Gastón Tévez y Franco Aranda no tenían antecedentes penales hasta el 23 de agosto, cuando Gendarmería los apresó frente a su casa, en el playón deportivo del barrio Tío Rolo, donde solían pasar las tardes cuando no tenían una changa por hacer. Marcharon detenidos con un amigo –Agustín R.– al que le encontraron una pistola con la que un mes antes alguien había asesinado a un chico en Puente Gallegos. Hay un testigo visual del crimen que declaró quién fue el homicida, y dijo que estos tres ni siquiera estuvieron en aquella escena. Pese a ello, los fiscales pidieron, prorrogaron y mantienen la prisión preventiva sobre Tévez y Aranda. Al otro lo soltaron: aceptó hacerse cargo del arma homicida y someterse como culpable a un juicio abreviado. Como Gastón y Franco se negaron, siguen detenidos hace dos meses en la Unidad Penitenciaria nº 5, en 27 de Febrero y Circunvalación.
“Un testigo que vio el crimen vino a reconocerlos a ellos, y dijo que ellos no fueron. Pero el fiscal está empecinado en tenerlos presos sin pruebas. Por eso marchamos, para que los liberen. Ahora les quieren dar 45 días más adentro y sin pruebas. Es injusto. Agarraron a dos perejiles por no buscar a los verdaderos culpables. Hay dos familias que están sufriendo, que están mal y lloran día y noche por los hijos”, contó María Arregui, cuñada de Franco Aranda. Ella, junto con familiares y amigos de ambos muchachos, cruzaron el viernes la ciudad desde el confín donde Avellaneda ya no es un bulevar sino una calle modesta en un arrabal lejano, detrás del cámping judicial y de clubes de rugby: Tío Rolo. Y se apostaron frente al Centro de Justicia Penal, en Sarmiento y Rueda, con ramilletes de perejil en los puños para expresar lo que piensan de esta situación procesal en la que Tévez y Aranda están enredados.
Los fiscales apuntados son Iván Enríquez, de la Unidad de Flagrancia, y Ademar Bianchini, de Homicidios. El primero avanza por la causa de la portación de la pistola. El segundo, en el afán de esclarecer el asesinato de Matías Aguirre, ocurrido en Piamonte al 2300. Quien concedió prorrogar la prisión preventiva de los pibes es la jueza Silvia Castelli.
El abogado de Tévez y Aranda, Leonel Botta, describió la situación como una negación de derechos a la defensa. Dijo que Fiscalía le negó el pedido de someter a los chicos a una rueda de reconocimientos con testigos para demostrar que nadie podría acusarlos. “Sólo quieren cerrar la causa con un culpable, el que sea”, dijo.
“Hubo una pequeña extorsión –resumió María Arregui–, a uno le hicieron firmar un papel en la que se hizo cargo del arma, y entonces lo dejaron libre después de auto inculparse. Pero Franco y Gastón no aceptaron porque eso es injusto. No se pueden hacer cargo de algo si son inocentes. El fiscal le dijo (a Agustín R.) que se autoinculpe. Y el chico salió libre después de firmar. Y a Franco y a Gastón, como no tienen pruebas, les dan 45 días más encerrados para seguirlos investigando, pero nosotros somos familias de trabajo, no somos delincuentes”.
