Otra persecución a los trabajadores

El gobierno neoliberal y autoritario del presidente Mauricio Macri viene destruyendo la industria nacional, tal como lo revelan las estadísticas del Indec oficial marcando un ascenso del desempleo que ya alcanza el 9,6%. En la industria, se destruyeron de 2015 a hoy 93.200 puestos de trabajo, el equivalente al 7,4% menos de la dotación del total. En la comparación interanual julio 2018 con julio de 2017 son 27.970 puestos menos y si miramos junio de 2018 a julio de 2018 hay 4.100 empleos menos.  

Los trabajos que se crearon entre los segundos trimestres de 2017 y 2018 fueron 63% cuentapropistas, 25% de trabajadores no registrados y 10% el resto.  

El gobierno en su afán de perseguir a los abogados laboralistas que ejercen su profesión en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, les imputa una suerte de fantasiosa imaginación para crear conflictos jurisdiccionales judiciales, y además graciosamente los califica como industriales del juicio. En realidad sucede exactamente lo contrario de acuerdo a las estadísticas elaboradas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que seguidamente reproducimos:

La disminución notable y a la vez alarmante de los litigios obedecen a una pluralidad de razones. Entre ellos, la brutal desocupación que existe –tal como lo describen los guarismos señalados al principio de esta nota–, que afecta y paraliza tanto a los trabajadores que tienen empleo como a aquellos que están desocupados. A los primeros, por el temor de que reclamar judicialmente por sus derechos genere la represalia patronal del despido y no poder conseguir otro trabajo –en un contexto de cierre de empresas y destrucción de empleo–, y a los desocupados por el riesgo que el futuro potencial empleador rastree sus antecedentes, “descubra” que el asalariado tuvo la audacia de haber iniciado juicio al anterior empleador, y no lo contrate.

Ello se da, además, en el marco de los ataques de Macri a los trabajadores que hacen valer sus derechos, que pretende estigmatizarlos como los responsables de la desocupación y destrucción de empresas que es generada por las políticas del gobierno nacional, para eludir su responsabilidad en la caótica situación en que está sumiendo a nuestro pueblo.   

El acceso a la justicia –hacer juicio– es un derecho humano reconocido como tal en los tratados internacionales. Pretender condicionar a los trabajadores en el ejercicio de tal derecho es, además de una violación a un derecho humano, un ataque a su libertad. 

La verdad que esta sociedad que viola de esta manera los derechos humanos laborales no es una sociedad digna de ser vivida.

* Ex diputado. Abogado laboralista.

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