Mauricio Macri firmó un decreto –publicado ayer en el Boletín Oficial– en el que anuncia que se “excusará” de intervenir en “toda cuestión relacionada con el Correo Argentino”, la empresa que intentó salvarse de pagar su deuda millonaria con el Estado a través de un acuerdo con representantes del Gobierno en un expediente comercial. El Presidente se mostrará ajeno, dice el texto, mientras sus familiares “mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de dicha firma”. Y anuncia que delegará todo el tema en la vicepresidenta, Gabriela Michetti. En buena medida, la publicación oficial asume que el potencial conflicto de intereses siempre existió. Por lo tanto, el anuncio llega con delay. Además, Macri ya se había explayado sobre el affaire del Correo diciendo que haría que el acuerdo –que la fiscal Gabriela Boquín denunció por “ruinoso” y “abusivo”– volviera “a foja cero”. Incluso en ese momento se presentó el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y dijo por escrito que seguía “expresas instrucciones del Presidente” y pedía dar marcha atrás con el pacto. A partir de entonces, todas las actuaciones de representantes del Estado jugaron a postergar un nuevo convenio, por lo que la deuda sigue impaga, para bien del Correo.

Así, el texto del decreto 882/2018 llega más de dos años después del acuerdo que un representante estatal firmó con el Correo Argentino para pactar una forma de pago de su deuda (unos 4 mil millones de pesos), cuyo resultado era licuarla en casi un 99 por ciento, y un año y medio después de que Macri anunciara nuevas normas para evitar conflictos de intereses y favoritismos. El argumento es que “constituye un objetivo primordial del gobierno nacional el fortalecimiento de los pilares básicos del sistema republicano y la confianza de los ciudadanos en las instituciones” y, ante una recomendación de la Oficina Anticorrupción (OA), el Presidente decide “abstenerse” de intervenir en actuaciones administrativas”. Además, señala “razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resultan el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa”. Según Macri, el problema es la participación de sus familiares en las empresas controlantes del Correo, que no especifica, pero son Socma y Sideco. El punto que no se menciona es que él mismo está bajo investigación.

¿En qué actuaciones debería, aunque se abstendrá, pronunciarse el Presidente? Aunque no lo dice el decreto y suene paradójico, es en una de las investigaciones que lo involucran. Dentro del abanico de expedientes que se abrieron por este caso, una de ellos tramitó en la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado), a raíz de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez. El fiscal pedía analizar responsabilidades internas de funcionarios que participaron en las tratativas previas al acuerdo con el Correo y que actuaron contra los intereses estatales. Entre otras tantas cosas, enumeraba documentos que mostraban que el Gobierno sabía lo que quería el Correo de antemano y que existieron reuniones de la empresa y sus enviados con funcionarios del Ejecutivo. El procurador Bernardo Saravia Frías cerró esa investigación porque dijo que no encontró irregularidades. Saravia Frías es el sucesor de Carlos Balbín, desplazado tras atinar a avanzar en el sumario por el Correo. Rodríguez presentó un pedido de revisión, y lo asombroso es que quien debe hacerla es el titular del Poder Ejecutivo. Los plazos para la respuesta ya vencieron. La PIA puede insistir. De acuerdo al decreto de ayer, no será Macri quien se pronuncie sino Gabriela Michetti. “Es como que un juez le pida a su secretaria que lo investigue”, ironizó un funcionario judicial que conoce el caso. En la misma línea, la OA también había resuelto archivar el expediente con el argumento de que Macri no violó la Ley de Ética Pública y que no se había detectado “intervención alguna” de su parte “ni en la aceptación de la propuesto de pago” del Correo “ni en ningún otro asunto vinculado” al concurso de acreedores. La mención de las “instrucciones del Presidente”, referida por Aguad, no contó para Laura Alonso, titular de la OA.  

Todo el material probatorio que deberá revisar la Presidencia de la Nación forma parte del expediente penal que tramita a la vez en Comodoro Py, donde tanto Macri como Aguad y otros funcionarios están imputados. En las últimas semanas, y después de un tiempo de baja actividad en esta causa, el juez Ariel Lijo hizo lugar a algunas medidas pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita, entre ellas, la búsqueda de toda la documentación sobre las reuniones que fueron antesala del acuerdo firmado en junio de 2016 a favor del Correo. Rodríguez ya había aportado algunas constancias de negociaciones por fuera de tribunales y de que funcionarios como Aguad conocían lo que plantearía la empresa ante la Cámara Comercial. Pero además planteó la sospecha de que el expediente administrativo se habría “posdatado”. Pollicita abrió una “actuación complementaria” sobre toda esta cuestión, que corre en paralelo a la causa madre, con citaciones a testigos del ex Ministerio de Comunicaciones.

En el fuero comercial, la fiscal Boquín investiga maniobras de vaciamiento durante el concurso de acreedores a favor de las empresas de familiares a las que Macri alude en el decreto, mientras el Correo consiguió –como informó ya PáginaI12– por lo menos diez meses más sin pagar la deuda gracias a un funcional pedido de prórroga del Estado. En todo este contexto es que el presidente Macri tuvo un arranque de transparencia.