por la muerte de García y las torturas aplicadas a Recchia, a Alfonso le correspondería una sentencia a prisión perpetua, una pena que habían solicitado la Fiscalía y Abuelas de Plaza de Mayo.

El Ministerio Público Fiscal, representado en el juicio por Marcelo García Berro y Guillermo Silva, también había solicitado prisión perpetua para López Fader, a quien el TOC Federal 1 de San Martín absolvió por el beneficio de la duda. En este caso, Casación revocó directamente la sentencia. Con citas a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por voto mayoritario, Slokar y Borinsky opinaron que “la duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso”. En ese sentido, les dio la razón a los hijos de Muniz Barreto, ya que “la sentencia resulta arbitraria por la omisión de ponderar elementos dirimentes y de responder planteos conducentes de la acusación, arribándose a una absolución infundada”.

Muniz Barreto y Fernández habían sido secuestrados en Escobar por una patota comandada por el genocida Luis Abelardo Patti. Pasaron por la comisaría de Tigre y terminaron en Campo de Mayo, donde fueron torturados. Luego fueron llevados en un auto hasta un descampado y allí drogados. A Muniz Barreto lo fusilaron, lo metieron en un auto junto con Fernández e intentaron hundir el auto en el agua, pero Fernández se salvó.