“El aumento del gas es insostenible para la producción”. Así lo precisó la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (Fetia). El sindicato aseguró que la compensación de 10 mil millones de pesos que el Gobierno le regaló a las distribuidoras será nociva para las empresas y los consumidores. “La medida tiene un impacto en el presupuesto familiar y en los comercios y las industrias”. En los últimos días referentes de todos los sectores de la actividad económica mostraron rechazo a los aumentos compensatorios de la devaluación para las distribuidoras de gas. 

Fetia, alineada con la CTA, es una de las organizaciones gremiales que se mostró más crítica. Cuestionó el aumento retroactivo que dispuso el Gobierno en las tarifas de gas por considerar que vuelve “imposible el desarrollo del modelo productivo”. Adelantó que conducirá al cierre de plantas y comercios. “Los empresarios y productores deben reaccionar porque esto va a llevar a que se clausuren muchos establecimientos productivos. Los costos hacen insostenible el manejo de cualquier actividad económica”, indicó. El secretario general de la federación, Pedro Wasiejko, agregó que “los consumidores también deben reaccionar, porque estas decisiones políticas afectan el bolsillo de manera significativa”.

 El referente precisó que, “además del aumento de los costos fijos (incluido el incremento del 1700 por ciento del gas desde 2015) y la marcada reducción de la actividad, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores lleva a una caída de ventas que se traduce en suspensiones y despidos. Si a esto se suma la política del Banco Central de incremento de la tasa al 74 por ciento, el modelo productivo hoy en el país es insostenible”. El propio ministro de Producción, Dante Sica, reconoció hace una semana que la industria está en serios problemas. 

Fetia detalló números alarmantes sobre el impacto del precio del gas para la población. “La incidencia del gas era de 1 por ciento en los ingresos de los trabajadores registrados (hace tres años) y ahora es mayor al 10 por ciento”. El sindicato aseguró que, sumando a la cuenta otros servicios como el transporte y la electricidad, se registra que el gasto los servicios asciende a alrededor del 25 por ciento de los ingresos. La cifra es altamente significativa y provoca serios problemas de consumo en el mercado interno. Las familias ven reducirse el ingreso disponible para atender otros gastos. Fetia difundió estas estimaciones a través de redes sociales y en un comunicado oficial.

“La dolarización de las tarifas es una decisión política del actual Gobierno que tiene como único objetivo beneficiar a las empresas concesionarias. No tiene en cuenta el interés de los consumidores y mucho menos del país. Los costos son clave para tener un desarrollo de país basado en la productividad y en la calidad de vida”, indicó Fetia. El rechazo es masivo y la medida ya recibió denuncias de la Cepis y del fiscal Marijuan. 

Los funcionarios, sin embargo, parecen no estar preocupados por el impacto de los costos en la estructura productiva. El secretario de Energía, Javier Iguacel, e incluso el propio presidente Mauricio Macri, insistieron en defender la iniciativa para garantizar una cierta rentabilidad en dólares de las empresas distribuidoras. Ayer, hasta el ministro de Justicia, Germán Garavano, justificó la “legalidad” de la medida (ver nota aparte en esta edición). 

Los datos aportados en el comunicado de Fetia refleja las diferencias entre la política energética del país respecto de economías desarrolladas como Estados Unidos. “En Norteamérica se logró una reducción del costo de producción de la energía cercano al 35 por ciento promedio, lo que potenció el desarrollo productivo. En la Argentina, en cambio, el Gobierno subsidia al Grupo Techint en Vaca Muerta, permitiéndole proveer el gas a un valor muy superior al costo de extracción. Esto lo permitió a la empresa una rentabilidad excepcional”, detalló Wasiejko. El dirigente de Fetia adelantó que los sindicatos reclamarán por la reapertura de las paritarias no sólo por la inflación sino por “la incidencia de los servicios en los ingresos”.