Tres casos de violencia institucional preocupan sobremanera a la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que esta semana pedirá respuestas a la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos. Se trata de crímenes en los que están involucrados agentes de las fuerzas de seguridad, cuyas investigaciones "están paralizadas", denunciaron. El mes pasado, los abogados de la Asamblea se reunieron con el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, quien les "prometió auditar esos legajos judiciales". Para el abogado Guillermo Campana "no hay predisposición de la Fiscalía de Homicidios para investigar a los policías"; y aseguró que con algunas medidas "se busca justificar esas muertes".
Los crímenes de Carlos Godoy, Alejandro Ponce y Maximiliano Zamudio son tres casos puntuales de presunto gatillo fácil que el equipo legal de la Asamblea considera "trabados". En la audiencia con De Olazábal, los abogados plantearon que ven "una falta de predisposición para investigar las causas en las que hay personal policial involucrado". Campana relató: "Le dijimos claramente que vemos que la Fiscalía cree en el relato policial, cuando los agentes son los sospechados; que se desconoce la versión de testigos o de familiares de las víctimas. En ese sentido, le planteamos las dificultades para que las víctimas sean recibidas, porque no se los atiende si no es con una manifestación en la puerta. También le dijimos que vemos lentitud para llevar adelante las medidas solicitadas, como cuando pretendemos constituirnos en querellantes. Y que en muchos de los casos, los investigados terminan siendo las vícitimas y sus familias. Incluso se busca justificar las muertes en base a antecedentes de los pibes", protestó.
Los abogados plantearon quejas hacia el fiscal Miguel Moreno. "Es con el que más dificultades tenemos", dijo Campana; quien planteó: "Son causas con más de un año". Ante ello, esta semana buscarán reunirse con el funcionario.
Los casos
- Carlos Godoy fue asesinado la mañana del 24 de mayo del 2015. Tenía 25 años y murió por el impacto de dos balas policiales. El hecho se perpetró en la intersección de Garzón con el puente de Avenida Sorrento, donde termina el barrio Empalme Graneros. La versión de la Fiscalía se ajusta al relato policial, según se quejaron desde la Asamblea. Esa versión apunta a que el joven quiso robarles a dos agentes y murió en el enfrentamiento con armas de fuego. Los familiares del chico y vecinos que declararon como testigos dieron otra versión, relacionada con un hecho de gatillo fácil, con un arma plantada en la mano derecha del joven, que era zurdo.
Las pruebas y relatos dan cuenta de que dos balas impactaron por la espalda contra el cuerpo de Carlos ‑que volvía de la casa de su suegra, donde había dormido la noche anterior‑, cuando bajaba las escaleras del puente. El muchacho logró ponerse de pie y correr unos metros más por un caminito de tierra que lleva a calle Garzón, donde finalmente cayó sin vida.
Los policías involucrados están en libertad y nunca fueron imputados. Se trata de José Arturo V. y Daniel Alberto S., agentes del Comando Radioeléctrico y la Policía de Seguridad Vial. Aquella mañana iban en moto a cumplir adicionales a una empresa de la zona. Según ese relato, dos personas arrojaron un tronco al pavimento con intenciones de robo. Cuando los policías dieron la voz de alto fueron agredidos con disparos de armas de fuego y se desató un enfrentamiento. Fue entonces que los dos supuestos ladrones intentaron huir bajando por la escalera, y Carlos -que no participaba de esa acción- cayó herido.
Desde la querella que representa a la familia de la víctima indican que la investigación arrojó pruebas suficientes para que los efectivos sean citados e imputados. Además, aseguran que en la carpeta judicial hay un acta policial adulterada, lo que alimenta la hipótesis de que a Carlos le plantaron un arma.
"Hace unos seis meses que solicitamos una reconstrucción del hecho, pero no tenemos respuestas. El fiscal nos planteó una teoría del caso que para nosotros no es así, como que Carlos estaba robando. También pedimos una pericia caligráfica para demostrar que la víctima era zurdo, cuando el arma apareció en su mano derecha. Pero todo se demora. Lo que está claro es que lo balearon por la espalda y que él no tenía pólvora en las manos; pero dijeron que sí tenía hollín, como el tronco que estaba cruzado en el camino", se quejó Campana.
- Alejandro Ponce tenía 23 años cuando el 2 de noviembre de 2015 su cuerpo apareció flotando en el río Paraná. En este caso la policía rosarina también está involucrada. El chico estaba con su hermano a la altura de calle Balcarce, cuando llegó la policía persiguiendo a dos muchachos. El relato de los testigos es que el chico se tiró al río cuando la policía los empezó a seguir; pero lejos de ayudarlo a salir del agua, mientras gritaba que se ahogaba, le "tiraron piedras". Uno de los testigos aseguró que un policía le dijo "morite, negro de mierda".
Por aquellos días se conoció una secuencia fotográfica tomada por un testigo del hecho, en la que se ve a un joven con el agua hasta el cuello y los brazos en alto. "Es una causa complicada, por el lugar donde sucedieron los hechos y porque hay solo dos testigos que dan cuenta de que tanto él como su hermano fueron apedreados por la policía. Su hermano también es testigo del hecho, pero como a estos testigos se los califica de ladrones, sus testimonios fueron desvalorizados", relató Campana. Incluso, dijo que "a una tía se le intervino el teléfono: se termina investigando a las víctimas". En el caso, "se avanzó muy poco. De hecho nosotros vimos que la autopsia era un desastre y pedimos una nueva, porque lo que se hizo no encaja en ningún protocolo. Hay una contusión en la cabeza que fue constatada en el momento del levantamiento del cuerpo y no en la autopsia. Nos parece muy importante, porque los testigos dicen que le tiraron piedras mientras se ahogaba, y que la policía no lo ayudó a salir".
En el caso hay cinco policías identificados que fueron citados como testigos en la causa; pero tampoco fueron imputados. "En su declaración dicen que el chico solo se puso en una situación de peligro y que se ahogó solo", dijo Campana, que conoce el expediente.
- Maximiliano Zamudio tenía 16 años cuando recibió tres disparos mortales a manos de un prefecto, en el barrio Tablada, a fines de mayo de 2015. Del hecho hay dos versiones completamente diferentes: el fiscal Miguel Moreno expresó que lo que surge de la declaración del cabo primero Ariel Fernando A. C., de 34 años, es que todo ocurrió tras un intento de robo, cuando éste entró con su Ford Falcon blanco a un pasillo de la barriada, donde llevó a una chica a buscar un equipo de música para una fiesta. Dijo que dos jóvenes lo enfrentaron con un arma larga, por lo que sacó su pistola y disparó. En tanto, la familia y los vecinos de la víctima aseguraron que el acusado estacionó en cercanías de la casa de Maxi, quien estaba en la vereda, y le pidió que se acercara al auto. Hubo un intercambio de palabras y cuando el chico comenzó a alejarse, el oficial lo insultó. Ahí recibió los primeros dos tiros; un tercero sonó cuando ya estaba en el piso. El prefecto está en libertad. "Hay mucho por hacer. Se valora un WhatsApp que alguien envió a un familiar en el que supuestamente se habla de armas. Entonces ahí sí se valora lo que dice un pibe. Solo se validan esos testimonios para decir que la muerte de un chico está justificada", lamentó Campana sobre el caso en el que la familia es acompañada por la Defensoría Provincial.
