El juez Sebastián Casanello continuará a cargo de la investigación por los aportantes truchos de Cambiemos. El magistrado rechazó el pedido de su colega bonaerense con competencia electoral, Adolfo Ziulú, quien buscaba acumular todas las investigaciones por las presuntas irregularidades en el financiamento de la campaña del oficialismo para las últimas elecciones legislativas. Así, la causa seguirá su curso en Comodoro Py bajo tipificaciones penales graves. Además, en los últimos días, Cambiemos volvió a estar en la mira tras una nueva investigación periodística que señaló que el equipo de campaña que para las elecciones presidenciales de 2015 lideró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó pagos millonarios de forma irregular y desvió fondos de la Ciudad de Buenos Aires para lanzar la candidatura de Mauricio Macri. 

La causa a cargo de Casanello surgió a partir de una denuncia de La Alameda por los supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica. En su presentación, la organización que dirige Gustavo Vera daba cuenta de afiliaciones masivas forzadas al PRO y de 200 casos de aportes de campaña falsos, presuntamente armados con listados de beneficiarios de planes sociales. El juez Ziulú había declarado la competencia de su fuero electoral para entender en todas las causas relacionadas con el control del cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y, en función de ello, le pidió a Casanello –y también a Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 3, donde está radicada la tercera denuncia– que se desprendiera de su investigación. El magistrado, mediante una resolución, rechazó esa petición y recordó que cuenta con aproximadamente medio centenar de declaraciones testimoniales –que ratificaron las denuncias realizadas por las víctimas–, un informe pericial caligráfico, distintos informes oficiales y otros en curso, por la cual seguirá al frente del caso.

La hipótesis de Casanello es que los listados de aportantes a la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en Buenos Aires fueron confeccionados con los nombres de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero que habían aportado en realidad personas que no querían figurar o bien empresas, lo que está vedado por la ley electoral. Esto también es señalado en la denuncia de la jefa del bloque de senadores provinciales de Unidad Ciudadana, Teresa García, contra los responsables políticos de la campaña –con la gobernadora María Eugenia Vidal a la cabeza– que quedó bajo la órbita de Kreplak. 

Mientras la investigación en torno al escándalo de los aportantes truchos avanza, un nuevo informe de El Destape reveló en los últimos días el contenido de más de cuatro mil correos electrónicos en los que se da cuenta, por un lado, del desvío de fondos públicos del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires –por entonces a cargo de Fernando De Andreis, actual secretario general de la Presidencia– para financiar la campaña de Macri en 2015 y, por otro, de pagos millonarios a proveedores que fueron omitidos ante la Justicia Electoral. En los mails que cruzaban los integrantes del equipo de campaña liderado por Peña, a los que tuvo acceso el portal periodístico, queda en evidencia la participación de importantes funcionarios del gobierno porteño, quienes actualmente ocupan cargos en Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación. Se trata principalmente, además de De Andreis, del actual subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión en Jefatura de Gabinete nacional, Ezequiel Colombo, y del director general de la Administración en Presidencia de la Nación, Leonardo Bellante.

Consultada al respecto por PáginaI12, la investigadora asociada del programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) María Page indicó que el sistema como está planteado en la actualidad “genera que el candidato se desentienda, que mire para otro lado. Hoy nadie que tenga trayectoria política podría asegurar que en su campaña no pasó nada”. “Estamos convencidos de que las campañas en este país se financian con dos fuentes: el desvío de recursos públicos y los aportes de empresas. Ninguna de las cosas se declara porque las dos son ilegales, lo primero es corrupción y lo segundo está prohibido”, señaló Page, y disparó: “Por eso las rendiciones están tan dibujadas, porque no pueden decir de dónde sacan la plata”.