Por la Corte Suprema mexicana
Militares limitados

La Suprema Corte de Justicia de México se pronunció ayer a favor de invalidar la Ley de Seguridad Interior. La norma pretendía formalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero la mayoría de los ministros expresaron que la iniciativa era inconstitucional.

Uno de los argumentos más repetidos entre aquellos ministros que se manifestaron a favor de la invalidez total de la ley fue que el Congreso no tiene competencia para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. El juez José Fernando Franco fue uno de los que se aferró a ese argumento, y agregó que el único camino era la invalidez total de la ley, porque con la invalidez de únicamente algunas disposiciones se perdería el sentido de la norma, y eso conllevaría más riesgos.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo referencia, por su parte, a que no se consultó con los pueblos indígenas antes de aprobar la ley, mientras que la jueza Margarita Luna Ramos estableció que esta presentó irregularidades en el proceso legislativo, un argumento también respaldado por la ministra Norma Lucía Piña.

Del otro lado, el juez Jorge Pardo Rebolledo señaló que la norma, a su entender, no tenía un defecto inconstitucional que le lleve a establecer la invalidez de esta. “La legislación -agregó- me parece que es muy necesaria en nuestro contexto y realidad social, e indispensable para salvaguardar los derechos humanos de todos los que vivimos en este país”, afirmó.

Agregó que la norma da un marco regulatorio a los militares y marinos “para que sepan cuáles son los límites y lineamientos para cuando intervengan en estas acciones”.

La Ley de Seguridad Interior fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto a finales del pasado diciembre, en mitad de una gran controversia social, dado que organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y familiares de víctimas de la delincuencia se pronunciaron en contra de la norma. 

En la sesión del pleno, los ministros Franco y Luna Ramos manifestaron que votarían por la invalidación de la ley, con lo que se alcanzó la mayoría necesaria para echar atrás la norma Más adelante, también se pronunciaron en el mismo sentido los jueces Ortiz Mena y el presidente del pleno, Luis María Aguilar, quienes se sumaron a los otros seis ministros que el pasado martes ya abogaron por la inconstitucionalidad.

La ley únicamente fue defendida por Pardo Rebolledo, ministro responsable del proyecto creado a partir de varias acciones de constitucionalidad interpuestas, y que avalaba la norma. A la hora de la votación -en la que se ausentó la ministra Luna Ramos-, se registraron nueve votos en contra del proyecto y uno a favor.

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