La resistencia de los integrantes de la Asamblea de Villa Urquiza, el espacio comunitario que nació al calor de la crisis que dejó el 2001, y la intervención del Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, lograron parar por un mes el desalojo del lugar que ocupa ese centro vecinal desde hace 16 años, en Triunvirato y Roosevelt, al que policías de la Federal intentó desalojar durante la mañana, con una ley de la dictadura. Pasado el mediodía, mientras una asambleísta permanecía encadenada a la ventana del local y sus compañeros iban sacando algunos de los materiales, como los libros de la biblioteca popular, Amor logró abrir un canal de diálogo que pospuso por un mes la medida judicial y estableció una mesa de trabajo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para tratar la relocalización de la Asamblea. Liliana Rodríguez, tallerista del barrio, dijo que”recuperamos la asamblea y lo consideramos un triunfo. Los obligamos a irse y tenemos 30 días para ver cuáles van a ser nuestros próximos pasos”.

“Señor, señora/ no sea indiferente/ nos cierran la asamblea /en la cara de la gente”, y “Ya vas a ver/ los espacios que vos cerraste/ van a volver”, coreaban desde la calle decenas de asambleístas mientras los uniformados vallaban desde temprano la entrada de Triunvirato 4778, el terreno del ferrocarril donde funciona la Asamblea, que pertenece al Estado nacional y que será subastado junto con otros lotes de la manzana –unas canchas de fútbol y siete viviendas precarias que también serán desalojadas– para desarrollos inmobiliarios privados y espacios públicos.

El operativo ordenado por el juez Ernesto Marinellli, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, comenzó a media mañana y disparó el alerta por las redes sociales que convocaron a vecinos y asambleístas a resistir la medida. Adentro del local, donde alguna vez funcionó la pizzería La Ideal y ahora funcionan talleres artísticos, consejería de salud sexual y un secundario oficial, entre otras actividades, los integrantes del espacio comunitario resistían la medida. Afuera, sobre la avenida Triunvirato, mientras se iba sumando gente para repudiar el accionar de la policía, entre carteles donde se leía: “Torres o barrio” o “La solidaridad no es prepotencia”, los cánticos contra los uniformados iban en aumento: “Saquen a la yuta represora/ para que vean/ que esta puebla no cambia de idea/ pelea y pelea por la asamblea”.

Desde el interior del local, mientras la oficial de justicia y los policías llevaban adelante un inventario de las pertenencias de la asamblea, la asesora legal del espacio comunitario, Nora Perusin, remarcó que “la orden se da en el marco del juicio que inició la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) y es un procedimiento de desalojo administrativo que se usa para los casos de concesiones, que no es el caso de la Asamblea, y que está fundada en la Ley 17.091 de la dictadura militar (de Juan Carlos Onganía, 1966). Esta ley tenía por objeto autorizar desalojos sumarios, y cercena el derecho a la defensa”, dijo la letrada, quien advirtió que “presentamos un recurso de nulidad ante el Juzgado en lo Contencioso y no tuvimos respuesta”. 

Mientras,las chicas de la consejería pre y post aborto, recordaban a los vecinos que “desde hace tres años todos los sábados ininterrumpidamente nos juntamos en este espacio vecinal para difundir los usos seguros del misoprostol y acompañar a personas que quieren decidir sobre sus cuerpos. No queremos ser desalojados, queremos seguir haciendo talleres y que existan estos espacios comunitarios y vecinales”. 

Después tomó la posta Fernando, integrante del bachillerato popular Berta Cáceres, que funciona todos los días de 18 a 21, y explicó que “formo parte de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP) que desde hace 15 años se dedica a la apertura de espacio de educación popular, bachilleratos, primaria, profesorados, y que hace más de un año viene funcionando en este espacio con el secundario para jóvenes y adultos que han sido excluidos del sistema educativo, que no pueden acceder a otro tipo de educación porque la misma escuela los ha marginado, expulsado y entendemos que esta medida es un atropello que coarta la libertad de esos jóvenes de finalizar sus estudios secundarios”, dijo, y remarcó que “están quitando al barrio un espacio autogestionado donde conviven diferentes actividades, y también se esta cerrando una escuela”. 

El año pasado, la Legislatura aprobó la venta de los terrenos, que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios, un 65 por ciento para espacio público, y el 35 para desarrollo privado, en un convenio entre Ciudad y Nación. La venta, ya tiene fecha de subasta para noviembre.

Alrededor de las una, mientras la gente se seguía sumando para repudiar el accionar policial, llegó el Defensor del Pueblo, al que habían llamado los asambleístas, y quien tras interiorizarse de la situación judicial logró establecer una mesa de diálogo entre los asambleístas y la ABBE. El organismo estatal se comprometió a buscar un espacio para relocalizar a la asamblea, y esta a dejar el lugar dentro de 30 días. Después, tras la firma de un acta, los uniformados se retiraron y los integrantes del colectivo barrial reingresaron al local para evaluar sus próximos pasos.