En el marco del enamoramiento de Mauricio Macri con Christine Lagarde, el Gobierno ya empezó con los regalos: no sólo apeló el fallo de la jueza Adriana Cammarata, que le exigía restituir las pensiones no contributivas por invalidez, sino que a través de la resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial, estableció que todo aquel que haya sido notificado de una baja en su pensión debe presentarse en el lapso de diez días en la Anses para ratificar que cumple con una extensa lista de requisitos. En la resolución, el Gobierno se ampara explícitamente en el decreto 432/97, firmado en el gobierno de Menem, con toda su preocupación por la justicia social y la situación de los más desamparados. 

El Gobierno pasó por encima de la adhesión de la Argentina, por ley y en el 2008, a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y resolvió que los que no se presenten en la Anses serán dados de baja automáticamente.

Karina Herrera es vicepresidenta de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, es mamá de dos nenes con TEA (trastornos del espectro autista) y está separada (cuenta que tiene un botón antipánico por haber sufrido violencia de género a manos del papá de sus hijos). En diálogo con PáginaI12, dijo: “Es una barbaridad por todos lados. Para este Gobierno, las pensiones son sólo para personas vulnerables, pero únicamente considera vulnerables a las personas que están en situación de calle. Entonces es un altísimo porcentaje el que se queda sin pensión”. 

Herrera explicó algunos de los aspectos que transforman la resolución 268/18 en “un despropósito”: “Primero que nada, el decreto en el que se escuda el Gobierno es para pensiones por invalidez, que no tienen nada que ver con las pensiones por discapacidad (mis hijos no entran en lo del 76 por ciento de incapacidad laboral, por ejemplo). Por eso hay muchos especialistas que consideran que el decreto es inconstitucional, que no se puede aplicar a estos casos”. 

Pero esa inconsistencia no es lo único que determina la vida de los beneficiarios de las pensiones: “El Estado realmente no está ayudando en nada a las personas con discapacidad y a sus familias. Nos quieren quitar las pensiones, no les pagan a los prestadores y ya tienen deudas millonarias con ellos, no alcanzan los centros... En lo que hace a la educación, tengo agotadoras peleas en los jardines porque no quieren aceptar chicos con discapacidad, pese a ser jardines municipales y a que es ilegal que no los anoten. No quieren renovar las vacantes, todo es una larga lucha”. Y en la salud, las cosas no están mejor. “Como vivo por Constitución, los chicos deben ser atendidos en la Casa Cuna o en el Garrahan, lo cual me obliga a instalarme a las 10 de la noche con uno de los chicos, o con los dos, para que a la mañana siguiente me den un turno a seis u ocho meses para ‘inclusión’. Y a veces ni así consigo que los atiendan. En el Tobar García, que es el neuropsiquiátrico para chicos y adolescentes, no lo aceptaron porque me dijeron que yo tendría que tener IOMA. Pero IOMA no me acepta. Entonces, como solución, me dijeron que presentara mi caso en la comuna que me corresponde, que está en la calle Paraná. Yo tengo que hacer todos los trámites con los dos chicos, si no están en el jardín”, detalló Herrera, que insistió en que si bien no está en la calle, sí le resultan imprescindibles las pensiones. “Soy monotributista, no tengo obra social y entonces tengo que estar rastreando si el papá de los chicos está trabajando en blanco, para que los incluya él. Ahora encontré que sí tiene obra social, pero como hay una orden de restricción por violencia, no me lo comunicó. Todo se complica muchísimo”, detalló.

“Cuando hay alguien con discapacidad en una familia, lo primero que empieza a faltar es tiempo. Todo cuesta mucho y es imposible para mí trabajar y ocuparme de mis hijos. Ahora nos va a llegar un aviso en el recibo para presentarnos en la Anses con todos los documentos y hacer de nuevo los trámites, porque siempre hay algo que les falta. En situaciones de extrema vulnerabilidad estamos muy apremiados. Por eso, desde Afapprei estamos convocando a reunirmos en el Congreso el 3 de octubre, a partir de las 16. Y vamos a participar, el 4 de octubre, de la marcha en defensa de la ley de salud mental. Porque es la misma pelea para todos”, reflexionó.