Como despedida de sus 11 años como presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti dejó un informe de gestión administrativa, en el que intenta mostrar que las cuentas están en orden, que incluso logró producir recursos propios y superávit y que su política fue de austeridad. Un párrafo sugestivo se compara con los gobiernos, cuando dice que hizo un fuerte control de gastos y de la “planta de personal ocupada pasando del 77% en 2008 al 56% en 2018: de 4732 cargos aprobados por ley de presupuesto para 2018 sólo están ocupados 2.663. Este dato contrasta con el incremento registrado en la administración nacional, cuyo crecimiento osciló en el orden del 30 por ciento durante ese mismo período”.
El de ayer fue el último plenario supremo con Lorenzetti como presidente, después de que tres de sus colegas decidieran acortarle el mandato, que debía finalizar el 31 de diciembre. La semana próxima asumirá Carlos Rosenkrantz, con su bagaje de abogado de empresas y su sello de mentor del fallo del 2x1 a favor de los genocidas. Como parte de su despedida de la presidencia, Lorenzetti dejó un informe sobre las cuentas supremas que, además, implica un respaldo a Daniel Marchi, su mano derecha. Es posible que, de todos modos, la nueva conducción haga alguna auditoría.
El informe dice que su gestión logró, en lo financiero, disponibilidades que ascienden a 26.019.143.851 pesos. Parte está en plazos fijos en el Banco Nación, el banco Ciduad y otras cuentas. Hay 8.398 millones de la obra social del Poder Judicial también en plazo fijo y cuentas. El juez sostiene que se generan nuevos ingresos con los rendimientos. “Se registran más de diez años con superávits mensuales que arrojaron un superávit total de 16.020.120.391 pesos”. La Corte, dice, tiene créditos a cobrar por unos 6000 millones y su mayor deudor es el Consejo de la Magistratura. El tribunal, se jactó Lorenzetti, no tiene deudas vencidas ni solicitó aportes del Tesoro Nacional.
