A más de tres años de la muerte por electrocución en el Café de la Flor del bajista de Raras Bestias, Adrián Rodríguez, a fin de mes llegará a juicio un inspector municipal. Se trata de Pablo Andrés Akerman, empleado de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana que seis meses antes del incidente eléctrico había inspeccionado el bar y certificado que estaba en condiciones de funcionar. La Fiscalía adelantó que solicitará la pena de tres años de prisión condicional y diez de inhabilitación en su función. Otros dos imputados en el expediente serán juzgados el año que viene por el delito de "homicidio culposo".

Akerman está imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. Por esos hechos, la fiscal Valeria Piazza Iglesias solicitó una pena excarcelable para el primer acusado que será sentado en el banquillo, para ventilar lo que sucedió la noche del 12 de octubre de 2015, en el local de Mendoza 862. Es que el imputado estuvo seis meses antes, en abril de ese año, en el local, y fue el último en controlar las instalaciones. Tras eso firmó un acta en el que informó que el espacio se encontraba en adecuadas condiciones de seguridad para funcionar. Sin embargo, tras la muerte del músico, la Justicia ordenó realizar un peritaje que concluyó en que las instalaciones tenían deficiencias de larga data. Todo ello será evaluado por el juez Juan Andrés Donnola, en el juicio del 20 de noviembre próximo.

La muerte de Rodríguez ocurrió en pleno show, cuando su compañero guitarrista tomó el micrófono y "comenzó a contorsionarse", por lo que el bajista, que estaba detrás, intentó socorrerlo. Al tocarlo, recibió la mayor descarga eléctrica. La comprobación de que el disyuntor del local había sido desconectado del tablero eléctrico fue determinante para la Justicia. Por ello, la causa también tiene como imputado al electricista que hizo la desconexión.

Por la muerte del músico fueron imputados del delito de homicidio culposo el dueño de bar, Ariel Scharf, y el electricista que había trabajado en las instalaciones, Fernando Campodónico. Su causa irá por otra vía. En esa parte del expediente, Piazza Iglesias pidió 4 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales para Scharf; y la pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer como electricista o cualquier otro tipo de actividad relacionada, para Campodónico. Los dos implicados están acusados como autores penalmente responsables del delito de "homicidio culposo".

La separación de las causas tiene que ver con que en este caso, el inspector debe enfrentar cargos por otro delito, menos grave.

Cuando acusó a Scharf, la fiscal habló de una "actitud negligente" e "inobservancia" de sus obligaciones, y le achacó "violación de deber de cuidado que se le exige a un comerciante que brinda un servicio de espectáculos en vivo para cientos de personas y recibe a grupos musicales que se ven expuestos a los peligros que depara la electricidad por la instalación de equipos de audio e instrumentos". Y en la imputación remarcó que el acusado "creó un riesgo desaprobado en razón de no haber tenido en condiciones adecuadas el sistema eléctrico del comercio que explota económicamente".