Sancionaron una ley para regular la venta y los arreglos de celulares
Registro contra las cuevas
La norma obligará a identificar online los celulares usados y los repuestos que se usen. Los comercios dedicados a la reparación deberán tener documentación para permitir controles. Dudas sobre la aplicación de la ley.
En Argentina, más de 4000 celulares son robados cada día.En Argentina, más de 4000 celulares son robados cada día.En Argentina, más de 4000 celulares son robados cada día.En Argentina, más de 4000 celulares son robados cada día.En Argentina, más de 4000 celulares son robados cada día.
En Argentina, más de 4000 celulares son robados cada día. 

La Legislatura porteña sancionó una ley que regula la comercialización y reparación de celulares usados, como parte de una estrategia para combatir los robos de teléfonos, que alimentan un mercado ilegal millonario y siguen estando entre los delitos cometidos con más frecuencia en la Ciudad de Buenos Aires, aunque las cifras registran una leve baja.

La medida se suma a otras implementadas en los últimos meses para intentar frenar un delito que, de acuerdo con las estadísticas, implica el robo de tres teléfonos por minuto en el país. 

El objetivo principal de la norma es controlar las denominadas “cuevas”, los locales de reparación y reventa de celulares, a través de la creación de un registro público, online y gratuito para “la identificación de los aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes, afectados a la compraventa y reparación”. Quienes se dediquen a esta modalidad comercial deberán ingresar en el sistema de comercialización de celulares los datos de cada celular que posean para la venta, la descripción de las partes y/o de los repuestos que utilicen para la venta y/o reparación de otros teléfonos celulares; los teléfonos celulares que tengan para reparar y las operaciones de compraventa y/o reparación que realicen. Además, deberán contar en el local con la documentación respaldatoria de titularidad o tenencia, lo que permitirá controles cruzados de la información.

Además, la ley –que establece sanciones económicas, que irían de los 18 mil a los 90 mil pesos, y clausuras por incumplimiento– permite que los particulares puedan sumar voluntariamente sus celulares al sistema de control. El seguimiento de la aplicación estará a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, que contará con esta herramienta para ir a inspeccionar los lugares.

Cuando se secuestren celulares por incumplimiento de la norma, la autoridad de aplicación dará a conocer el listado de esos teléfonos con el detalle de los datos de cada dispositivo. La publicación será en el sitio web (que todavía no ha sido creado) y, por un día, en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la puerta del establecimiento inspeccionado. El texto también indicará que los dueños de esos celulares podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas en el plazo de 60 días para solicitar su restitución.

Si bien a primera vista la regulación parece una herramienta útil, “cueveros” consultados por este diario señalaron que la eficacia dependerá de cómo se reglamente la norma, porque hay detalles que serán técnicamente inaplicables. 

Según estos expertos, “hay cosas que no son registrables, como las pantallas de los celulares, y muchos repuestos”. “La realidad es que la única identificación real es el IMEI (Código de Identificación Internacional de Equipo Móvil) de los equipos. Cuando desarmás un celular, no todas las partes tienen un número de serie, alguna que otra sí, y en ese caso es una información que no se puede contrastar porque la base de datos la tienen los fabricantes en su casa matriz. Es decir, podés tirar el motherboard donde está el IMEI y registrar el resto porque no lo pueden corroborar. Complicás el desarmadero, sí, pero lo van a hacer igual. Tenés que pedir que te den la factura de dónde compraron los repuestos”, explicó el reparador.

En el país se registran aproximadamente 4200 robos de celulares por día, es decir, más de 1.500.000 por año, que se reparten entre dos circuitos de venta ilegal: algunos de alta gama van al mercado externo, a países donde no se bloquean; otros, como los Iphone, cuya demanda de repuestos es alta porque no se venden, son usados para recambios y reparaciones. El resto se revende en las “cuevas”, donde los sectores económicos medios-bajos y bajos recurren para la compra y, sobre todo, para la reparación, porque los servicios oficiales de las marcas cobran fortunas por las reparaciones.

La nueva regulación apunta a este circuito de comercialización, y se suma a las otras medidas implementadas: el bloqueo en todo el país de los aparatos robados y la creación de listas negras por medio del IMEI asociado a cada celular, que es automático en el caso de los aparatos con línea mensual. En el caso de los prepagos, usado por el 80 por ciento de los usuarios, se habilitó un registro en el que deben inscribirse a través de un llamado al *234#, que les permite vincular su teléfono con el número único de identificación. Además, se habilitó el *910 para denunciar el robo y bloquear el equipo.

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