Ayer, a metros del despacho del fiscal general de la provincia Jorge Baclini, dos fiscales de Rosario, Juliana González y Gustavo Ponce Asahad imputaron a su colega de Santa Fe, Roberto Apullán (foto), por las escuchas al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Los delitos que se le atribuyen son “falsedad ideológica”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”. En ese marco, Pullaro aseguró: “Tenemos la convicción de que los fiscales no actuaron solos”.

Igual que como ocurrió hace veinticinco días con la fiscal María Laura Martí, la audiencia fue secreta, los acusadores prohibieron el ingreso a la sala de nueve fiscales de Santa Fe y de la prensa, lo que originó un planteo de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación. La audiencia sin público se realizó entre las 11 y las 13, sólo entre las partes: Apullán y su abogado defensor y el ministro Pullaro, que es querellante, y uno de los funcionarios de su gabinete, el secretario de Asuntos Penales, Pablo Coccocini, que lo patrocina.

González y Ponce Asahad reprocharon a Apullán los mismos cargos que a Martí: supuesta “falsedad ideológica”, “abuso de autoridad” e incumplimiento de deberes”, lo que significa que ninguno de los dos están imputados por la supuesta filtración de las escuchas telefónicas al ministro.

“Todas las investigaciones por corrupción, las más importantes fueron impulsadas por el ministerio que conduzco, por ejemplo la causa del D4, horas Ospe y control de combustible. Desde un comienzo sectores oscuros intentaron frenar la marcha de este ministro. Los fiscales no saben cómo explicar que engañaron al juez, porqué me intervenían el teléfono si la causa era del 2015 (año que yo no era ministro)”. Y agregó: “Somos un gobierno que molesta, a los corruptos los fuimos corriendo, desarticulamos negocios donde había participación pública y privada. Hay sectores que fuimos desplazando y que manejaban negocios y nunca imaginamos que la reacción viniera a través de dos fiscales”.

Pullaro fue concluyente: “No tengo dudas de que los fiscales no actuaron solos. Incluso contaron con una logística aceitada para la distribución estratégica de los audios. También vimos que Apullán contrató al mismo abogado del jefe de la banda de la causa de corrupción D4 que incluía a policías exonerados y privados”.

La defensa se quejó porque le escamotean el legajo de la causa: “No entendemos bien el motivo, parecen más cuestiones burocráticas que otra cosa, pero llama la atención que en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación no haya fotocopiadoras para sacar copias de un legajo que es la prueba de la que puede valerse el imputado para poder defenderse de las acusaciones”.