Para Amnistía Internacional Argentina (AI), 2016 no fue un buen año en materia de derechos humanos a nivel mundial y, en ese análisis, Argentina no quedó excluida. Violencia de género, criminalización de los derechos sexuales y reproductivos, obstaculización al acceso al aborto legal, pueblos originarios excluidos; propuestas regresivas en materia de protesta social y respecto a la población migrante; creciente criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos; falta de investigación sobre hechos de tortura; la falta del esclarecimiento del atentado a la AMIA, entre otros, son los temas que afectan la promoción y protección de los derechos humanos y sobre los que el organismo internacional elaboró una agenda de trabajo que presentó al secretario de Derechos Humanos con el objetivo de que desde allí se encare el segundo año de su gestión.  

El documento, que los referentes locales de AI entregaron hace pocos días al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, destaca “la oportunidad que tiene el Gobierno de revertir el declive” en materia de derechos humanos “y también de avanzar en las reformas que se necesitan desde hace tiempo para garantizar los derechos humanos en todo el territorio”. En ese sentido, el organismo recordó las referencias a los derechos humanos que el presidente Mauricio Macri realizó durante la campaña y a lo largo de su primer año de gestión. “Cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos a los derechos humanos e impunidad debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica”, advirtió.

Migrantes

AI detectó “situaciones de persistente menoscabo” de los derechos de esas personas que, entiende “son resultado de la inercia de ciertas prácticas institucionales y administrativas que no se ajustan a la letra ni al espíritu de la normativa” existente. 2016 alarmó especialmente al organismo ya que se duplicó el número de las disposiciones de expulsión de personas inmigrantes –1760 inmigrantes fueron expulsados en 2014; hasta septiembre de 2016 habían sido echadas 3258–. La propuesta del Ministerio de Seguridad de la creación de un centro de detención para migrantes tampoco resultó agradable. “La organización desalienta la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio de control migratorio”, considera AI. Quedó afuera de la agenda la nueva reglamentación que tiene prevista el Ejecutivo, regresiva en materia migratoria ya que ampliará las causas que permiten la expulsión, las volverá inmediatas, sin control judicial, entre otras cuestiones.

Promesas

En varias áreas AI observó promesas que quedaron solo en eso. El organismo mencionó que el anuncio del Ejecutivo de recibir a tres mil sirios en calidad de refugiados “no tiene un programa de reasentamiento ni de integración social” que lo ampare. En cuanto a violencia machista, el Plan Nacional Integral de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2017-2019, presentado en julio de 2016 por el Gobierno nacional, es, para AI, un plan con “metas demasiado genéricas y amplias, con indicadores de medición poco específicos” lo que lo vuelve “imposible de medir a futuro”. Por eso, AI le pidió al Estado que asegure recursos para la generación de datos estadísticos.

Exclusión

En este eje, AI también observó que si bien en el país existen leyes y programas nacionales que apuntan al respeto y la protección de los derechos de las comunidades indígenas, “persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido y su implementación real”. AI ha relevado más de 250 episodios en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas, jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes. El número es, según el organismo, “representativo del avasallamiento a los derechos humanos de las comunidades indígenas” en el país: “asesinatos impunes; industrias extractivas que vulneran derechos; la falta de reconocimiento del territorio; desalojos violentos; criminalización; falta de acceso a derechos básicos como la salud, alimentación, vivienda, agua; muertes evitables”, enumera en el documento entregado por representantes argentinos a Avruj, con quien especialmente hablaron de la represión que la comunidad mapuche Vuelta al Río sufrió de parte de las fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia de Chubut hace diez días.

Milagro Sala

La detención de Milagro Sala, que ya superó el año de encierro, fue otro de los puntos tratados con el secretario de Derechos Humanos. “Al día de hoy Sala sigue detenida y Argentina incumpliendo con sus compromisos internacionales”, advierte AI en su documento, en donde recuerda que Sala fue detenida originalmente por protestar en la vía pública y que aún no fueron puestas en marcha todas las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos que instaron al Gobierno argentino a liberarla.

En materia de libertad de expresión, el organismo internacional “observó una tendencia que se manifiesta a través de la presentación de proyectos de ley y/o sanción de nuevas normas que intentan regular el ejercicio del derecho a la libre manifestación, prohibir acciones o incorporar nuevas figuras a los Códigos Penales aplicables específicamente a contextos de protestas sociales”. “La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la persecución criminal, es incompatible con un estado de derecho”, advierte el organismo.

Torturas y dictadura

Como viene haciendo desde hace tiempo, AI reclama la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, así como “crear o fortalecer los sistemas de salvaguardas para víctimas y testigos de tortura”. La situación es “preocupante” ya que “se sigue recibiendo información sobre tortura y malos tratos de mano de la fuerzas de seguridad y rara vez se realizan investigaciones para llevar a los responsables ante la Justicia”. En cuanto al juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, si bien “está consolidado” AI plantea que “todavía existen cuestiones pendientes” como “la participación de civiles y la judicialización de delitos contra la integridad sexual cometidos durante la dictadura”.