A Theresa May la paz le duró unas pocas horas de sueño. Esta mañana dos ministros y dos secretarios de estado renunciaron a sus cargos en protesta contra el preacuerdo con la Unión Europea anunciado el miércoles por la primer ministro.
El ministro del Brexit Dominic Raab y la de trabajo y pensiones, Esther Mc Vey presentaron su dimisión antes de que May compareciera ante la Cámara de los Comunes para explicar el acuerdo. No se descartan nuevas renuncias en el curso del día. Así las cosas, la especulación sobre la supervivencia de May en su cargo crece minuto a minuto: se necesitan 48 diputados conservadores para activar una elección interna partidaria que podría terminar con un nuevo primer ministro a cargo.
La negociación con la UE viene causando estragos hace rato. Dominic Raab es el segundo ministro del Brexit en renunciar en meses. En el verano británico May perdió su canciller, Boris Johnson, y su ministro para el Brexit David Davis, además de varios secretarios de estado. Con este trasfondo de crisis permanente, la primer ministro compareció en la Cámara de los Comunes para persuadir a los diputados de las bondades del preacuerdo negociado con la UE. No lo consiguió. Todo lo contrario. Diputados conservadores y de la oposición, pro-Brexit y anti-Brexit la bombardearon con preguntas y cuestionamientos. No hubo prácticamente ni un diputado que hablara a favor.
Varios diputados señalaron que la única salida es un nuevo referendo con una opción: el acuerdo de May o seguir en la Unión Europea como si nada hubiera pasado. Otros acusaron a May de traicionar la voluntad popular expresada en la consulta en junio de 2016 que votó a favor de la retirada de la UE. Algunos hablaron de elecciones anticipadas o de la necesidad de renuncia.
El ahora ex ministro del Brexit Dominic Raab resumió en su carta de dimisión la posición de los pro-Brexit. “Ninguna nación democrática ha firmado un régimen similar, impuesto sin ningún control democrático sobre las leyes ni sobre cómo salir de este acuerdo”. La otra ministro que dimitió en el curso de la mañana, Esther Mc Vey ironizó sobre los cambios de posición de May en los últimos dos años. “Hemos ido de decir que no tener un acuerdo es mejor que tener un mal acuerdo, a decir que cualquier acuerdo es mejor que no tener un acuerdo”, dijo Mac Vey.
May se defendió en la Cámara con el agotado estoicismo de un boxeador demasiado castigado que se acerca al final de un combate esperando que algún mandoble afortunado lo salve de la derrota. Cuando con típico sarcasmo británico, un diputado de los nacionalistas escoceses, Stewart Malcom McDonald, le preguntó cuándo eran las próximas elecciones, May respondió que en “2022”, es decir, la fecha que establece el calendario político, no la de la realidad que se vive en el parlamento y la calle, que parece indicar comicios en cualquier momento de los próximos 12 meses.
El Pre-acuerdo con la UE para la retirada británica necesita el respaldo parlamentario: el debate dejó en claro que por el momento May no tiene ni por asomo los votos que necesita. El diputado laborista David Lammy lo llamó una crisis constitucional. “No creo que Theresa May pueda sobrevivir como líder en los próximos 10 días. Estamos en el territorio de las crisis constitucionales”, dijo. El más decidido en activar cuanto antes esta crisis es el diputado conservador Ress Mogg quien escribió al presidente de la bancada conservadora para expresar que Theresa May ya no contaba con su respaldo y que se necesitaba un nuevo líder.
Las reglas partidarias exigen que un 15 por ciento de los diputados conservadores adhieran a este llamado para que haya nuevas elecciones internas. Como hay 315 diputados conservadores, el número mágico es 48. Ress Mogg asegura contar con el respaldo de 40 diputados, pero es obvio por el debate parlamentario que muchos más están considerando su posición. Como si esto fuera poco, no se pueden descartar más renuncias a lo largo del día o de acá a un fin de semana que parece remoto. Al menos 11 de los 29 ministros que se reunieron ayer con la primer ministro para que les explicara el borrador de acuerdo, expresaron serias dudas sobre el proyecto.
Este pre-acuerdo que puede llevarse puesta a Theresa May es un borrador de 584 hojas que establece las condiciones de la retirada británica de la UE, entre ellas que el Reino Unido deberá pagar una serie de gastos pendientes que podrían sumar el equivalente a más de 40 mil millones de dólares y que los europeos que viven en el Reino Unido y los británicos que viven en la UE tendrían garantizados sus derechos.
El borrador establece además que hay un período de transición hasta diciembre de 2020 durante el cual el Reino Unido seguirá siendo parte del mercado unificado europeo y de la Unión Aduanera, pero no tendrá ni voz ni voto sobre las decisiones que se adopten. Este período de transición podría extenderse de común acuerdo mientras las dos partes negocian cómo será la relación económica futura entre el Reino Unido y la UE.
Si este tema provocó intervenciones tempestuosas en el debate parlamentario, el punto más álgido es la frontera entre la República de Irlanda (que pertenece a la UE) e Irlanda del Norte (que pertenece al Reino Unido). El Borrador establece que si no hay un acuerdo sobre el futuro de la relación económica entre ambas partes, entraría a funcionar el llamado “backstop” para garantizar que no habrá una frontera física entre ambos. Este plan contempla una Unión Aduanera transitoria con la UE para todo el Reino Unido, pero Irlanda del Norte tendrá reglas especiales por las que, a diferencia de Inglaterra, Gales y Escocia, seguirá siendo parte del Mercado Unificado Europea. En términos de soberanía, pertenecerá a nivel económico y regulatorio tanto o más a la UE que al Reino Unido.
Esta fue una de las razones citadas por Dominic Raab en su renuncia. Pero hay más. El Reino Unido tiene una libertad condicional para dejar de lado estas reglas. Según el Pre-acuerdo solo se pondrá fin a estos mecanismos de común acuerdo entre ambas partes, es decir que, en última instancia, si los británicos quisieran poner fin a este acuerdo, la decisión deberá tomarse en forma conjunta por la UE y el Reino Unido.
