Que Pedro Federico Hooft sea hijo del homónimo juez denunciado por ser partícipe y cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura no es el dato que enciende la alarma ante su candidatura para hacerse cargo del Juzgado Federal número 1 de Mar del Plata. Sí lo es la defensa que realizó de su padre cuando estuvo a punto de ser indagado por las violaciones de derechos humanos de las que se lo acusa y la maniobra con la que lo salvó de dar explicaciones ante la Justicia: grabó clandestinamente al fiscal que investigaba a su padre y lo acusó junto al juez de la causa y a funcionarios de la Procuración General de armar una causa en contra del magistrado involucrado en La Noche de las Corbatas. Por estas mismas razones, organismos de derechos humanos lo impugnaron ante el Consejo de la Magistratura y aseguraron que lo mismo harán ante el Poder Ejecutivo y el Senado si su nombre llega a avanzar esos casilleros. “Su eventual designación como juez será un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia”, advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo. 

En la actualidad, Hooft hijo es secretario en el Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata. Por una mayoría abrumadora, la semana pasada el Consejo de la Magistratura lo seleccionó como uno de los tres candidatos para dirigir el Juzgado Federal número 1 de esa ciudad. El dictamen que obtuvo la mayoría para subir a Hooft a la terna –compartida con Roberto Boico y Julio Gonzalo Miranda– fue impulsado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahíques, y el juez Leónidas Moldes. Lo acompañaron el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas; el senador radical Ángel Rozas y el diputado también radical Mario Negri; la referente de los abogados Adriana Donato, el del estamento académico, Jorge Candis, y el juez Luis María Cabral. 

El 27 de septiembre, cuando se conformó la terna y se elevó al Ejecutivo, hubo un dictamen de minoría que no contaba en su selección con Hooft. En su lugar figuraba María Dolores Moreno, también marplatense. Este dictamen fue elevado y votado por el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, y respaldado por el diputado del FpV Rodolfo Tailhade y el senador del PJ Rodolfo Urtubey. Aquella jornada tuvo un ausente: el senador Mario País. 

Para Tailhade, Hooft “no reúne las condiciones” para ser juez, “en primer lugar porque demostró una actitud muy reñida con la buena conducta que debe seguir un aspirante a magistrado al grabar clandestinamente una conversación con un fiscal para luego utilizar el contenido para salvar a su padre de las denuncias que lo involucran con delitos de lesa humanidad”. 

Ese argumento, compartido con Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos de Mar del Plata, apunta a la maniobra que desplegó Hooft en 2013. Entonces, ya era secretario de la misma Justicia federal que aguardaba a que su padre, aún juez, se sometiera a declaración indagatoria por ser considerado partícipe del secuestro, las torturas y la desaparición de abogados marplatenses en lo que se conoció como La Noche de las Corbatas, y cómplice de otros delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico militar. Siendo secretario judicial, Hooft hijo mantuvo una charla “informal” con el fiscal de la causa que investigaba a Hooft padre, Claudio Kishimoto, sobre el expediente, la grabó a escondidas y luego la utilizó para radicar una denuncia. Acusó a Kishimoto, a los fiscales Pablo Larriera y Daniel Adler; al entonces titular de la Procuraduría especializada en delitos de lesa humanidad, Jorge Auat, y al titular de la unidad fiscal especializada en apropiación de niños durante la dictadura, Pablo Parenti, al juez federal Martín Bava y al abogado César Sivo, de los organismos de derechos humanos, de integrar una asociación ilícita para armar una causa en contra del magistrado vinculado con delitos de lesa humanidad. En su momento, la Cámara Federal anuló la grabación como prueba. Sin embargo, la causa contra Hooft padre no continuó: fue absuelto en jury en 2016, restituido en su cargo de juez y la investigación en su contra, archivada. 

Tailhade opinó que el hecho de que “Hooft (hijo) tenga denunciada a casi toda la jurisdicción de Mar del Plata, con la que debe convivir si llega a ser juez, es un motivo más para no ternarlo”. “¿Cuál puede ser su aporte al buen funcionamiento de justicia si denunció por la causa de su padre a la jurisdicción entera?”, se preguntó. 

El tercer argumento para votar la terna propuesta por Tonelli en la que Hooft no era candidato tuvo que ver con el informe psicotécnico –un examen al que los candidatos a magistrados deben someterse una vez que obtienen el puntaje suficiente para alcanzar una terna– del marplatense: los profesionales de la salud consideraron a Hooft apto para ejercer la magistratura pero con “escasa adecuación al perfil requerido”. Quienes elaboraron el informe no incorporaron más detalles. Tampoco desde la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura hubo intención de solicitarlos.

La posibilidad de que Hooft hijo sea juez federal también es resistida por organismos de derechos humanos. Así lo expusieron las Abuelas de Plaza de Mayo en una carta enviada al presidente del Consejo, Piedecasas: impugnaron su posible candidatura “no por los crímenes que habría cometido su padre, sino por su defensa temeraria y activa en pos de la impunidad de graves crímenes realizados durante el terrorismo de Estado y la persecución contra quienes los investigan”, sostuvieron en la misiva, firmada por la presidenta del organismo, Estela de Carlotto. Dieron por sentado que, de resultar nombrado en el Juzgado Federal número 1 de Mar del Plata, deberá excusarse de intervenir en las causas que allí investigan delitos de lesa humanidad y presuntos casos de apropiación de niños durante esos años, lo cual “causaría un grave impacto en la organización del juzgado”, señalaron.  

Para que efectivamente Hooft hijo quede a cargo de ese juzgado debe ser seleccionado por el Ejecutivo a pesar de las impugnaciones que reciba y ser avalado por el Senado tras una audiencia pública en la que, claro, también los organismos de derechos humanos se harán oír. “De ser nombrado juez de Mar del Plata, con seguridad traerá severas deficiencias en la investigación de crímenes de lesa humanidad lo que implica la impunidad de los responsables y con ello la responsabilidad internacional del Estado”, postula la carta de Abuelas, “será un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia”.