La política de privatización de tierras fiscales para incorporarlas al mercado inmobiliario por parte del macrismo logró conformar un polo de resistencia ciudadano a esas medidas implementadas tanto a nivel nacional como locales. Ante el avance privatizador sobre tierras del Estado nacional, diversas organizaciones vecinales se articularon en la Coordinadora de defensa de los bienes del Estado –nombre provisorio porque está en plena etapa de conformación, al punto que hoy será su tercera reunión de trabajo– para luchar contra lo que sostienen son “ventas ilegales de tierras” llevadas adelante por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que se arroga facultades que pertenecen al Congreso Nacional. Ayer, integrantes de este espacio visibilizaron la situación que los une mientras acompañaban la vigilia de la Asamblea de Villa Urquiza, que desde la mañana temprano se mantenía en alerta ante un posible desalojo por parte de las fuerzas federales, tras el vencimiento de la prórroga que obtuvieron un mes atrás para permanecer en el lugar, donde desarrollan tareas comunitarias desde hace 16 años.
La pulsión privatizadora del PRO, que comenzó cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad, y continúa con su discípulo Horacio Rodríguez Larreta (entre ambos privatizaron más de 300 hectáreas porteñas), consiguió que la fuerza fragmentada de diversas organizaciones sociales y barriales, de ciudad y provincia de Buenos Aires, se unificara para “luchar contra la venta de esas tierras”.
Ayer, esa lucha tomó la forma de la defensa de la Asamblea Villa Urquiza, ese espacio comunitario que levantaron vecinos autoconvocados tras las ruinas que dejó el 2001, en un local sobre la avenida Triunvirato, entre Roosevelt y la vía, a metros de la estación del ferrocarril Mitre y del subte B. En un terreno que es parte de un predio más grande que la AABE va a subastar el 8 de noviembre (el 65 por ciento para espacio público y el 35 para desarrollo privado, en un convenio entre Ciudad y Nación), con un precio base de 20 millones de dólares. Hace un mes, por ese motivo, ya intentaron desalojarlos, sin éxito por la resistencia de los asambleístas y la intervención del Defensor del Pueblo de la Ciudad que obtuvo una prórroga.
Por la mañana, con el plazo de prórroga vencido y tras una mesa de diálogo que no fue tal, según denunciaron los vecinos, los asambleístas se prepararon desde muy temprano para el nuevo embate judicial. Sacaron sillas, mesas, escritorio, carteles y muebles de todo tipo a la calle para no quedar arrinconados en el interior del local, como les pasó en el primer intento por desalojarlos, y para visibilizar la situación.
Mientras algunos se preparaban para hacer una olla popular y otros pintaban carteles, un micrófono fue pasando de mano en mano para denunciar la situación y leer adhesiones. Raúl, de vecinos por el Parque Cultural en el playón ferroviario de Colegiales, explicó a viva voz que “hay un espíritu de lucha que se está desarrollando en muchas partes del país, contra la venta de bienes del Estado por parte de una agencia inmobiliaria creada por el Estado mismo, y que unifica a un reguero de conflictos, porque hay 80 mil bienes que el Estado en cualquier momento pone a la venta”, dijo y remarcó que “defender la Asamblea de Villa Urquiza es defender los derechos que tenemos la población, la ciudadanía, para discutir sobre nuestros espacios. Estamos formando una Coordinadora que está creciendo por estos conflictos” advirtió el militante del playón de Colegiales que está ubicado entre Lacroze, Cramer, Virrey Avilés y Moldes. Un predio de 4,6 hectáreas que saldrá a subasta el 5 y el 13 de diciembre, pese a que hay un amparo en la justicia en el juzgado 9° en lo Contencioso Administrativo. Amparo que la jueza ordenó “que se inscriba en el catastro y se informe a los posibles compradores de su existencia”.
Bajo la Coordinadora ya se agrupan los vecinos de Colegiales, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), los de Villa Urquiza, los amigos del Lago de Palermo, de la Isla del Palomar, vecinos de Beccar, de Villa Adelina, entre otros, que, según explicó Raúl, van a “coordinar acciones para denunciar a la ABBE y que estos temas pasen por el Congreso”. “Vamos a plantear una consulta popular de los afectados por las ventas o rezonificaciones de terrenos tomando como ejemplo lo que hizo Esquel (Chubut), donde se rechazó la minería y no la pudieron poner porque la gente dijo que no” agregó, y remarcó que “cuando la ciudadanía toma los problemas en sus manos las cosas toman otro cariz”.
La posta la tomó Estela Iglesias, también de la Coordinadora, quien explicó que en la Unsam tienen más de una hectárea “que nos quieren sacar, en donde se pensaba hacer un secundario técnico para el primer cordón del conurbano, donde funciona un sistema de viviendas sustentables, y hay un montón de proyectos que no se llevaban adelante porque nadie limpiaba el terreno. Ahora que los quieren privatizar los están limpiando y los cerraron y aparecen camiones, por eso ingresamos en la Coordinadora en defensa de la tierra pública”. Y remarcó con relación a la ABBE que es “un organismo del Estado que no debería tener el poder que se le dio, debería ser administrativo y es ejecutor. Y se convierte en ejecutor porque necesitan privatizar. Todas las tierras que le sacan al Estado las privatizan, no vuelven al uso público y con ello se va nuestra educación, nuestra salud, el drenaje de las lluvias, espacios verdes, y todo eso lo hacen sin respetar la Constitución”.
Pasadas las cuatro de la tarde los asambleístas respiraron con cierto alivio cuando les avisaron desde el juzgado que no se haría el desalojo. Pero el alivio es temporario, provisorio, porque la situación no está resuelta y la orden para desalojarlos sigue en pie.
