La Justicia dictaminó la quiebra con continuidad de Industrias Alimenticias Mendocinas (Canale) con un fallo en el que dispuso garantías para la continuidad laboral de sus trabajadores. “El principal objetivo es el mantenimiento de la fuente de trabajo de los empleados, lo que lejos de contrariar el interés de los acreedores, se ve identificado con el mismo. Los trabajadores constituyen un valor inconmensurable dentro de la empresa”, sostuvo el juez en lo comercial Alberto Alemán en su resolución. El magistrado determinó de esta manera que las fábricas sean puestas a la venta, en un proceso en el que dará prioridad el proyecto que preserve la mayor cantidad empleos. También marcó que el sostenimiento de los empleos será considerado más importante que pagar a los demás acreedores.

El fallo, dictado en un expediente abierto por un concurso preventivo,  destaca, por otra parte, que las tres plantas que el grupo tiene en la provincia inciden en la economía regional, “ya que muchos de los productores locales de frutas o verduras dependen exclusivamente” de ellas.       

El Grupo Canale elaboraba conservas de durazno, tomates y legumbres en plantas ubicadas en Mendoza, Catamarca y la provincia de Buenos Aires. Este fallo se refiere específicamente al concurso de abierto sobre los establecimientos mendocinos, aunque sus alcances serán informados a otros juzgados con demandas similares en curso. 

En caída libre por la política antindustrial de Cambiemos, el sector de las conservas de alimentos no escapa a la crisis. En sintonía con los sucedido en Canale, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación también ha denunciado desvinculaciones en la planta de conservas de La Campagnola de Arcor, ubicada en San Martín (Mendoza). 

“Los trabajadores son sujetos especialmente vulnerables”, señaló el fallo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº1, que fijó como prioridad la continuidad laboral de los operarios. Agregó que “ya han sufrido a lo largo del tiempo atrasos en el pago de sus salarios, deterioro en las condiciones laborales y angustia (...) lo que debe ser pensado y contextualizado dentro del escenario de los pueblos en los que se encuentran situadas las plantas, con dificultades para hallar otro trabajo”.

El juzgado dispuso la designación de dos síndicos, uno para verificar los reclamos de deudas y otro para administrar las fábricas. “Si bien a todo el universo de acreedores de IAMSA la cesación de pagos le ha generado perjuicios de diversa índole, sus trabajadores son el grupo de interés dentro del mismo que indudablemente resulta más afectado”, indicó Alemán. 

Desde Mendoza, el delegado Carlos Tello contó que en la provincia “somos 174 trabajadores efectivos, aunque en épocas de cosecha hay cerca de 1200 personas contratadas”. En mayo, una de las tras plantas, ubicada en Tunuyán, había sido cerrada y sus empleados trasladados a Tupungato. Por los atrasos en el pago de los sueldos muchos de los ellos no habían podido pagar el alquiler y tenían dificultades para viajar a trabajar. “Nos cortaron la obra social y desde 2013 no nos hacían aportes jubilatorios”, agregó el consultado.

Para la producción de enlatados, el grupo dispone de una fábrica en Lavallol, con 100 operarios que están pasando por un momento aún más difícil ya que hace más de dos meses que no cobran sus sueldos. En una situación de incertidumbre, continúan yendo a la planta todos los días. Sobreviven con un fondo de huelga, la asistencia de Desarrollo Social y un puesto de venta de choripanes. Si bien la semana pasada tuvieron una audiencia en la delegación del ministerio de Trabajo, la empresa no mandó representantes.