Resulta increíble que en la única institución cultural estatal que funciona por ley de manera colegiada, un grupo de representantes del Consejo de Dirección no se hable con el Director Ejecutivo. Pero sucede. En la última semana, un conflicto que viene de largo estalló definitivamente en el Instituto Nacional del Teatro (INT) con acusaciones cruzadas, sanciones y dardos mediáticos que lógicamente alertaron a la comunidad teatral. Un grupo de representantes provinciales del organismo acusó a Marcelo Allasino -asumido a finales del 2015- de elevar al Ministerio de Hacienda un presupuesto 2019 con un "duro recorte" sin haber pedido la aprobación del Consejo. El director, por su parte, desmintió esa información y dispuso el cese de actividades por cinco días de dos de los funcionarios del interior por "incompatibilidad de funciones". Este viernes, en el marco de esta crisis, "teatristas autoconvocados" de Tucumán y Salta hicieron abrazos simbólicos a las sedes del INT de esas provincias para "defender al teatro nacional" y ya hay otras acciones anunciadas para la semana próxima. Frente a este panorama, la pregunta es cómo, más allá del enfrentamiento personal entre las partes,  gestionará en el futuro este organismo, el más importante para el teatro a nivel nacional.

   Los focos de conflicto -aunque todo el trasfondo es evidentemente político-- parecieran ser dos, el primero de ellos relacionado con el presupuesto. En un comunicado publicado el pasado 28 de septiembre, los Consejeros del INT alertaron que "el organismo está siendo víctima de un recorte presupuestario que lesiona gravemente los intereses de la actividad teatral nacional para el año 2019, cercano al 50 por ciento". La afirmación fue desmentida por Allasino, que además contó a Página/12 que el presupuesto no lo elaboró sólo sino en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto (que interviene en la formulación de los presupuestos de todos los organismos públicos) y que "nunca el Consejo de Dirección participa de la elaboración porque es algo técnico cuyos parámetros indica esa oficina". 

   Consultada por este diario, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) detalló que, de aprobarse el proyecto oficial, el INT tendrá un crédito de 336,8 millones de pesos para el año próximo, mientras que el autorizado para este año fue  de 327,8 millones pesos. Es decir, un incremento de 9 millones de pesos y no una reducción, al menos en términos nominales, aunque contando la inflación no parece una cifra muy alentadora. Sin embargo, lo que alegan los Consejeros es que lo que se redujo es el porcentaje que de ese total es destinado a subsidios (un 12 por ciento menos), mientras que se incrementan los gastos administrativos que no repercuten directamente en políticas públicas. Pero a ese argumento también responde Allasino, que contrapone el hecho de que en ese proyecto de presupuesto no se cuentan los activos del INT, que son variables (el dinero del organismo proviene de un porcentaje de la recaudación de impuestos publicitarios) y que muchas veces superan -incluso duplican- al monto aprobado por el Congreso. 

   Más allá de lo que suceda el año próximo (algo que, a simple vista, parece incierto y difícil de estimar ahora), otra crítica que hacen los representantes provinciales es que del presupuesto de este año sólo hay ejecutados 182 millones, cuando por la época del año el Ministerio de Hacienda ya debería haber bajado más. "Si termina el año y hay ejecución, el ajuste no solo se va a expresar el año próximo sino que va a verse este año también", explica a este diario Claudio Pansera, quien fuera consejero hasta hace dos meses, cuando terminó su cargo concursado con una dilapidaria denuncia que afirmaba entre otras cosas que el INT debe cerca de 85 millones de pesos a beneficiarios de subsidios de este año. 

   El otro gran foco de conflicto tiene que ver con el modo de concebir, de unos y otros, el funcionamiento del INT. Los consejeros dicen que Allasino no acepta compartir decisiones con el resto del Consejo ("Ha habido reuniones en las que, como no aprobamos lo que proponía, se levantó y se fue", cuenta Pansera a este diario) mientras que éste expresa a Página/12 su "profunda creencia en los valores de lo colectivo" respaldada por sus años de gestión en distintos espacios y denuncia al "grupo corporativo" de nueve consejeros que "vota en bloque" y "rara vez acerca propuestas para la comunidad teatral". Por otra parte, el director ejecutivo propuso el cese de funciones de Gabriel Arias (representante por San Luis) y de Miguel Ángel Palma (de Santa Fe) por "incompatibilidad de funciones", esto es, por ejercer distintos cargos además del del INT. Arias optó por quedarse en el organismo y pedir licencia sin goce de haberes en su otro cargo, mientras que Palma presentó recurso por considerar compatibles sus funciones como representante del INT y como director de un establecimiento educativo.

Sea como sea la interna feroz del instituto, lo cierto es que la aguda crisis que explotó en los últimos días tiene consecuencias claras y no muy positivas para la comunidad. Por un lado, evidencia y resalta el ambiente claramente problemático del organismo, una institución compleja y de difícil conducción que ya ha sufrido distintos enfrentamientos entre partes desde su creación en 1998. Por otro, pone de rehén a la comunidad teatral, inmersa en un cruce de informaciones confusas, cruzadas y contradictorias que llevan pánico e imposibilitan la proyección. Pero, por sobre todas las cosas, pone en riesgo a una de las instituciones más democráticas del gobierno de la cultura, a la que habría que defender y sobre todo ahora, en medio de una gestión nacional a la que no le tiembla el pulso a la hora de eliminar de un saque la cartera cultural. Habrá que ver cómo se soluciona el cortocircuito entre las partes. De lo contrario el conflicto central no será la falta de fondos sino la falta de diálogo para poder llevar a cabo políticas públicas que fortalezcan al sector.