Un hombre preso en el penal 5 de Villa María, Córdoba, fue hallado muerto en una celda junto a su pareja, durante el horario de visitas íntimas. La primera información, de fuentes inciertas policiales, indicaba que podía tratarse de un “homicidio seguido de suicidio”. La corrección informativa llegó con doce horas de diferencia. El hombre, Franco Benítez, de 35 años, había estrangulado a su pareja, María Luján Aguilera, de 34 y luego había ingerido alguna sustancia venenosa. El femicidio de Aguilera debe colocarse en el correspondiente marco: es el tercero que ocurre con las mismas características en menos de un mes, uno en un penal de Salta, otro en uno de Tucumán y éste, el tercero, en Córdoba. Los tres, durante visitas íntimas, y los tres cometidos por hombres que habían sido condenados por el femicidio de su pareja anterior. En un país donde cada menos de 30 horas una mujer es asesinada por ser mujer.
Tras conocerse el hecho, el gobierno cordobés emitió un comunicado en el que detalló que alrededor de las 19.30, tras la jornada de visitas en el penal de Villa María, se constató que una mujer no había salido del penal, por lo que los guardias acudieron a la celda tres, del pabellón dos para establecer qué había ocurrido. Allí encontraron a Benítez y a Aguilera tirados en el piso. A simple vista, sólo el cuerpo de la mujer presentaba un sangrado por la nariz y la boca, mientras que el cadáver del preso no tenía ninguna lesión externa.
La Justicia dio intervención a la Policía Judicial y a la Fiscalía de Turno de la ciudad de Villa María.
Según informó a la prensa el fiscal Francisco Márquez, a cargo de la causa, Aguilera fue encontrada muerta por “asfixia por sofocamiento” y a su lado el cuerpo de Benítez, quien presuntamente tras el femicidio ingirió “un producto que le provocó la muerte, una sustancia venenosa”, que se procura identificar con los peritajes ordenados. El funcionario judicial informó que la pareja tenía hijos y agregó que el preso purgaba una condena a prisión perpetua por haber asesinado a golpes a su esposa Andrea Patiño (18) y luego ahorcado con un alambre a su hija de tres meses, el 13 de marzo de 2003, en Villa General Belgrano.
Márquez ordenó las autopsias e investiga las circunstancias del hecho y por qué no fue advertido por los guardias penitenciarios. Como ocurrió en los dos femicidios carcelarios anteriores, el ojo de la investigación judicial se posa sobre los derechos de los presos en general y sobre el hábito penitenciario. En el primer caso, sólo terminará dando letra a políticas de agravamiento de las condiciones carcelarias. En el segundo tal vez castigue a uno o dos guardias que dejaron hacer en la intimidad. No se dio intervención a una fiscalía especializada en violencia de género. ¿Es que el femicidio en una cárcel no lo es tanto? ¿Y el femicida no tenía restricción de acercamiento?
El problema no son los derechos de los presos en general, ni la incomprensión de la guardia por los riesgos que implicaba esa visita, sino la naturalización del peligro inmanente para una mujer en una cultura machista, dentro y fuera de la cárcel. El tema no está aún en debate porque se trata de la vida en prisión y de quienes están en sus márgenes, por lo general, las familiares. Un debate en el que no se intente restringir la visita íntima sino la aplicación, tal vez, de una restricción de acercamiento para proteger la vida de la probable víctima. La cuestión no es sencilla. En un país con fuertes visos de manodurismo, la restricción de la visita íntima está al borde de abrir la puerta a las requisas violentas, al control permanente y al agravamiento de las ya precarias condiciones de hacinamiento.
