La reforma del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad que aprobó la Legislatura porteña permitirá que los micros escolares que transporten pasajeros para los que no están habilitados, como manifestantes o jubilados, entre otros, sean sancionados con multas de hasta 35.000 pesos y la inhabilitación del registro de conducir de los choferes. Además, crea la figura de “obstrucción de circulación de tránsito” para sancionar a los camiones que obstaculicen la circulación vehicular o el espacio público. Legisladores de la oposición denunciaron que con la ley el oficialismo busca control los reclamos sociales. El legislador del PTS Patricio Del Corro sostuvo que “es una medida contra la protesta social, en un momento en que recrudece”.

La norma establece en su artículo 6 que la Autoridad de Aplicación dispondrá la baja administrativamente de la habilitación como conductor de un transporte escolar cuando: preste un servicio para el cual no está habilitado; también contempla otras situaciones: cuando se supere el alcohol en sangre o se detecte alguna sustancia que disminuya la aptitud para conducir; preste servicio de transporte escolar sin habilitación; participe en picadas; viole barreras ferroviarias o tenga la licencia adulterada.

Además, en el artículo 10, incorpora la “obstrucción de circulación de tránsito” al Régimen de Faltas de la Ciudad, para sancionar al que obstaculice con un “transporte de carga la circulación” que será sancionado con una multa de 2000 unidades fijas, unos 35.000 pesos.

El vicepresidente de la Legislatura porteña e integrante del bloque Vamos Juntos, Francisco Quintana, dijo que “la reforma del Código prevé que aquellos micros escolares que transporten manifestantes a una marcha o un piquete, es decir, que realicen una función distinta para la que están habilitados, puedan perder la habilitación, que se les retenga el registro a quien conduce o sufran una multa, que se agrava a la que está hoy vigente”. Además, explicó que la figura de obstrucción que se incorporó está “pensada para los micros que están estacionados en la 9 de Julio cuando hay una marcha y complican el tránsito, ya que a lo largo de varias cuadras tenemos que convivir con la mayoría de los carriles bloqueados”.

Por otra parte, los choferes que sean encontrados en esta infracción pueden perder el registro profesional, ya sea emitido por la Ciudad o por la provincia de Buenos Aires. 

“Nos parece que la puesta en práctica va a tener un efecto disuasorio muy evidente en el corto plazo ya que la inmensa mayoría (de las personas que asisten a las movilizaciones) se mueve en estos micros”, concluyó Quintana.

Para Del Corro, la reforma del Código de Tránsito que planteó el oficialismo fue hecha para controlar la protesta y satisfacer la demanda del gremio de taxistas sin avanzar contra la empresa Uber. “Tiene tres ejes: Uber, los micros escolares y los camiones. La ley es una forma de negociar con la empresa porque avanzan contra los choferes” pero no contra la multinacional, “cuando podrían congelar las cuentas con las que se lleva la plata, por otro, van contra los micros y los camiones para ir contra las manifestaciones”.

La legisladora Silvia Gottero, quien votó a favor en general, pero en contra del artículo 6, planteó que “obviamente estamos de acuerdo que se sancione (al conductor de transporte escolar) si tiene algún grado de alcoholemia pero no podemos estar de acuerdo si lleva a un centro de jubilados a un cine, a un teatro, y que por eso se lo saquen la licencia de conducir”.